Desde la celebración de las últimas elecciones, mientras los partidos políticos tratan de formar gobierno, más de 18 millones de familias españolas han continuado con su trabajo, silencioso e invisible. Siguen educando y cuidando a más de 8,3 millones de menores, dándoles la atención que necesitan para crecer como personas y ciudadanos útiles para la sociedad. También han continuado atendiendo a sus mayores –en España hay más de 8,5 millones de más de 65 años y más de medio millón de 90–, a quienes tanto debemos. Ellos pusieron los cimientos de nuestra sociedad y nos transmitieron los valores que nos caracterizan como país. Y hoy, la generosidad de los abuelos es fundamental para que los jóvenes puedan compatibilizar su trabajo con los hijos.
Durante el primer semestre de 2015, las familias españolas trajeron al mundo a casi 210.000 niños; se celebraron cerca de 70.000 matrimonios; muchas mujeres se quedaron embarazadas y en los próximos meses serán madres, una de las mejores experiencias de la vida. Podríamos seguir poniendo ejemplos del trabajo generoso de nuestras familias, que muestran que queremos continuar disfrutando de ellas. Es cierto que cada vez se casa menos gente, optándose por otras fórmulas de convivencia, pero cuando llegan los hijos, la mayoría de parejas se casan, quizá porque piensas que el matrimonio ofrece mayor estabilidad a sus hijos. En definitiva la familia sigue viva, y desempeña un trabajo sin el cual la sociedad no podría sobrevivir, siendo la principal preocupación de la mayoría de ciudadanos, la felicidad de su familia.
Y, mientras tanto, los políticos se ocupan de proponer medidas que les permitan ganar votos. Yo les daría más de mil argumentos –económicos, sociales y políticos– para convencerles de que una sociedad que quiere crecer de manera sostenida, desea aumentar el consumo y la inversión en capital humano, mejorar su educación, reducir el fracaso escolar, ser solidaria y justa, que piensa en los más débiles y desea ayudarles y lucha contra la pobreza, no podrá alcanzarlo si no cuenta con la familia como principal institución social y económica. Y, además, si consigue dar cobertura a las necesidades que más importan a los ciudadanos, que son fundamentalmente las que se refieren y afectan a su familia, ganarían votos.
Para mejorar la calidad de vida de nuestras familias hace falta trabajar de manera prioritaria en tres ámbitos: maternidad, empleo y educación.
1. Reconocimiento del valor de la maternidad. Con frecuencia, se proponen medidas para «fomentar» la natalidad, argumentando que necesitamos nuevos ciudadanos para pagar las pensiones. ¿No estaremos instrumentalizando a las personas? ¿Qué quieren las familias: tener hijos o cotizantes? Evidentemente hijos, lo que nos hace pensar, por encima de las necesidades económicas de un país, en el valor de la vida.
Los políticos saben que muchas parejas desean tener hijos, pero la carencia de empleo o los horarios de trabajo irracionales, entre otras razones, lo impiden o dificultan.
Se pueden eliminar parte de estos obstáculos, valorando y facilitando la maternidad, para que no sea una variable determinante en la existencia de dobles desigualdades –por ser mujer y por ser madre–. La llegada de una nueva vida no puede convertirse en un elemento discriminatorio. Por ello hace falta apoyar la maternidad y paternidad para proteger el desempeño de derechos fundamentales y como elemento clave para la creación del capital social.
2. Mercado de trabajo. Resulta urgente facilitar la búsqueda de empleo a personas con hijos a cargo, y/o personas dependientes, para evitar la pobreza y mejorar su calidad de vida. Esto exige, además, actuaciones que faciliten la conciliación familiar y laboral mediante un equilibrio entre horarios laborales y escolares y mayor racionalización del uso del tiempo, posibilitando a los pequeños pasar más tiempo con sus progenitores.
Por ello las personas con responsabilidades familiares, deben ser colectivo prioritario tanto en las políticas activas como pasivas del mercado de trabajo, con el objetivo de lograr su plena incorporación al mismo.
3. Educación. La verdadera educación exige una formación integral, no solo intelectual, lo que implica un papel activo de los padres desde el primer momento de vida. Necesitamos mejorar los medios de que disponen para ejercer su papel –insustituible– como primeros educadores de sus hijos. Esto permitiría mejorar considerablemente sus resultados académicos que no dependen solo de la legislación educativa sino también del apoyo familiar que reciban.
España se sitúa en la cola de Europa en cuantía de gasto público directo a la familia. Pero el objetivo no es tanto reclamar un aumento del gasto hasta alcanzar la media de la UE, como de identificar las verdaderas necesidades de nuestras familias.
La familia es un asunto de interés público y privado, y el Estado debe irremediablemente contar con ella, porque del buen desempeño de sus funciones –reproductiva, educativa, etc.– nos beneficiamos todos.
María Teresa López, directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia. Universidad Complutense-Acción Familiar. Presidenta del Comité de Bioética de España.