Minería y desarrollo sostenible

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible fijados para el 2030 por la ONU persiguen grandes beneficios para la humanidad, entre los que destacan asegurar un nivel de desarrollo económico que ponga fin a la pobreza de miles de millones de personas y el tránsito hacia un modelo energético que garantice el acceso universal a un suministro fiable y limpio. Sin embargo, lograr estos objetivos pasa inexorablemente por el uso creciente de una amplia gama de recursos minerales. En buena medida, porque las previsiones apuntan a que la población del planeta seguirá aumentado en las próximas décadas, hasta superar los 9.000 millones hacia mitad de siglo.

Centrándonos, por ejemplo, en la transición hacia un modelo energético descarbonizado y en los recursos minerales que este requiere, resulta evidente que el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, pasa por la utilización masiva de paneles y turbinas cuya manufactura requiere del uso intensivo de metales. Un hecho que suscita una curiosa paradoja, ya que buena parte de la opinión pública que apoya el despliegue de las fuentes energéticas mencionadas muestra un rechazo frontal a la actividad minera. Una actitud que suele conllevar que la apertura de nuevas minas, especialmente en los países desarrollados, sea hoy en día una misión casi imposible.

Resolver esta contradicción requiere de un doble cambio: el de la forma de operar de la industria minera, por un lado, y el de la percepción que la sociedad tiene de la minería, por otro. Como sociedad debemos aceptar que no es posible aspirar a un desarrollo económico global sostenible sin un suministro adecuado de minerales. Al mismo tiempo, gobiernos e industria deben asegurar que la explotación minera no degrade el entorno, estableciendo un estricto marco regulatorio e implementado una serie de buenas prácticas, inequívocamente ecológicas.

La mala reputación de la minería no es injustificada. Basta con recordar accidentes como el de Aznalcóllar, acaecido en nuestro país en 1998, o el que tuvo lugar en la mina Gold King en 2015, en EEUU. Las actividades mineras pueden tener un impacto devastador sobre las comunidades humanas y el medio ambiente y por ello no resulta sorprendente que cualquier plan para abrir o expandir minas genere oposición y movilizaciones sociales. Una oposición que no responde exclusivamente al denominado fenómeno NIMBY (‘not in my back yard’, no en mi patio trasero) integrado por ciudadanos que intentan proteger sus intereses y el entorno en el que habitan. La protesta también procede de colectivos más radicalizados que se oponen por motivos ideológicos a cualquier intervención sobre el territorio, en lo que se ha venido a denominar de forma coloquial el fenómeno BANANA (‘build absolutely nothing anywhere near anything/anyone’, no construir absolutamente nada en ningún lugar cercano a nada/nadie).

La sociedad debe saber negociar las maneras de alcanzar los objetivos de un desarrollo económico sostenible, evitando al mismo tiempo los impactos ambientales derivados de la minería.

Nos guste o no, hemos de asumir que el crecimiento económico implica la apertura de nuevas minas en algún lugar del mundo, de modo que una oposición furibunda en una región acarrea la expansión de la actividad minera en otra, típicamente en países en los que los estándares de seguridad, protección ambiental y de cumplimiento de la ley son poco estrictos, lo que a la postre equivale a externalizar la polución y el riesgo.

Los ciudadanos del primer mundo debemos ser conscientes que para no caer en actitudes éticamente reprobables como la que acabamos de comentar y, al mismo tiempo, gestionar las limitaciones geopolíticas en el aprovisionamiento de minerales, no queda más remedio que reducir el uso de tales recursos, reciclarlos y aceptar la actividad minera en nuestros territorios.

Paralelamente, la industria minera tiene la responsabilidad de garantizar unas prácticas respetuosas con el medio ambiente, estrictamente ajustadas a las exigencias regulatorias y generadoras de beneficios para el país en el que se desarrollan. Por su parte, gobiernos y legisladores deben instaurar severas restricciones ambientales y asegurarse de que las compañías mineras aceptan las responsabilidades que puedan derivarse de cualquier violación de las normas o accidente. Todo ello, sin olvidar la necesaria inversión en I+D en el campo de nuevos materiales y en la mejora de las técnicas mineras, de reciclaje y de diseño de productos.

Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos. Facultad de Geología (UB).

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