México, impunidad e incompetencia

La imagen de México en el extranjero como un país violento e inseguro gana terreno semana tras semana. La reciente matanza de 15 jóvenes en Ciudad Juárez, mientras se encontraban en una fiesta, acaparó la atención de medios de comunicación en todo el mundo, pero lo cierto es que la ola de violencia en ésta y en otras ciudades del país no es reciente. Lamentablemente, la delincuencia organizada, la impunidad, la incompetencia de las autoridades, la complicidad y la indiferencia de algunos se han establecido en regiones completas, generando dolor y sufrimiento a miles de familias.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una de las principales organizaciones sociales mexicanas en la lucha contra la delincuencia, entre los años 1994 y 2004 se cometieron cerca de 10.000 secuestros tan sólo en la ciudad de México y su periferia. Esta organización estima que el 65% de los secuestros que se cometen en México se llevan a cabo en la capital del país.

Los datos incluyen los denominados secuestros express, en los que se priva de la libertad a una persona durante algunas horas con la finalidad de retirar dinero de sus tarjetas de crédito. Esta estadística no incluye el denominado “secuestro virtual”, a través del cual, se extorsiona a personas para que entreguen dinero o inclusive joyas, para proteger la integridad de un familiar que en realidad no está secuestrado, pero se hace creer a la persona amenazada que sí lo está. De acuerdo a José Antonio Ortega Sánchez, presidente de esta ONG, muchas de estas llamadas telefónicas para extorsionar se llevan a cabo desde las cárceles con tarjetas de prepago, lo que, entre otras cosas, podría significar el acuerdo de autoridades carcelarias con los delincuentes.

Este tipo de estafas que son una modalidad más de la industria del secuestro en México funcionan, en gran medida, por el clima de zozobra que se ha generado en el país. Muchas personas han sido víctimas de robos, asaltos y secuestros, de hecho, algunas toman decisiones precipitadas o equivocadas cuando escuchan una voz amenazante del otro lado del auricular.

Otra expresión brutal de la delincuencia organizada es el narcotráfico, actividad que en México ha terminado con la vida y la tranquilidad de miles de ciudadanos. Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado mexicano, señaló en días pasados que en los tres años de Gobierno del presidente Calderón, han tenido lugar más de 17.000 ejecuciones vinculadas a la guerra contra el crimen organizado. Muchas de estas muertes son ajustes de cuentas entre los propios carteles de la droga. Los hallazgos de cuerpos decapitados y metidos en bolsas de plástico se reproducen. No sólo es matar, sino además enviar un mensaje, tanto a los rivales, como a la sociedad en su conjunto, de que nada ni nadie puede interponerse en su camino.

En todo este escenario de violencia, Juárez es la ciudad mexicana que más engrosa la estadística y se ha convertido, de acuerdo al mencionado Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, en la más violenta del mundo: 191 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, lo que significa 11 asesinatos por día. En esta ciudad fronteriza, de 1.500.000 habitantes, el porcentaje de homicidios aumentó entre 2007 y 2009 un 800%. Muchas de las víctimas son mujeres, cuyos cuerpos violados y torturados aparecen en el desierto o en zonas aledañas a la ciudad. Según diversas organizaciones, más de 1.000 mujeres han sido asesinadas en Juárez en los últimos 14 años. Se han manejado diversas hipótesis detrás de los homicidios de estas jóvenes, la gran mayoría de clase humilde, trabajadoras en las maquiladoras (empresas que importan materiales sin pagar aranceles). Una de ellas apunta a que son secuestradas para filmarlas en escenas del cine snuff, en el que se graban asesinatos reales.

El presidente de México acaba de estar en Juárez para encontrarse con las familias de los jóvenes asesinados el 31 de enero. La madre de uno de ellos le dio la espalda para mostrar su impotencia, dolor, coraje y rechazo a un Gobierno que monta grandes despliegues mediáticos en la lucha contra la delincuencia, pero que, en realidad, se ha quedado muy corto en sus resultados. No debemos olvidar, además, la primera y desafortunada expresión de Calderón, después de esta masacre, mientras se encontraba en Japón. Se refirió a lo sucedido como un pleito entre pandilleros. Luego se disculpó, pero la indignación popular había llegado demasiado lejos.

Los partidos políticos mexicanos han buscado capitalizar la situación reciente en Juárez con propósitos meramente electorales. Este año se llevan a cabo elecciones en 13 Estados del país, que marcarán un precedente muy importante para las elecciones presidenciales de 2012. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó de forma ininterrumpida durante más de siete décadas, ha propuesto, a través del gobernador de Chihuahua, que la sede de poderes del Estado se trasladara a Juárez. Dicha propuesta no obtuvo los votos necesarios en el Congreso local, pero además, era una mera acción propagandística sin base ni valor añadido alguno. Ésta no ha sido la primera propuesta sensacionalista del PRI ligada a temas de seguridad. El año pasado, este partido político propuso instaurar la pena de muerte en México, a sabiendas de la inviabilidad de lo que proponían, con la intención de generar entre la población mexicana, la percepción de que el problema de la seguridad se le había ido de las manos al presidente y era necesario tomar medidas drásticas. Una mera estrategia electoral.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que postuló en las elecciones presidenciales del año 2006 a Andrés Manuel López Obrador, planteó un asunto aún más demagógico e inviable: la abolición de poderes en el Estado. Lo importante era ganar el titular mediático con una declaración espectacular que tampoco aporta nada a la batalla contra la delincuencia. El Partido Acción Nacional (PAN) que actualmente gobierna en México, propuso crear un plan para “recomponer el tejido social”. Mero discurso, palabras y más palabras que, a estas alturas, poco eco podrán tener en una sociedad que se ha cansado de una clase política que ha pretendido acabar con las mafias a golpe de discurso y medidas propagandísticas.

El presidente Calderón ha enviado a una delegación formada por cinco de sus ministros a Juárez, para conformar una estrategia conjunta con la sociedad y con el gobierno local “para recomponer el tejido social”. Lo que hace falta es voluntad política para detener a los que delinquen. Calderón tiene una gran obligación moral y una oportunidad histórica de imponerse a las mafias y terminar con esta espiral de violencia en México. Lo anterior requiere depuración de los organismos de seguridad y la inclusión de hombres capaces y de confianza en su gabinete en materia de seguridad. Al mismo tiempo, se debe montar una gran estrategia de comunicación para implicar a la sociedad, pero dicha estrategia nunca podrá sustituir la acción eficaz, decidida e inteligente contra quienes pretenden paralizar a México sembrando muerte y miedo.

Guillermo Velasco Barrera, periodista mexicano y profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarrra.