Intentar extraer lecciones de la historia es siempre tentador. Buscamos respuestas que no tenemos y la historia suministra argumentos de cierta utilidad. A las puertas de la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, popularizada como la Pepa (pues se aprobó el día de San José), vamos a volver a escuchar la repetición de algunos tópicos. No cabe duda de que la Carta gaditana marcó el paso del antiguo régimen al sistema político liberal, que se puede resumir en los principios de soberanía nacional y división de poderes. Ahora bien, no debe confundirse esto con un régimen democrático, parecido al actual, ya que, entre otras limitaciones, el poder ejecutivo lo seguía ejerciendo el monarca y el sufragio universal excluía a buena parte de la población: mujeres, pobres, analfabetos, sirvientes, negros, criollos o indios. No todos los españoles de «ambos hemisferios» eran iguales en derechos.
Si bien la Constitución de 1812 otorgó importantes libertades modernas (de expresión, imprenta, reunión, propiedad y seguridad), dejó al margen una muy importante: la libertad religiosa. Las circunstancias históricas particulares, derivadas del enorme peso del catolicismo y, sobre todo, de la influencia del clero en la sociedad, impusieron al liberalismo español esta cortapisa, si bien fue compensada con la abolición inmediata de la Inquisición. Con todo, pese a sus limitaciones, la Pepa se incrustó en el imaginario popular del siglo XIX como un mito revolucionario. A ello ayudó mucho que fuese derogada con el retorno del absolutismo oscurantista de Fernando VII. Con el texto de Cádiz, pues, lo primero que se debe evitar es la confusión entre liberalismo y democracia, ya que para garantizar un sistema de derechos democráticos universales el liberalismo político es condición necesaria pero no suficiente.
Al lado de esta precisión, hay otro peligro en este año de celebraciones: la tesis de aquellos que quieren ver en Cádiz aquel momento histórico donde se materializa la construcción de una España uninacional. La invocación que desde posiciones neocentralistas se hace de la Constitución de 1812 es la mejor prueba de ello. Así, cuando tiempo atrás se puso en marcha el programa de actos reivindicativos de la Pepa, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, afirmó: «En el espíritu de 1812 la cohesión nacional y la libertad caminan unidas», «en Cádiz no hay provincia, no hay más que una nación, no hay más que España», y «en los revolucionarios [gaditanos] sobresale la defensa de la unidad nacional frente al federalismo».
Un primer aperitivo de este renacido historicismo nacionalista ya lo tuvimos en la pasada celebración de la guerra de la independencia, bicentenario que estuvo preñado en muchos libros, exposiciones y, particularmente, en los discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de un espíritu contrario a aquello que con tanto acierto recomendaba el historiador José Álvarez Junco cuando, avisando de lo que podía suceder, recordaba que «lo sustantivo de la guerra de la independencia no es la nación, sino la libertad». «Exaltemos, pues, aquel intento de establecer la libertad, en lugar de exaltar la nación», concluía el autor del excelente ensayo sobre la idea de España en el siglo XIX Mater dolorosa (2001).
En ambos casos, estamos frente a un discurso que identifica la unidad con el unitarismo. Una visión que esconde que, ya en Cádiz, se planteó otra idea de España, como la que hicieron algunos diputados catalanes, aragoneses y valencianos, que implicaba respectar la diversidad de las «provincias», de los antiguos reinos históricos, de «esas pequeñas naciones», como las llamó Antoni de Capmany, que habían salvado España, mediante las juntas provinciales, de ser derrotada frente al invasor francés. Si bien la conciencia nacional española es indudable en todos los diputados, no fue unívoca, tal como se manifiesta en un interesante debate sobre el artículo 12 de la Constitución, referente a cómo dividir España, que las circunstancias políticas no permitieron concluir. Habrá, pues, que estar prevenidos frente al martilleo de una vulgata historiográfica que no quiere reconocer que si el federalismo surgió a lo largo del siglo XIX fue justamente porque el discurso liberal gestado en Cádiz no pudo consensuar una idea monolítica del Estado.
La vieja dialéctica entre la España horizontal (compuesta y diversa) y la vertical (unitarista y asimilacionista) no se pudo resolver definitivamente a favor de la segunda. Como tampoco bajo las dos dictaduras militares del siglo XX. En cambio, como escribe Ricardo García Cárcel en Felipe V y los españoles (2002), la Constitución de 1978 y el modelo autonómico que se desarrolla es «una vía de encuentro entre aquellas dos Españas de la historia conflictiva». Y añade, acertadamente: «Porque, si algo se ha constatado, es que la victoria absoluta de una de ellas es imposible». Pues bien, ahora que soplan vientos cruzados de recentralización en un lado y de soberanismo en otro, creo que deberíamos tener bien presente esta reflexión.
Por Joaquim Coll, historiador.