La discusión migratoria en México se ha centrado recientemente en la llegada de caravanas de migrantes centroamericanos a su frontera sur y ha olvidado que miles de personas intentan cruzar hacia Estados Unidos cada año, y otros más están varados en la frontera norte buscando obtener asilo. Hoy, las ciudades fronterizas del norte están desbordadas y los migrantes viven una situación desesperada.
La protección de los migrantes que esperan en las ciudades fronterizas está en manos de la sociedad civil, que ya no se da abasto para contener la crisis, mientras el gobierno de México recorta sus recursos y su política pública consiste en desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur para intentar frenar el éxodo migrante. El gobierno de México también debe hacer de su frontera norte, y de quienes están hacinados en ella, una prioridad.
Hace unos meses entré como voluntaria a la Casa del Migrante de Tijuana, en el estado de Baja California, a la cual llegan a diario personas desde Centroamérica o mexicanos de estados afectados seriamente por la violencia, como Guerrero y Veracruz, en espera de su turno para acudir a una Corte en Estados Unidos a solicitar asilo. Llegan también, cada semana, decenas de mexicanos deportados de Estados Unidos.
Es muy difícil que los migrantes puedan sobrevivir en ciudades fronterizas, como Tijuana, sin el apoyo de fundaciones y organizaciones civiles como la orden Scalabrini, el Ejército de Salvación o YMCA. O que puedan llenar sus formularios de asilo sin el apoyo jurídico de organizaciones como Al Otro Lado.
Estas organizaciones de voluntarios, religiosos, trabajadoras sociales y abogadas que logran que los migrantes tengan un plato de comida caliente, un lugar seguro dónde dormir, un trabajo justo y que sepan que tienen derecho a pedir asilo, se sostienen gracias a donaciones, organismos interncionales y el apoyo de gobiernos locales porque el gobierno federal cortó desde 2019 los recursos.
El migrante que llega a estos centros no es solo el estereotipo de un hombre con gorra y mochila: es una madre que viaja con su hija y que dejó a sus dos hijos atrás, porque no había dinero para que migraran todos desde Guerrero; es una viuda a la que le mataron un hijo en Honduras y busca rescatar a sus otros hijos, de 13 y cinco años; es un hombre de más de 60 años deportado, que está perdiendo la vista y no quiere llamarle a su única hija para no meterla en problemas porque tampoco tiene sus papeles en regla; es el joven abogado que huye del régimen político en Venezuela; es una mujer embarazada a sus 19 y con otro bebé en brazos; es el niño de cinco años que se orina en los pantalones porque tiene emociones que no puede procesar después de haber estado en la “hielera”, como se le conoce a los centros de detención migratoria en Estados Unidos.
Los números de cuántos migrantes hay en las siete ciudades fronterizas que reciben peticiones de asilo a Estados Unidos fluctúan. Hasta octubre de 2019 las autoridades estadounidenses calculaban que había unas 20,000 personas asentadas en ellas
Un estudio citado por Human Rights Watch señala que, en noviembre de 2019, había más de 11,000. A esto se suma que más de 55,000 migrantes solicitantes de asilo han sido enviados a territorio mexicano mientras avanzan sus casos, lo cual los aísla en ciudades peligrosas y hace que conseguir ayuda legal sea muy complicado.
Ante la crisis y el hacinamiento, el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de cuatro albergues para recibir a dichos migrantes, que entran en los Protocolos de Protección del Migrante que implementó el gobierno estadounidense en enero de 2019, mientras su caso se resuelve. Hasta ahora sólo opera el de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el de Tijuana, en Baja California. Pero el tiempo promedio de espera para una solicitud de asilo es de tres años, según el último reporte anual de TRAC, un proyecto de monitoreo que encabeza la Universidad de Syracuse, en Nueva York. Y las posibilidades de que sean aceptados son mínimas si no cuentan con un abogado.
Además, el sistema para presentarse ante un juez en materia migratoria es tan absurdo como frustrante. El gobierno de Estados Unidos ha habilitado siete puertos de entrada a lo largo de la frontera. En Tijuana, hay que llegar al cruce fronterizo El Chaparral, donde otros migrantes anotan a los que llegan en una libreta y les asignan un número en la lista. Cada número representa a 10 personas, que deben esperar hasta tres meses para poder presentarse ante un juez. ¿Quién regula esto? Todos y nadie, porque quien lleva la lista son ciudadanos. Para saber en qué número de la lista van o qué día les tocará acudir, los migrantes van por la mañana a la frontera o consultan una página que se llama elnumerodelalista.com, administrada también por un ciudadano anónimo.
Los funcionarios del gobierno federal que decidieron cortar el presupuesto para las organizaciones civiles deberían ir a los albergues por unos días, despertar a las 5:00 de la mañana para darles un café y un pan a los migrantes que se van a trabajar, conseguirles unas botas para su trabajo en la construcción, consolar a una niña cuando extraña a su mamá e intentar darles un gesto de esperanza, algo que les diga que todo por lo que han pasado habrá valido la pena.
La migración no llegará a su fin por decreto. Tampoco la crisis migrante en la frontera norte, que aún no tiene el foco que se necesita. Las acciones gubernamentales ante ella han sido reactivas, tardías y sin trabajar de la mano con la sociedad civil, que lleva años tratando con la población afectada y los riesgos de tráfico, trata, adicciones, y violencia que enfrentan. El gobierno debe voltear la mirada hacia aquí, y cambiar sus políticas antes de que la situación se salga de control.
Nadia Sanders es periodista de investigación en México. Ha cubierto temas de seguridad, discriminación y derechos humanos.