La noticia de que el Gobierno británico y el Ejecutivo escocés han llegado a un acuerdo para convocar un referéndum sobre el futuro de lo que es una autonomía tan sólo desde hace diez años ha llamado la atención por la claridad de la pregunta que se formulará –independencia sí o no–, por el carácter vinculante de la consulta y porque tendrá lugar nada menos que dentro de dos años. Es muy probable que Escocia y los escoceses puedan esperar hasta el otoño del 2014 sin que su nivel de autogobierno se altere confiados en que el plebiscito despeje para siempre su futuro. Pero aunque el president Mas y la resolución adoptada por el Parlament apuntan también hacia la celebración de la consulta en el larguísimo plazo de la próxima legislatura, resulta difícil imaginar cómo podrían esperar Catalunya y los catalanes, en medio de una crisis que se prolongará durante los cuatro años del nuevo mandato, la celebración de una incierta consulta que tuviera lugar en el tramo final de ese periodo sin que mientras tanto la Generalitat adquiera mayor poder de autogobierno. Todo ello sin ninguna garantía de que en algún momento las instituciones centrales del Estado constitucional se avengan a avalar legalmente la pretendida consulta, o de que Bruselas esté realmente en condiciones de intervenir mediando en el conflicto.
El soberanismo ha idealizado la perspectiva de un futuro independiente –en este caso con Estado propio dentro de la UE– como si su conquista primero y su realización después estuviesen exentas de costes y renuncias. No se trata sólo de que imagina y fomenta ante la opinión pública un proyecto sin penalizaciones, lo cual es comprensible. Ocurre que el derecho a decidir parece incluir la obligación de los demás de favorecer su consecución poco menos que gratificándola. Si Catalunya emprende un trayecto impulsado por la mayoría del Parlament que surja de las urnas del 25 de noviembre hacia una consulta decisoria para alumbrar un Estado propio, deberá emprender una estrategia que permita a la Generalitat no sólo alcanzar un acuerdo final con el Estado constitucional sino empedrar el camino con acuerdos parciales que eviten la bancarrota pública y alivien el mientras tanto. Lo que le resultará difícil a Artur Mas es conseguir que las otras partes se avengan a compartir esta última tarea con el previo anuncio de que el desenlace final ya está escrito en clave independentista. Sobre todo porque la Generalitat tendría muy poco recorrido en una estrategia de hechos consumados que forzase una salida acordada a base de desenganchar poco a poco a Catalunya del resto de España. Todo lo contrario, hoy los catalanes atraviesan por un estado de necesidad que al mismo tiempo que encrespa los ánimos frente a la indolencia centralista les incapacita para consumar la despedida. Además se da la circunstancia de que, efectivamente, el Estatut no ofrece la base legal suficiente como para que la Generalitat pudiera desprenderse a trozos de la matriz del Estado.
Paradójicamente esta Euskadi que se muestra entre tibia y fría respecto a la efervescencia independentista se encuentra potencialmente más cerca de conformar un Estado propio de manera unilateral que esa Catalunya agraviada e impaciente. Sencillamente porque los ciudadanos vascos estamos adscritos a una disciplina fiscal que depende de las diputaciones y de lo que estas, en conjunción con el Gobierno vasco, acuerdan transferir a la Administración central previo pacto con ella. De forma que una mayoría política de arrastre hacia el independentismo no podría ser contrarrestada internamente, o exigiría a los resistentes un compromiso tan heroico que se volvería testimonial si no migratorio. A los catalanes les ocurre casi lo contrario, porque sus únicos hechos consumados pueden ser los votos siempre que se depositen de manera abrumadora. Porque en el caso nada improbable de que se produzca un bloqueo inmediato en las relaciones entre Barcelona y Madrid serían los ciudadanos de Catalunya alineados con la consecución de un Estado propio quienes tendrían que dar testimonio épico de su disposición a establecer de facto un poder independiente sin otro basamento legal que el desbordamiento constitucional. De modo que la mayoría se vería sometida en poco tiempo a una prueba de fuerza atroz en sus consecuencias. A no ser que esa mayoría sea tan aplastante en las elecciones –y para ello suficientemente transversal– como para convencer a Madrid vía Bruselas de fijar un calendario a la escocesa con avances mientras tanto.
Kepa Aulestia