Entre los más serios e ilustres filósofos políticos que inventaron la democracia constitucional moderna nunca hubo debate alguno acerca de la figura de la jefatura del Estado. El verdadero debate siempre consistió en cómo encontrar mecanismos de gobierno que permitieran garantizar la libertad, la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos dentro de ley.
Para ello se concibió un poder político limitado y dividido en tres funciones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial, cuya separación e independencia determinan la calidad del gobierno. Esta discusión política nació en la Inglaterra del siglo XVII a través de Hume, Smith, Burke y Lord Acton; a la que se incorporaron Constant y Tocqueville en Francia; Kant, Schiller y Humblot en Alemania y
Madison, Marshall y Webster en Estados Unidos. Este proceso que fue desarrollándose progresivamente en Inglaterra mediante normas fragmentarias y culminó con la primera constitución escrita -y obra maestra del género- de 1787 de Estados Unidos.
La separación de poderes en Estados Unidos condujo a una república presidencialista en la que el jefe del ejecutivo deriva su poder directamente del pueblo y, en consecuencia, puede pertenecer a un partido diferente del que controla el congreso. En Inglaterra el sistema político derivó hacia un modelo parlamentario mientras que la jefatura del Estado continuó -ya sin poderes y más bien simbólicamente- correspondiendo al monarca de turno. Justo lo que sucedería en las monarquías europeas más consolidadas: la tradición -la democracia extendida en el tiempo, según Chesterton- monárquica se fusionó sabiamente con el moderno estado de Derecho.
Mas tarde aconteció la Revolución Francesa, antecesora del socialismo moderno, que sostenida filosóficamente por Voltaire, Rousseau y Condocet, y basada en un racionalismo constructivista, planteaba unos poderes ilimitados de la mayoría que cuestionaban la división de las funciones del Estado. Según Hayek, ninguna revolución violenta ha servido para aumentar el respeto a la ley: los revolucionarios franceses impusieron la égalité de fait en lugar de la égalité de droit.
Mas tarde Francia reformaría su constitución asumiendo el modelo presidencialista norteamericano, normalizando así su sistema político.
Sirva este recordatorio para señalar que la 2ª República española, que nuestros progresistas tienen por bandera, fue una experiencia institucional fallida y sin antecedentes desde la destructiva revolución francesa. He aquí las principales razones del fracaso:
La constitución republicana se redactó de prisa y corriendo recortando y pegando bastantes pasajes de la de la URSS de 1918 -el primer artículo-, de la de México de 1917, de la alemana de Weimar, etc... Para Ortega y Gasset fue una «constitución lamentable, sin pies ni cabeza...». Entre sus extravagancias, dotó al presidente de la república de la potestad de elegir como presidente de gobierno a un perdedor de las elecciones.
El voto femenino que incorporó la constitución republicana contó con el voto en contra de Victoria Kent y la abstención de Indalecio Prieto.
Fue votada en el primer parlamento republicano con una exigua mayoría y nunca fue sometida a refrendo ciudadano. Fue una constitución de izquierdas contra media España, muy alejada de la liberal de 1812, que fue tomada como ejemplo en Europa, y no digamos de la actual, consensuada y legitimada por los votos de la inmensa mayoría del pueblo español.
Para Julián Marías: la quema de conventos el 11 de mayo de 1931, cuando la República no había cumplido aún un mes... la reacción del Gobierno fue absolutamente inadecuada, hecha de inhibición, temor y respeto a lo despreciable. «Todos los conventos de Madrid no valen la uña de un republicano», sancionó Azaña, insensible a la quema de los 80.000 libros de uno de ellos.
Aunque la 2ª República se proclamó tras unas elecciones municipales, que se completarían posteriormente el 31 de mayo en los ayuntamientos con irregularidades, ya no volverían a celebrarse más, según Mariano Llovet en sus «Personas y días de la Segunda República». Los municipios y las diputaciones habían quedado -a través de un decreto de 22 de abril- sometidos a los gobernadores civiles de designación política.
La llegada al gobierno en 1934 de algunos ministros del partido que había ganado ampliamente las elecciones del año anterior dio lugar a un doble intento de golpe de Estado en Asturias y Cataluña. Para Manuel Chaves Nogales: «La revolución de los dinamiteros» fue mucho más violenta y sangrienta que la francesa o la soviética. La revolución de Asturias quemó todos los libros -unos 60.000 según Josep Pla- de la Universidad de Oviedo.
La censura de prensa, establecida por la Ley de Defensa de la República en 1932, manejada al margen de la Justicia por los gobernadores civiles designados por el gobierno, no fue nunca levantada.
El secuestro y crimen de Estado del diputado Calvo Sotelo por la policía del Estado, obviado por el Parlamento, no tiene parangón en los países civilizados. Y menos aún que el fiscal general de la República y después ministro de Gobernación, Ángel Galarza, dijera en un discurso en Menorca que «sintió no haber participado» en su muerte.
Frente a la incomprensible -desde la verdad de los hechos- reivindicación del mito de la 2ª República, se alza la realidad histórica de la institución monárquica:
La Monarquía española, desde tiempos de los Reyes Católicos, ha tenido la trayectoria más larga y fecunda de la civilización occidental, incluyendo largas etapas muy brillantes y otras más controvertidas.
La ejemplaridad de la renuncia al trono de Alfonso XIII, evitando males mayores, fue admirable.
La grandeza de la obra de Juan Carlos I no tiene parangón histórico: protagonista de una Transición democrática -de la ley a la ley- devenida en referencia mundial que abrió las puertas a una etapa de progreso sin igual y brillante embajador de la España, internacionalmente más prestigiosa, que hemos conocido en siglos.
La sucesión en la Jefatura del Estado es impensable que se hubiera producido mejor en un ámbito republicano, mientras que las competencias, dedicación, seriedad, rectitud y grandeza de comportamiento de nuestro actual Rey son inimaginables se pudieran encontrar en un político al uso.
La Monarquía española, tras siglos de andadura, ha demostrado una capacidad de supervivencia y justificación histórica de base empírica, que resulta incomparable con una fantasiosa mitología republicana ajena a la realidad histórica.
Las naciones progresan, no porque sus instituciones no puedan cometer errores, sino porque en una sociedad abierta a la crítica se reconocen y se enmiendan; no de cualquier manera sino de acuerdo con las leyes.
Jesús Banegas es presidente del foro Sociedad Civil.