Miseria del guerracivilismo

El Gobierno prepara la retirada envuelto en su búnker con la macabra bandera del guerracivilismo. Conspicuos viajes a Francia para visitar las tumbas de antiguos exiliados -que ya podrían estar en España- para llamar más la atención en el extranjero y de los compradores de nuestra deuda pública de la debilidad institucional que genera eso que hemos llamado «economía del guerracivilismo». Es decir, todo ese conjunto de «inputs» o insumos materiales e inmateriales que derivados de la guerra civil trata de obtener réditos diversos de la retrotracción del propio entorno y tensión social que provocó dicha confrontación fratricida.

Una alternativa recurrente, escapista, a la de intentar solucionar los problemas reales de la economía española, actuando como cortina de humo divisiva en torno a la interpretación de un triste pasaje de nuestra historia. El catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Sevilla José M. Cansino se hacía eco de tal definición en un artículo relacionándola, por un lado, con la tesis de Alfonso Lazo, en su doble condición de experto en historia contemporánea y protagonista de la Transición, quien explicaba la Ley de Memoria Histórica de Zapatero como la sublimación por parte de algunos de una frustración de «lucha postrera contra un dictador muerto alanceando el nomenclátor de las calles, las fachadas de los edificios o acomodando en el Código Penal una sanción de inspiración antinegacionista». Y por otro con la tesis del profesor José A. Parejo para quien el guerracivilismo de Sánchez le sirve a éste como agente diferenciador con el PSOE de González «que fue capaz de sentar en la misma bancada a hijos de fusilados por el Frente Popular en Paracuellos -como el propio Lazo- con hijos de fusilados por el bando nacional… y con el… desafortunado convencimiento de que la fractura social será inocua… con… desprecio a los que se afanaron en cerrar las heridas de la guerra… y al valor de la cohesión nacional».

Y es que, en este contexto, la referida Ley genera costes, especialmente extraeconómicos. Los de energías e integración social e institucional que tal legislación provoca con su corrosiva aplicación. En economía está demostrada la correlación existente entre desarrollo y cohesión social. Y cómo los países con mayor «calidad como nación» -por utilizar la expresión de Friedrich List- son los que presentan mayor homogeneidad e integración del pasado común, al redundar en un mayor potencial de crecimiento futuro.

Uno de los grandes legados de la presidencia de Felipe González fue dejar enterradas y superadas heridas pasadas, lo que fue clave de sus sucesivas mayorías absolutas. Ni pretendió enmendar la Constitución, con sus 202 diputados, ni condescendió con las visiones del comunismo residual. Pero enfrentó la reconversión industrial, la sanitaria, o una valiente reforma laboral. Bajo su presidencia se repusieron justamente antiguos nombres a calles que durante el franquismo los habían perdido. Incluso se colocaron las estatuas de Largo Caballero y Prieto junto a la de Franco en Madrid. ¡La de Largo, el gran golpista de la República!; inductor de la sangrienta insurrección anticonstitucional de 1934, con su «huelga general revolucionaria» pretendiendo una «dictadura del proletariado»; con más de mil muertos y daños materiales; «comunas», «columnas obreras», y una incipiente guerra civil -ahí empezó- en Asturias, con asaltos a ayuntamientos, cuarteles o sedes provinciales del Banco de España; incendio de la Universidad, destrucción de la Cámara Santa y una parte importante de patrimonio histórico y artístico. Largo diría «la revolución que queremos solo puede obtenerse por medio de la violencia». Y con su revolución pro-bolchevique de octubre inoculó esa vena guerracivilista en el marxismo español que al margen de Besteiro y otros, tantas desgracias traería. Y que tras las elecciones de febrero de 1936 -demostradas ya claramente fraudulentas- acabaron en una confrontación armada, tras el asesinato del mismísimo líder de la oposición parlamentaria. Ya lo había denunciado Unamuno: «El gobierno de Madrid ha caído en manos de unos pistoleros».

Soy testigo de cómo delegaciones extranjeras que visitaban Madrid interpretaban aquellas tres estatuas de los Nuevos Ministerios, apenas separadas unos metros, como un signo más de reconciliación y estatura moral de la nueva España de la post-transición. ¿Se deberán retirar también?

En plena guerra fría y con media Europa bajo el yugo de las «dictaduras del proletariado» el entonces ministro de Exteriores, Martín Artajo, y miembros importantes de la corriente más aperturista del régimen, invitó a visitar en 1953 las obras del Valle de los Caídos al cardenal Roncalli, luego Juan XXIII. La idea era mostrarle el singular enclave que albergaría a muertos de los dos bandos, buscando superar la guerra. Luego, declarada Basílica por tal Papa, se inició el llamado «Centro de Estudios Sociales» de la Abadía, con el catedrático de Derecho Político Sánchez Agesta como director, primer rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí se reunieron entre 1958 y 1982 una pluralidad de profesores e intelectuales que con sus mesas redondas, jornadas y trabajos tuvo entre sus objetivos permanentes el proceso que hizo posible la Transición.

Como cada presidente, Sánchez podría haber tenido sus retos, aun con sus 84 diputados y sin ganar unas elecciones. Como consolidar y prolongar la recuperación intentando sacar a la economía española de la crisis de deuda que nos condiciona. Más allá de su señuelo político con Franco y el Valle de los Caídos como mero instrumento de política económica y electoral. Pudo intentar consensuar y reunir allí de forma voluntaria y familiarmente acordada a todos cuantos padecieron de una u otra forma la guerra. Así se empezó a hacer en EE.UU., tras la guerra civil americana 1861-1865, con el centro de reconciliación y peregrinación que es hoy el cementerio de Arlington. En la mismísima finca del General Lee, con su «Arglinton House» y The Robert Lee Memorial, en Virginia.

Con un complejo de 1.365 hectáreas que eventualmente permitiría nuevos elementos, ¿No podrían yacer también allí Machado, Azaña o los generales Miaja, Rojo, Batet, Campins, y todos cuantos se vieron envueltos en la perversa vorágine que desde el crack de 1929 condujo a la gran depresión de los años treinta? Porque sin esta profunda crisis económica no comprenderíamos aquella guerra civil europea 1936-1945 y sus más de 60 millones de muertos.

Javier Morillas es catedrático de economía aplicada de la Universidad CEU San Pablo.

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