México arde

La ultima vez en que México experimentó una crisis política más grave que la de hoy fue en 1994, cuando un grupo de guerrilleros llamados zapatistas llevaron a cabo un levantamiento semiarmado en el Estado meridional de Chiapas. El sucesor del Presidente, elegido a dedo, fue asesinado y, como si eso no fuera bastante, el valor del peso se había desplomado casi un 70 por ciento. La crisis actual no es tan grave, pero se le aproxima.

En diciembre de 2012, el Presidente Enriqe Peña Nieto tomó posesión de su cargo en circunstancias no halagüeñas. Fue elegido con tan sólo el 38 por ciento de los votos, sin mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso y con el control por la oposición de la Ciudad de México, la capital. El candidato que le siguió en votos, el dirigente de la oposición Andrés Manuel López Obrador, impugnó los resultados de la elección.

Peña Nieto afrontaba dificultades graves. Su Partido Revolucionario Institucional (PRI) había gobernado a México durante 70 años, hasta que fue desalojado del poder en 2000. Una gran mayoría de los votantes mexicanos seguían sospechando de su corrupción, autoritarismo e incompetencia económica. El predecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, le había legado una guerra contra las drogas que ya había causado más de 60.000 muertes; al menos otros 22.000 mexicanos estaban desaparecidos.

Al principio, pareció que Peña Nieto podría dar la vuelta a la situación. Concertó un acuerdo con los dos partidos de la oposición –el Partido de Acción Nacional (PAN), de centro derecha, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro izquierda– y consiguió importantes cambios legislativos. Fue aclamado como un reformador de primera. El país estaba viviendo el “momento mexicano”, como lo denominaron sus preparadores, y parecía estar a punto de cumplir, por fin, su gran promesa.

Dos años después, el éxito parece estar escapándosele de las manos a Peña Nieto. El país y su Presidente, cada vez más canoso, están experimentando un escándalo, tragedia, o decepción tras otro.

El precio del petróleo, del que el Gobierno obtiene una tercera parte de sus ingresos, se ha desplomado un 40 por ciento en seis meses. Como se prevé que el crecimiento económico del año pasado habrá sido del dos por ciento, después de un crecimiento del 1,1 por ciento en 2013, México apenas habrá crecido más rápido que en el primer tercio del mandato de seis años de Peña Nieto que durante el último cuarto de siglo.

Entretanto, un pacto que Peña Nieto hizo con su predecesor se está volviendo contra él. A cambio de su apoyo en el Senado a la reforma del sector energético, concedió a Calderón y sus ayudantes un perdón general tácito por cualesquiera fechorías imaginables que hubiera cometido su gobierno presidencial, lo que perjudica al prestigio de Peña Nieto exactamente en los sectores en que los mexicanos más desconfían de sus dirigentes: los de la violencia y la corrupción política.

La matanza en el pasado mes de junio de veintidós civiles por el Ejército en Tlatlaya, ciudad pequeña al oeste de la Ciudad de México, y la desaparición y posterior asesinato e incineración de 43 estudiantes cerca también de la capital no fueron una novedad en México. Las ejecuciones y desapariciones extrajudiciales fueron corrientes durante el gobierno de Calderón.

Pero esa vez hubo reacción. Estallaron protestas en todo México. El Gobierno abordó torpemente los dos episodios, por creer que pronto llegaría la calma. Peña Nieto no ha visitado aún Iguala, la ciudad en la que los estudiantes fueron raptados y asesinados. Esperó un mes desde que desaparecieron antes de reunirse con sus padres y pasó una semana en China y Australia en plena crisis.

Entretanto, se han ido acumulando las acusaciones de corrupción. Tan sólo unas horas después de que Peña Nieto anulara un contrato con una empresa ferroviaria de China para construir un tren rápido al norte de Ciudad de México, se reveló que su esposa había adquirido una mansión ostentosa, gracias a una hipoteca que le concedió el socio mexicano de la empresa ferroviaria china.

El conflicto de intereses fue tan desvergonzado, incluso para lo que es habitual en México, que la primera dama, una popular ex actriz de telenovela, se apresuró a anunciar que vendería la mansión. Después, a comienzos del pasado mes de diciembre, el Wall Street Journal revelóque el ministro de Hacienda de Peña Nieto, Luis Videgaray, había comprado también una casa a finales de 2012, justo antes de ocupar su cargo, al mismo contratista y con una hipoteca similar. En el segundo aniversario de la toma de posesión de su cargo por parte de Peña Nieto, su tasa de aprobación había mermado hasta el 39 por ciento y el 58 por ciento del público desaprobaba su desempeño en el cargo.

Peña Nieto ha intentado salir del paso en la crisis prometiendo reformas encaminadas a mejorar la seguridad y fortalecer el Estado de derecho. El problema de esa estrategia estriba en lo que ningún presidente mexicano ha estado dispuesto a reconocer: el país nunca ha conocido el Estado de derecho.

Antes del advenimiento de la democracia en 2000, la mano de hierro de un Estado autoritario y corrupto imponía el orden. Cuando se aflojó, cualquier parecido de ley y orden despareció. Mientras no se reconozca, las reformas al respecto carecerán de credibilidad tanto para los mexicanos como para los inversores extranjeros y, por tanto no es probable que resulten eficaces. Lamentablemente, no es probable que Peña Nieto, cuyo partido gobernó a México en los malos tiempos pasados, sea el Presidente que rompa el molde.

En tiempos México estaba acostumbrado a las crisis (aunque no ha tenido ninguna durante veinte años), pero solían estallar al final de un mandato presidencial. A Peña Nieto le quedan cuatro años más en el cargo y la minoría política selecta que lo llevó al poder le impide adoptar las medidas drásticas –cambio de gobierno, rendición de cuentas en materia de delitos de corrupción y violaciones de los derechos humanos y reformas judiciales radicales– que México necesita.

Pero la opción substitutiva podría ser peor: una violenta reacción populista que destruya gran parte de lo que México ha logrado a lo largo de los dos últimos decenios.

Jorge G. Castañeda was Mexico’s Secretary of Foreign Affairs from 2000-2003, after joining with his ideological opponent, President Vicente Fox, to create the country’s first democratic government. He is currently Global Distinguished Professor of Politics and Latin American and Caribbean Studies at New York University, and is the author of The Latin American Left After the Cold War and Compañero: The Life and Death of Che Guevara. Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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