La pasada semana tuvo lugar en Madrid una cumbre internacional sobre Seguridad Alimentaria organizada por la FAO y por el Gobierno de España. La citada cumbre ha pasado casi desapercibida, en parte debido a otros intereses informativos -meteoros de cierta intensidad, malísimos augurios económicos, espionaje político en Madrid y próximas elecciones autonómicas-, y en parte al poco interés que despiertan esas cuestiones entre nosotros. Despiertan poco interés, sí, y sin embargo, se estima que son cerca de mil millones las personas que pasan hambre, una de cada seis personas en el mundo. Además, tras las enfermedades gastrointestinales provocadas por la falta de agua potable, el hambre es la principal causa de mortalidad infantil, ya sea de forma directa o por agravar los efectos de las enfermedades. Pero es cosa sabida que las desgracias ajenas nos conmueven en proporción inversa a la distancia a que nos encontramos de quienes las sufren.
La cumbre ha constatado, una vez más, la gravedad del problema, a la vez que ha dado cuenta del empeoramiento de la situación durante los últimos años. También se han tomado decisiones, aunque nunca se sabe si tales decisiones se acabarán convirtiendo en actuaciones o no, y si las actuaciones, en caso de llevarse a cabo, son todo lo efectivas que debieran. Tradicionalmente, la forma en que los países desarrollados han abordado esta cuestión ha consistido en la donación de alimentos a los países deficitarios o, en el mejor de los casos, en ayudas al desarrollo agrícola. Ahora bien, no se ha tratado de actuaciones sostenidas en el tiempo, ni sus resultados han sido debidamente evaluados, de manera que en demasiadas ocasiones las ayudas han resultado ineficaces, cuando no contraproducentes.
La situación actual es especialmente preocupante. La producción de alimentos alcanzó durante 2008 su máximo histórico y, sin embargo, el pasado año se produjo una crisis alimentaria que agravó la situación de penuria de miles y miles de personas. Hoy, esa crisis ha remitido en parte (los precios de los alimentos han bajado un 30%), pero las nuevas circunstancias son poco alentadoras. La crisis financiera dificulta ya la obtención de créditos por parte de los agricultores para la adquisición de semillas y fertilizantes, con lo que es posible que la producción agrícola sufra un descenso durante los próximos años. Por otro lado, los menores ingresos fiscales van a tener como consecuencia, casi inevitable, una disminución de los recursos que los países ricos dedicarán a atajar el problema. Y además, la población mundial aumenta cada año de forma inexorable. Se estima que en 2050 habrá en el Mundo 9.000 millones de personas y que será necesario aumentar de forma significativa la producción mundial de alimentos para que pueda comer lo suficiente toda la Humanidad.
Ante esta situación se suelen proponer dos tipos de medidas de carácter contrapuesto. Por un lado, investigadores y técnicos especialistas en asuntos agrícolas proponen actuaciones que eleven la producción de alimentos. Entre estas actuaciones cabe citar el impulso a la investigación para el desarrollo de variedades de plantas más resistentes a la falta de agua y a las plagas y que proporcionen rendimientos más altos, o el apoyo económico de Occidente a las inversiones en infraestructuras y tecnología agrícola. Pero por otro lado, los movimientos altermundistas, de carácter ecologista o campesino principalmente, se oponen frontalmente a las políticas -que denominan incrementalistas- que persiguen elevar la producción de alimentos, y propugnan soluciones de muy diferente naturaleza. Estos inciden en la cuestión de la propiedad de la tierra, defienden la denominada 'soberanía alimentaria' y se oponen tajantemente a las innovaciones científicas, por considerar que dichas innovaciones hacen depender a los agricultores de todo el mundo de los intereses de Occidente y, más en concreto, de los de las grandes empresas del sector agrícola. El abucheo con el que, según relatan las crónicas, despidieron algunos participantes en la cumbre la intervención del economista Jeffrey Sachs constituye una imagen muy ilustrativa de esas posturas.
Es cierto que el aumento en la producción de alimentos no garantizará por sí mismo el final del hambre, y es igualmente cierto que persisten en numerosos países situaciones de grave injusticia social. Pero también lo es que sin aumentar de forma significativa la producción de comida no podrán alimentarse debidamente todos los seres humanos. Es imprescindible que se invierta en ciencia y tecnología agrícola, y también en infraestructuras y en formación.
Eso es imprescindible, claro que lo es, pero no será del todo efectivo si los países más afectados por el hambre no avanzan por la senda del desarrollo económico. Necesitan seguridad jurídica; necesitan que se respeten los derechos básicos, incluidos los de propiedad; necesitan que se minimice la corrupción; y necesitan poder acceder a créditos con facilidad. Y aunque haya quien no lo quiera aceptar, necesitan, por supuesto, que los países ricos (Estados Unidos, Japón, Noruega y Unión Europea) eliminen de una vez por todas los obstáculos -en forma de subsidios y aranceles- a la importación de alimentos de otros países. La exportación de alimentos es en demasiadas ocasiones la única fuente de riqueza de un país, no tiene por qué socavar las posibilidades de alimentar a la población propia y es fuente de desarrollo. Hoy son mil millones los seres humanos que sufren hambre y desnutrición; mañana podrán ser muchísimos más.
Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Biología animal y ex rector de la UPV-EHU.