Una serie de incidentes protagonizados por la empresa privada de seguridad Blackwater han costado la vida a cerca de 20 personas en los últimos meses en Iraq. El Gobierno iraquí desea suspender las actividades de esta empresa, contratada por el Pentágono, y abrir una causa criminal. Pero el Gobierno de Estados Unidos quiere que Blackwater y otras empresas similares que operan en Iraq, y que ocupan aproximadamente a 50.000 profesionales de la seguridad, continúen sus operaciones sin constricciones legales, especialmente ahora que necesita disminuir el número de tropas debido a la presión del Partido Demócrata.
Las posibilidades de que el débil Gobierno iraquí pueda abrir una causa contra Blackwater son escasas. En el 2004, el administrador de Estados Unidos en Iraq, Paul Bremer, firmó la orden 17, que otorgaba inmunidad legal a las empresas privadas de seguridad que trabajan para Washington. La ley iraquí confirmó esta curiosa medida. Como afirma la jurista Joana Abrisketa (Universidad de Deusto), la otra cara de la inmunidad es que tampoco se pueden pedir responsabilidades según el código penal civil o militar estadounidense ni por las normas del derecho internacional.
La semana pasada la Cámara de Representantes aprobó una ley que podría situar a los contratistas privados de seguridad bajo la jurisdicción del Código Penal estadounidense. Pero la Casa Blanca se opone. Además, no será retroactiva y en la práctica resultará muy difícil efectuar investigaciones para abrir una causa en un medio tan peligroso como Iraq.
La tendencia de Estados Unidos a privatizar la seguridad es grave. En los últimos años Washington ha subcontratado el uso de la fuerza con compañías como Blackwater, ArmorGroup y Dyncorp en Iraq, Colombia, Somalia y Afganistán. Desde el 2003, Blackwater obtuvo contratos del Pentágono por 750 millones de dólares. Con orgullo, su presidente, ex miembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos, dice que es "la compañía más amplia y profesional del mundo en cuestiones militares para hacer cumplir la ley, proveer seguridad y realizar operaciones de paz y de estabilización".
Blackwater sigue los pasos de empresas sudafricanas, británicas e israelíes, formadas por ex oficiales que reclutan a personal militar de las fuerzas armadas. Los sueldos son mucho más altos que en los ejércitos profesionales (alrededor de 1.000 euros diarios para los estadounidenses; 1.500 al mes para los latinoamericanos).
Hacer cumplir la ley es una tarea de las fuerzas de seguridad estatales. La mayor delegación que se nos ocurre es que el Estado permita a grandes almacenes o aeropuertos tener guardas de seguridad y, aun así, ¿no es tarea de la policía garantizar la seguridad en esos sitios? Resulta inquietante que en la guerra o en las operaciones de paz una compañía privada de seguridad, sostenida por los contribuyentes estadounidenses, se arrogue una serie de tareas. Una mala idea que están considerando otros gobiernos.
Una vez abierta la puerta a la delegación y el limbo jurídico, las cosas se complican.
Testimonios de la cárcel de Abu Graib indican que miembros de estas empresas interrogaron y torturaron. Los mercenarios pasan a ocuparse de aquellas tareas en las que el Estado no quiere verse involucrado de forma directa: investigadores federales de Estados Unidos están indagando sobre el supuesto contrabando de armas automáticas y componentes militares que Blackwater está canalizando hacia Iraq.
El monopolio legítimo del uso de la fuerza es una atribución del Estado moderno, junto con el control del territorio y un orden legal-administrativo legítimo que garantice la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Ese monopolio de la violencia fue el resultado de un largo proceso que culminó hace aproximadamente cinco siglos con la constitución del Estado moderno y la creación de ejércitos nacionales, que pusieron fin a la dependencia de mercenarios para hacer la guerra. El caso Blackwater revela de forma espectacular el deterioro de la concepción del Estado y de la privatización llevada hasta extremos suicidas. Durante la catástrofe de Nueva Orleans, producida por el huracán Katrina,el Gobierno de George W. Bush no proveyó ayuda a los habitantes, pero contrató a Blackwater para trabajar junto al ejército y militarizar la ciudad.
La política exterior y de seguridad de un Estado es una extensión de su política interior. Si Estados Unidos invade Iraq o manda fuerzas especiales a Colombia, o un Estado participa en una misión aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, son tareas que deben emprender los oficiales y soldados, profesionales o reclutados.
El embajador de Estados Unidos en Iraq declaró recientemente ante el Congreso que "sencillamente no hay otra alternativa salvo los contratos externos" para que los trabajos de seguridad de los que se encarga el Departamento de Estado puedan ser cumplidos.
Peligroso precedente, porque el Estado no debe delegar las responsabilidades de la seguridad. En todo caso puede subcontratar algunas actividades con una regulación adaptada al derecho internacional. El uso de la fuerza moderna no puede retroceder a la edad media.
Mariano Aguirre, coordinador del área de paz, seguridad y derechos humanos en Fride, Madrid.