Mientras los delegados de todo el mundo terminan las conversaciones en la cumbre climática de las Naciones Unidas en Glasgow, México no ha aumentado su objetivo de mitigación de emisiones, como lo prometieron las naciones que firmaron el Acuerdo de París de 2015.
Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, está redoblando políticas que harían a México —el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero de América Latina y el dieciseisavo del mundo— aún más contaminante.
López Obrador, un izquierdista anticuado que creció en la región que produce petróleo de México, ha considerado durante mucho tiempo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), propiedad del gobierno, y al productor de petróleo estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), como fuentes de empleo y crecimiento económico, y ha denunciado la privatización por acumular ganancias en unas pocas corporaciones. No obstante, esos gigantes energéticos estatales han hecho poco para reducir las emisiones de los combustibles fósiles, mientras que las inversiones privadas apoyan muchos proyectos solares y eólicos en el país.
Pero cuando López Obrador llegó a la presidencia hace unos tres años, comenzó a deshacer las reformas emprendidas por su predecesor, Enrique Peña Nieto, que permitían una mayor inversión privada en energía. Esta contrarreforma socavó de manera significativa la capacidad de México para promover la energía limpia y reducir las emisiones. López Obrador ha dicho que su objetivo es equilibrar los sectores energéticos públicos y privados y garantizar la independencia energética de México, aunque lo ha hecho a costa de eliminar la competencia privada a las empresas públicas endeudadas.
Su gestión ha exigido que, para comprar energía, el gobierno dé prioridad a la CFE —con sus plantas menos eficientes a base de combustibles fósiles— sobre la energía solar y eólica más barata producida por empresas privadas. Esa decisión ha sido impugnada en la Corte. Y un proyecto de ley propuesto por López Obrador para disminuir la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica del 62 al 46 por ciento, enfrenta una oposición importante entre miembros del Congreso, ambientalistas y empresas privadas.
Al margen de lo que pase con esas medidas, López Obrador ha creado un ambiente tan hostil que es mucho menos probable que se hagan nuevas inversiones en energías renovables. Y si no se realizan nuevas inversiones, México no alcanzará los objetivos de energía limpia que estableció en su Ley General de Cambio Climático de 2012. El país debe operar sus plantas de energía renovable de manera continua para cumplir con su meta de 2021 y construir nuevas plantas de energías renovables para cumplir con sus objetivos a más largo plazo.
Incluso si las empresas estatales continúan dominando la industria energética de México, el gobierno podría comenzar a limpiar sus operaciones. Las centrales eléctricas de la CFE queman más combustóleo y carbón que las plantas privadas y cuesta más caro operarlas. La compañía estatal podría comenzar a reemplazar las plantas de combustóleo por fuentes de energía limpia. Los proyectos de energía renovable también reducirían los costos de electricidad, pues las energías eólica y solar son las fuentes energéticas más baratas. La CFE también debería actualizar sus plantas de energía y su red eléctrica para hacerlas más eficientes, para usar menos combustible y expandir el uso de tecnologías inteligentes para ayudar a los clientes a reducir su uso de energía.
Pemex también ha hecho poco para diversificar las inversiones en tecnologías de bajas emisiones y reducir la exploración petrolera, como lo están haciendo muchas compañías petroleras en el mundo. En cambio, Pemex dice que quiere impulsar la producción de petróleo y está construyendo una nueva gran refinería. Y aunque muchas compañías petroleras han eliminado la quema de gas —una práctica que libera metano—, Pemex la aumentó en un 68 por ciento entre 2019 y 2020 debido a su infraestructura obsoleta.
Durante una reunión reciente con López Obrador, John Kerry, enviado climático estadounidense, dijo que su país dará asistencia técnica y financiamiento para aumentar la eficiencia y reducir las emisiones. Estados Unidos podría ayudar a las refinerías de Pemex a mejorar la eficiencia y reducir las emisiones, incorporar tecnología para monitorear la quema de gas, usar energía renovable para las operaciones y para que la CFE diseñe programas de eficiencia que reduzcan el consumo eléctrico y crear programas de energía limpia.
En América Latina hay otras empresas energéticas estatales que están haciendo más para abordar el cambio climático. Ecopetrol, una compañía petrolera colombiana, se comprometió a lograr cero emisiones netas de carbono para 2050 y acordó adquirir Isagen, una empresa de transmisión y distribución de electricidad, como parte de su estrategia para diversificarse hacia tecnologías de bajas emisiones.
Si el liderazgo político de México no respalda la inversión privada en energía limpia, las empresas energéticas estatales podrían al menos limpiar sus propias operaciones, y Estados Unidos debería seguir tratando de colaborar para un futuro mejor.
Lisa Viscidi estudia energía y cambio climático en América Latina en el Diálogo Interamericano, un grupo de expertos con sede en Washington, D. C. MK Vereen es asistente de investigación en la institución.