Mirando hacia atrás sin ira

Por Ferran Gallego, profesor de Historia de la UAB (EL PERIÓDICO, 18/01/06):

Durante la campaña electoral de 1979, Blas Piñar reiteraba que la Constitución “había nacido muerta”, refiriéndose a su contenido contrario al “ser español” y a su menguada aceptación electoral. De Gaulle pudo instalarse en una crítica permanente a la IV República, aludiendo precisamente al escaso apoyo obtenido en el referendo de 1946, algo que tuvo dos efectos esperados por el astuto general: denostar a aquella “democracia de partidos”, y obtener el apoyo a una alternativa populista y plebiscitaria que pudo instalarse tras el golpe de Estado de 1958, después de una tarea sistemática de erosión que esparció el escepticismo entre los ciudadanos, seguros de vivir en un sistema político impotente, caduco desde su agónico alumbramiento. A fin de cuentas, toda ruptura institucional se consolida mucho más por el cansancio ante lo existente que por la esperanza del cambio prometido. Y lo arriesgado sería asumir como actitud cultural que justificara el cambio no tanto las necesidades de ahora como las frustraciones de entonces. La apertura de un proceso de actualización institucional sólo puede hacerse –si no quiere realizarse una fractura generacional que acompañará a otro tipo de rupturas aún más peligrosas– con una verdadera superación histórica. Lo cual implica aceptar aquella renuncia parcial de todos los proyectos, con una insatisfacción relativa de todos que aseguraba un territorio habitable común. Plantearlo de otro modo, para señalar la falta de voluntad, la conciencia rastrera, la “brutal prudencia” pasoliniana de quienes negociaron la travesía, no sólo parece olvidar las condiciones del cambio, sino la forma en que las cosas podían haber ido peor, olvidando las victorias obtenidas. Como el mismo proceso constituyente, poco deseable en principio por buena parte de la elite procedente del franquismo. Cuando uno lee lo que ciertos comentaristas afirman acerca del proceso de reforma que se plantea para el conjunto del país, debe considerarse que esto solamente puede salir bien si deja de propagarse como respuesta, de lo que tan mal, tan acobardadamente, con tan escasa conciencia de derechos colectivos, se hizo en su momento. La adecuada memoria histórica de Catalunya y de España entera sufrirían un descalabro importante si nos apartáramos de un análisis adecuado –no sólo generoso o compasivo– de aquella situación, orgulloso de lo logrado y dispuesto a una constante apertura de las reformas indispensables, que no pueden ir precedidas de una degradación política de quienes desafiaron a la dictadura con los recursos que tenían a mano. Y, visto lo que se ha podido hacer, no creo que la comparación con lo que era este país en 1975 aguante el timbre de ciertas lamentaciones ni la ronquera de ciertas acusaciones de displicencia política o fragilidad ideológica.

NO SE trata de la defensa corporativa de una generación, aunque no creo que sea desdeñable sostener la vigencia de una tradición democrática que se va construyendo, una conciencia que supera a los propios textos, para referirse a la convicción social con que se admitieron. Hay algo que debería preocuparnos más, a no ser que se trate, precisamente, de buscar la fractura del nivel de consenso alcanzado en aquella ocasión. Pues podemos enfrentarnos a otro proceso constituyente paralelo que, presentándose en forma de fundamentalismo constitucional, puede acabar contemplando el proceso que culminó en el 78 como un exceso, como algo que ya contenía en un doble fondo cultural, a la espera de mejores circunstancias, las propuestas que se realizan ahora. Puede ir edificándose una cultura política que proceda a la deformación de una derecha normalizada a comienzos de los años 90, y que podría instalarse en la sociedad española como permanente área de exclusión afectiva, de rechazo del orden que se reforma. Una cultura que se manifiesta mediante la rectificación de sus planteamientos ideológicos, yendo en busca de los que parecían superados en ámbitos como el fundamentalismo religioso y una reticencia que no es sólo ante el nacionalismo, sino que puede llegar a ser ante el propio régimen de las autonomías, y que modifica sus formas de acción deteriorando la opción representativa de nuestro sistema a favor de las prácticas escénicas del populismo. Si volvemos a utilizar la actitud de De Gaulle como metáfora, no hay que olvidar que su mensaje acabó calando en el inesperado surgimiento de un nuevo nacional-populismo autoritario que tuvo como eje de su programa la superación de la V República.

POR ELLO, el proceso de reforma abierto sólo puede encararse neutralizando lo que tal vez a algunos les resulte atractivo desde posiciones opuestas. No debe hacerse sólo con el respeto a los procedimientos –esto debería darse por sentado–, sino con algo que resulta más difuso, pero que acompaña cualquier proceso con voluntad de permanencia y obtención de niveles de convivencia adecuados: una cultura democrática basada en la tolerancia, en la confianza mutua, en la voluntad de no confundir las convicciones de unos con la voluntad de todos, en una nueva etapa de compromisos acompañados de renuncias en beneficio de una satisfacción más amplia. Tales mecanismos de seguridad nos evitaría un escenario indeseable: que la resistencia a la actualización y el vigor de nuestras instituciones no sólo se enfrente a una cuestión reglamentaria, sino a una cultura política que asoma en el horizonte: un populismo autoritario que, bajo el pretexto de una defensa constitucional, nos puede ofrecer todo lo contrario al espíritu constituyente. Pues éste nunca fue la impasible duración de una serie de textos legales, sino su lealtad a la soberanía de los ciudadanos y el respeto de sus legítimos representantes.