Miedo a mirarse en el espejo

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 28/09/06):

Las reacciones que ha suscitado en Catalunya el recurso interpuesto por Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, contra 112 artículos del nuevo Estatut, no han podido sorprender a nadie. Una de las constantes de la política catalana es que la mayoría de fuerzas políticas y de la opinión pública oficial se creen en posesión de la verdad y consideran que todos los males vienen del exterior. Ello produce un efecto tremendamente pernicioso: elimina la autocrítica – o únicamente la permite en cuestiones de detalle- y atribuye siempre la causa de todos los males a factores externos. Quien pensaba que ello era sólo peculiar del pujolismo se habrá dado cuenta, tras el tripartito, de que ello no es así: también la izquierda actúa conforme a este modelo.

Ello es patente en las reacciones al recurso del Defensor. Montilla, con toda simpleza, ha optado por la descalificación personal: Múgica paga los favores que debía a Aznar. Olvida Montilla – el neutral Montilla de la opa- que el Defensor es elegido forzosamente mediante el acuerdo entre los dos grandes partidos y que Múgica fue elegido gobernando Aznar y reelegido gobernando Zapatero, siendo él ministro de Industria. Maragall, por su parte, considera contradictorio que el Defensor del Pueblo recurra contra una ley aprobada, precisamente, por el pueblo. ¿No ha interpuesto su gobierno recursos contra leyes estatales también aprobadas por el pueblo? En fin, juegos de palabras sin argumentos de fondo. ¿Dirían lo mismo Montilla y Maragall si el Defensor recurriera una ley que ellos consideraran perjudicial?

Pero estas reacciones no son inesperadas. Ahora todos reconocen que el proyecto de nuevo Estatut que aprobó el Parlament de Catalunya rebosaba inconstitucionalidad por todas partes. Ahora bien, durante varios meses ninguno de los que votaron aquel texto admitía tacha alguna de inconstitucionalidad y se acusaba a los intelectuales progresistas de Madrid por no defenderlo. En fin, la historia se repite, la cuestión es tener siempre razón, dar la culpa a un enemigo externo, el que sea, antes de ser capaz de contemplarse ante el espejo. Ahora le ha tocado a Enrique Múgica.

Lo más lamentable es que los políticos y articulistas catalanes que, sin pensárselo dos veces, sin haber leído el recurso, han disparado contra el Defensor, demuestran una atrevida ignorancia: antes de conocer los argumentos ya han dictado su sentencia, su sentencia patriótica, basándose, simplemente, en un juicio de intenciones. Dos cuestiones, cuando menos, se ignoran en el presente caso.

En primer lugar, se ignora que la nuestra es una democracia constitucional, lo cual significa que la soberanía reside en el pueblo constituyente, el pueblo español autor de la Constitución, no en las cámaras estatales o autonómicas, meros poderes constituidos, ni en el pueblo de Catalunya aun cuando exprese su voluntad mediante referéndum. Para que estos poderes constituidos no vulneraran la Constitución se estableció como garantía jurisdiccional un Tribunal Constitucional y, entre otros, se legitimó al Defensor del Pueblo para interponer, en su caso, recursos de inconstitucionalidad. Por tanto, lo que se propone el Defensor mediante el recurso es asegurar jurisdiccionalmente que el nuevo Estatut sea plenamente constitucional. Contrariamente a lo que insinúa Maragall, el Defensor, al utilizar este procedimiento, cumple con su deber, defiende al pueblo, al pueblo constituyente.

En segundo lugar, se ignora que son muy numerosas las dudas de constitucionalidad que suscita entre expertos jurídicos el texto catalán. En el último año, el Estatut ha sido objeto de largos e intensos debates académicos que han mostrado opiniones muy diversas. La trascendencia del texto es obvia, especialmente porque sirve de modelo para la reforma de otros estatutos. Para pacificar la materia, es indispensable una última palabra del Tribunal Constitucional. El recurso interpuesto por parlamentarios del PP está en su origen inevitablemente politizado y los recursos interpuestos por los gobiernos de tres comunidades autónomas – del PP y del PSOE- se centran en aspectos muy puntuales. En cambio, los argumentos suministrados al Tribunal Constitucional por una instancia no partidista, como es el Defensor del Pueblo, tienden a contribuir a una sentencia final amplia y objetiva, lo menos controvertida posible, que permita garantizar la seguridad jurídica, y evite en lo posible posteriores cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por los jueces.

No deja de sorprender, por último, el miedo a la jurisdicción que ponen de relieve las críticas catalanas. Si uno está seguro de algo no teme ser examinado por instancia alguna, especialmente por un poder jurisdiccional que antes de dar un veredicto debe razonarlo. No es serio recurrir continuamente al Tribunal cuando interesa y acusar de parcialidad y politización a los recursos que otro interpone. Sólo siente miedo ante la jurisdicción quien tiene algo que esconder y es por ello que las agrias críticas catalanas al Defensor por el simple hecho de interponer recurso, sin ni siquiera haberlo leído, más parecen una muestra de inseguridad sobre el resultado de la sentencia que de estar plenamente convencidos de la constitucionalidad del texto.

Los políticos catalanes, demasiado a menudo, tienen miedo a mirarse en el espejo. Esta vez no tendrán más remedio que hacerlo y, en este caso, el espejo será el Tribunal Constitucional.