Metástasis urbanística

Por Gerardo Roger Fernández, arquitecto, profesor y miembro del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III (EL PAÍS, 12/05/07):

Uno de los fenómenos urbanos actuales más controvertidos y rechazados socialmente junto a la corrupción y a la especulación del suelo, es el desaforado desarrollo urbanístico que viene aconteciendo en España, sobre todo en la última década. Cierto es que no ocurre con la misma intensidad ni con el mismo modelo en todas las latitudes, pero la imagen social del mismo es la de rechazo generalizado.

Que ese desarrollo se puede valorar, cuando menos como desproporcionado, lo demuestra un explícito indicador: la “velocidad” que viene caracterizando la ocupación del suelo por la urbanización ocasionaría, de mantenerse, la duplicación en el plazo de 10 años de todo el suelo urbanizado “desde los romanos hasta hoy” (datos del Observatorio Nacional de Sostenibilidad de España).

Pero la gravedad del problema no está tanto en la cantidad, que también, sino y sobre todo, en la “cualidad” del modelo de ocupación. La exacerbada demanda ocasionada por la consideración del suelo como activo financiero -entre otras razones-, junto a la nefasta concepción del “todo urbanizable” y la enervada competitividad entre municipios para acoger actuaciones urbanizadoras (cuanto más “importantes” mejor) que posibilitaran presumibles generaciones de riqueza y empleo y una subida en el ranking urbano que les permitiera “colocarse en el mapa”, ocasionaron la ruptura de las exclusas del planeamiento urbanístico. Y abrieron el territorio a la implantación de actuaciones dispersas, normalmente de baja densidad, inconexas con la ciudad preexistente; que, sobre la coartada, en ocasiones, de la defensa de un sedicentemente “moderno” modelo polinuclear pretendidamente compaginador de la antinomia campo-ciudad, emboscan un modelo de cittá sconfinatta (sin confines) totalmente extraña a la ciudad compacta mediterránea. Es un modelo territorial metastático que se desarrolla discontinua y desreguladamente sobre el territorio, que lo hace tributario fundamentalmente del transporte privado y del exacerbado consumo energético; un modelo que invade “tumoralmente” un recurso escaso e insustituible como es el suelo natural, mientras que, paradójicamente, se margina y se abandona la ciudad histórica preexistente, generándose un doble e irresponsable despilfarro: el del suelo natural y el del urbano existente.

Pues bien, si como responsables inmediatos de esta lamentable situación aparecen los Ayuntamientos como receptores y autorizadores de las propuestas urbanizadoras del sector privado, no es menos cierto que los responsables finales del proceso son las Comunidades Autónomas, competentes exclusivas en la definición de su modelo territorial y autorizadoras definitivas de las eventuales reclasificaciones de suelo. Parafraseando el conocido aforismo clintoniano, “es la ordenación territorial, estúpido”, el ámbito sobre el que recae la responsabilidad final del escenario generado. Téngase en cuenta que nos encontramos en un marco socioeconómico globalizado, en el que la “ciudad real” trasciende los meros límites administrativos de la “ciudad municipal”, que las demandas urbanas y su eventual satisfacción se realizan en el escenario de un nuevo sistema urbano que llega a conformar, en ocasiones, espacios conurbanos y en el cual, la toma de decisiones debe adoptarse desde un ámbito más acorde a su dimensión espacial supramunicipal. Que la frontera entre “urbanismo” y “territorio” se encuentra cada día más difuminada.

Este espacio decisional debe apoyarse, tal como demanda la función pública de la ordenación urbanística, en la formulación de un planeamiento territorial “macro”, que analice los problemas desde esa óptica y plantee las respuestas de manera simétrica, impulsando la localización de actividades en las nuevas áreas espaciales de oportunidad y frenando o reconduciendo su ubicación en aquellas otras que ya se encontraran saturadas o fuera exigible su conservación medioambiental.

Obviamente, la disposición de este tipo de medidas diferenciadoras, en contraposición a su cómoda aplicabilidad homogénea, comporta conflictos con las decisiones municipales y suscita el fácil reclamo a la tan demandada autonomía local, contraste que, en muchas ocasiones, puede ocasionar problemas políticos de gran relevancia social. Estas dificultades, junto a la ausencia de una cultura del territorio, explican la muy escasa existencia de Directrices y Planeamientos Territoriales que dispongan de criterios rigurosos y solventes (País Vasco, Cataluña y últimamente Andalucía, por ejemplo) que pretenden ordenar con racionalidad, el desarrollo y los límites al crecimiento urbano en el ámbito supramunicipal.

Pero la insatisfactoria situación actual no debe llevar a un resignado conformismo por causa de las presumibles dificultades materiales en la aplicación de respuestas territoriales adecuadas ante las consecuencias sociopolíticas que las mismas pudieran generar. De hecho, la reflexión que algunos responsables públicos y estudiosos del urbanismo vienen haciendo sobre la creación de instrumentos de compensación intermunicipal para paliar los desequilibrios derivados de desarrollos urbanísticos diferenciados, ponen de manifiesto un camino por el que se puede discurrir. La disposición de “fondos de solidaridad territorial” entre municipios integrados en una misma área funcional, con la finalidad de redistribuir entre ellos las plusvalías que generen los mayores desarrollos previstos en unos municipios con respecto a otros, son medidas que amparadas en la vieja tradición equidistributiva del urbanismo español vendrían a facilitar la puesta en servicio de la tan necesaria e ineludible planificación territorial y el establecimiento de límites racionales al crecimiento.

Afortunadamente, se viene produciendo una suave ralentización del proceso urbanizador pero, como en tantas otras ocasiones, se llegará tarde y habrá que asumir, en la medida en que no puedan ser reconducidas, muchas situaciones inadecuadas. Por ello, las responsables decisiones que vienen adoptando algunas Comunidades Autónomas progresistas junto a las disposiciones sobre sostenibilidad territorial que conlleva el Proyecto de Ley de Suelo Estatal, deben ser bienvenidas, lo que permitirá consolidar, por un lado, una solvente cultura del territorio y, por otro, anticiparse a nuevos ciclos expansivos que, sin duda, volverán.