Merkel y los salarios españoles

Angela Merkel no es la única persona que ha propuesto que los aumentos salariales no dependan de la evolución de los precios, es decir, que se acaben las cláusulas de revisión automática de los convenios colectivos. Muchos economistas españoles, todas las organizaciones empresariales, el Banco de España y no pocos políticos, del PP, de CiU y también algunos del PSOE, vienen diciendo desde hace tiempo que eso es imprescindible para que las empresas y la economía española salgan del agujero. Pero las presiones de la cancillera alemana pueden ser el empujón definitivo, o la excusa, como en el caso de la edad de jubilación, para que el Gobierno español se decida a dar ese paso.

Y no hay que descartar que la incógnita se resuelva pronto. A favor de ello juega la inquietud que ha vuelto a los mercados de la deuda. Portugal sigue cerca del abismo, sus títulos a 10 años cotizan casi a un insostenible 7 % de interés y el fantasma de una intervención sobrevuela de nuevo sobre su economía. España sufre las consecuencias de esa incertidumbre porque nuestra banca está muy implicada en Portugal y porque las dudas de los inversores sobre nuestro sector financiero siguen sin despejarse: la agencia Moody’s acaba de decir que necesita 50.000 millones de euros de capital -y no 20.000, como asegura el Gobierno- y la prima de riesgo española sigue en torno a los 200 puntos. Además, el crecimiento de los precios podría provocar una subida de los tipos de interés.

Si las peores hipótesis se confirmaran, Europa podría acudir al rescate de Portugal sin necesidad de aprobar previamente el plan de competitividad que oficiosamente han propuesto Alemania y Francia y que contiene el conflictivo punto de que los salarios dejen de estar vinculados a la inflación. Pero aunque podría llevarse a cabo con los instrumentos de los que actualmente ya dispone la UE, Merkel no parece dispuesta a suscribir nuevas operaciones de salvamento, como las de Grecia e Irlanda, sin que antes se acepten sus condiciones para que, a medio y largo plazo, Alemania haga lo posible a fin de que el euro sobreviva de forma estable y duradera.

La cumbre europea del 11 de marzo en Bruselas debería ser el escenario y la ocasión para que la cancillera de hierro presente oficialmente su plan, que es también el de Sarkozy. Varios países se oponen frontalmente. Algunos rechazan la eventual supresión de las cláusulas de salvaguardia de los salarios frente a la inflación, Irlanda se niega a subir su impuesto de sociedades, y bastantes países temen que un gobierno económico de la UE basado en los duros criterios alemanes y franceses sea la confirmación definitiva de una Europa a dos o más velocidades, en la que los países menos rápidos terminarían por estar sometidos a los dictados de Berlín. Eso sí, el ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, ha declarado: «Me parece que España está bastante de acuerdo con nuestro plan».

Frente a esa oposición, el argumento más fuerte de Merkel sería el de que, si no se aceptan sus condiciones, Alemania podría rebajar su apoyo al euro y, aun poniendo en riesgo la moneda única, limitarse a paliar los daños que las eventuales suspensiones de pagos de algunos miembros de la UE pudieran producir a su economía. Y a la vista de que esa alternativa es la que más gusta a la mayoría de la opinión pública alemana, que también la secundan, más o menos, buena parte de la prensa y muchos políticos de su partido y de otros, y que, justamente por eso, la popularidad de la cancillera no registra precisamente un buen momento, cabría concluir que la actual oposición europea a su plan no le va a llevar a renunciar al mismo.

Aunque lo más probable es que la iniciativa no sea aprobada sin más por la cumbre del 11 de marzo, es también posible que algunos de sus puntos, con matices más o menos gruesos, sean aceptados. Indexar los salarios con la productividad, y no con los precios, podría ser uno de ellos. Y bastaría con un mínimo acuerdo en esa dirección, aunque este dejara un margen de interpretación a cada uno de los países miembros, para que el Gobierno español contara con un argumento de peso para presionar a los sindicatos a fin de que estos cejaran en resistirse, como vienen haciendo desde hace años, a que se modifique la actual normativa de la contratación colectiva, es decir, de los convenios colectivos.

Para satisfacer el criterio en materia salarial de Merkel, y de tantos prohombres de la economía y de la política española -portavoces del PP acaban de reconocer que no se oponen al mismo-, nuestro Gobierno podría evitar impopulares declaraciones de principios en torno a la indexación y limitarse a reducir al mínimo, o a eliminar del todo, los convenios nacionales y provinciales cuyas cláusulas son obligatorias para todas las empresas de sus ámbitos. Es decir, a imponer la negociación empresa por empresa. Eso sí, permitiendo que en ese nivel se tuviera prioritariamente en cuenta la productividad y no la inflación a la hora de fijar los salarios. Es decir, para bajarlos.

Por Carlos Elordi, periodista.

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