Tras la terrible masacre de tres y la desaparición 43 estudiantes en el estado de Guerrero ocurrida en septiembre pasado, el presidente de México aseguró: “no cejaremos hasta que se haga justicia”. Sin embargo, las autoridades del país no podrán acabar con la violencia generalizada sin que se proteja a los “perros guardianes de la democracia”, es decir, a los periodistas, cuya labor consiste en mostrar al país tal cual es y no como se sueña que sea. Presa de una especie de esquizofrenia en su culmen, México lleva a cabo una “diplomacia de los derechos humanos” muy convincente en el ámbito multilateral, pero sigue siendo demasiado pasivo en su territorio frente a los crímenes cometidos contra periodistas. ¿Dónde están las promesas del gobierno en lo que se refiere a su protección y a la lucha contra la impunidad?
Aunque no sea el escenario de un conflicto armado, México es uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa; en cualquier caso, en el continente americano es el país donde se asesina a más periodistas en ejercicio de sus labores. Según las cifras de Reporteros sin Fronteras, entre enero de 2000 y septiembre de 2014 se registraron 81 casos de periodistas asesinados y al menos 17 de desaparecidos en los que el crimen estuvo clara o posiblemente relacionado con su actividad profesional. El director de la revista Nueva Prensa, José Antonio Gamboa Uria, a quien encontraron muerto en Sinaloa, el 23 de octubre de 2014, fue el séptimo periodista o colaborador de medios de comunicación asesinado desde el inicio del año. Homicidios, secuestros, agresiones, amenazas: las agresiones se multiplican en medio de un clima de casi total impunidad. La complicidad del crimen organizado con algunas autoridades políticas y administrativas locales obstaculiza el buen gobierno y la justicia a todos los niveles en el país.
Numerosas investigaciones sobre los asesinatos se han cerrado deprisa o, por el contrario, se han visto frenadas debido a la lentitud burocrática en las investigaciones, como en el caso de la periodista María Esther Aguilar Cansimbe, corresponsal del diario Cambio en el estado de Michoacán, quien desapareció el 11 de noviembre de 2009. Según la Comisión Nacional de los Derechos humanos, el 89% de los crímenes cometidos contra periodistas permanece en la impunidad. Desgraciadamente, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión ni el Mecanismo para la Protección de Periodistas y de defensores de los derechos humanos han logrado que la situación mejore. El mecanismo no posee la eficacia, la flexibilidad ni la rapidez que se requieren para responder a las necesidades de los periodistas que se encuentran en peligro. Respecto a la fiscalía, desde el año 2006 su trabajo sólo ha dado como resultado una sentencia, pese al número alarmante de agresiones cometidas. Es realmente inaceptable.
Al drama humano de las familias de las víctimas se suma el de la impunidad, que genera un clima de miedo y autocensura muy perjudiciales para la actividad periodística. Numerosos medios de comunicación han renunciado oficialmente a cubrir temas de narcotráfico por temor a represalias violentas. Otros periodistas se han visto obligados a huir debido a las amenazas que enfrentan, ellos y sus familias. El periodista y disidente birmano Win Tin afirmaba con razón que “la libertad de información es la libertad que permite constatar la existencia de todas las otras [libertades]”. Esta afirmación no sólo puede aplicarse a las dictaduras. Cuando se hace callar a un periodista, es el derecho de todos a tener vidas dignas, a hacer elecciones individuales y colectivas con conocimiento, lo que se asesina. Al no luchar activamente contra la impunidad, el Estado permite a los autores de los crímenes continuar su triste obra y alimenta así, indirectamente, las violaciones de los derechos humanos. Ya lo decía el filósofo Edmund Burke: “para que el mal triunfe, basta con que los hombres de bien no hagan nada”.
El 5 de noviembre pasado Reporteros sin Fronteras entregó por primera vez el premio de Periodista del Año a una mexicana: Sanjuana Martínez, periodista freelance que trabaja a favor de las mujeres y los niños víctimas de maltrato y abuso sexual. Sanjuana Martínez asegura que la impunidad es la “reina” y que la protección a los periodistas es una “quimera” en el contexto actual de México.
No es hora ya de promesas sin futuro frente a la comunidad internacional, sino de acción y resultados. Para que el mal “no triunfe”, es necesario que exista una verdadera voluntad política de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como contar con los medios humanos y financieros a escala federal y estatal. De lo contrario, a fuerza de no decir nada, retomando las palabras de Martin Niemöller, “ya no quedará nadie para protestar”. Será demasiado tarde.
Christophe Deloire es secretario general de Reporteros Sin Fronteras. Malén Aznárez es presidenta de Reporteros Sin Fronteras-España