Mitos y realidad de la Banca andorrana

?Qué sabemos los españoles en realidad de la banca andorrana? Si nos atenemos a los datos y aparcamos los mitos, si valoramos objetivamente el estado de salud de sus cuentas y su nivel de homologación con la normativa que rige en el sector financiero europeo, el resultado es sorprendente. Vale la pena hacer el ejercicio, habida cuenta del coste en imagen de dos asuntos recientes: el señalamiento de BPA por parte del Tesoro estadounidense como entidad dedicada al blanqueo y las salpicaduras del caso Pujol.

A principios de este año, Andorra firmó con la Unión Europea el Intercambio Automático de Información fiscal, cuya plena entrada en vigor está prevista para fecha tan próxima como el 1 de enero de 2017. Cuatro días después de la firma del IAI, entró en vigor el Convenio de doble imposición entre el Principado y España. Subrayemos que Andorra había salido de la lista española de paraísos fiscales ya en 2010 al suscribir nuestro propio Convenio de Intercambio de Información fiscal. El pleno ajuste a la regulación y exigencias de la UE viene a coronar el trabajo de un cuarto de siglo.

En 2009, Andorra firmó la Declaración de París y, a partir de ahí, ha adaptado los estándares de la OCDE en materia de transparencia fiscal. Según lo previsto, el Principado ha ido suscribiendo convenios bilaterales. La OCDE exigía un mínimo de 12; ya lleva 24, entre ellos con España. En 2011 aprobó la ratificación del Convenio de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y en 2013 legisló contra el blanqueo de capitales incorporando las disposiciones normativas de la UE.

Esta tanda de reformas fue atizada por la crisis financiera internacional, por los cambios europeos en la materia, con crecientes exigencias y complejidades, y por la voluntad de las autoridades del Principado –y de la mayor parte de entidades– de garantizar un sector bancario sólido, transparente y solvente que resultara competitivo por sí mismo a nivel internacional, y que hiciera posible una economía andorrana competitiva.

Pero antes de esta etapa se había ido desmontando otro mito persistente: el de la no imposición de los rendimientos del ahorro. De nuevo mediante un Acuerdo con la UE, en 2005 se legisló en el Principado la obligación de retener en origen sobre los pagos de intereses a personas físicas residentes en la UE. Durante los siguientes seis años, las retenciones pasaron del 15% al 20% y de ahí al 35%. El 75% de lo retenido se transfiere a la UE. En concreto, a los países de residencia de los beneficiarios.

¿Y qué ha sido del BPA? Fue intervenido por el Gobierno andorrano y sus depósitos quedaron garantizados con la ayuda de un sector que ha cumplido a pies juntillas con los estándares europeos de transparencia. Y sin banco malo. El problema no hay que buscarlo pues en un sistema que en su conjunto ha funcionado, gracias entre otras cosas a la rápida adaptación a la legislación andorrana de la directiva de la UE sobre la resolución de entidades bancarias. El problema hay que buscarlo en una entidad que ignoró las regulaciones de su país y las internacionales, en una entidad que ayudó a los Pujol a evadir impuestos. Y en un apellido: Cierco. Hoy el negocio de BPA ha sido vendido de acuerdo con protocolos europeos. Algo sabemos en España de entidades desaparecidas, ¿verdad?

El sector, limpio de polvo y paja, está agrupado en la Asociación de Bancos Andorranos y representa, junto con el asegurador, más del 20% del PIB. Lo forman cinco grupos:, Andbank, Mora Banc, Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d’Andorra y Vall Banc Su volumen agregado en 2015 fue de 45.000 millones de euros, sus depósitos están por encima de los 11.000 millones y su inversión crediticia agregada roza los 6.500. Cerró el año con un beneficio neto de 168 millones, un 8% menos que el año anterior, básicamente como consecuencia de los bajos tipos de interés en Europa y los costes de su expansión internacional. La ratio de solvencia fue del 21,85%, más del doble de lo que requiere su normativa. La liquidez agregada fue del 71,17%. Su sistema de verificación del origen y destino de los fondos está avalado por el FMI y el Consejo de Europa. Desde el año 2000 existe un órgano independiente, la Unidad de Inteligencia Financiera, que, en el marco de la cooperación penal internacional lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Si las arriesgadas y dudosas prácticas que condujeron en España al rescate de una parte importante de nuestro sector financiero no tienen por qué condicionar, ni mucho menos determinar, el futuro del mismo, tampoco ese debe ser el caso de Andorra, donde la confianza de los clientes, el principal activo de un banco, está más que demostrada. Y con razón.

Juan Carlos Girauta, diputado por Ciudadanos.

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