Los socialdemócratas fueron determinantes en la creación de los Estados del bienestar tras la Segunda Guerra Mundial y deben seguir siendo sus máximos defensores. Pero los enormes cambios económicos y sociales ocurridos desde entonces exigen nuevas e innovadoras políticas. Ahora, los sistemas de protección social deben servir a sociedades más complejas y en cambio permanente, lo que implica estrategias centradas en empoderar y formar a los ciudadanos, en un mercado que impone demandas crecientes de capacitación y flexibilidad.
En este sentido, la experiencia escandinava puede aportar lecciones para España. A principios de los años 90 los países nórdicos, enfrentados a serias crisis económicas, implementaron profundas reformas económicas y sociales para recuperar el crecimiento y garantizar la viabilidad de sus Estados del bienestar. Se basaron en tres pilares:
1. Mejoraron su competitividad con reformas en la formación, la movilidad geográfica y los incentivos al trabajo. Se puso mucho mayor énfasis en las políticas activas de empleo, en la formación continua, la empleabilidad de los trabajadores y en la igualdad de género.
2. Se puso enorme énfasis en la calidad del gasto, priorizando las inversiones y partidas en nuevos sectores y actividades que promovieran el crecimiento. Además, se establecieron rigurosos sistemas de evaluación del presupuesto y revisión de las políticas, y se promovió la transparencia absoluta en su utilización. Muchos programas sociales evolucionaron desde los beneficios universales a otros dependientes del nivel de ingresos.
3. Se aumentó la inversión en I+D+i y en TIC y se mantuvo incluso en los periodos de crisis.
El éxito de las reformas escandinavas desmiente las teorías neoliberales, al combinar Estados del bienestar fuertes, alta fiscalidad y baja desigualdad, junto a bajo desempleo y altas tasas de crecimiento, productividad y competitividad.
España, por el contrario, se ha convertido en uno de los países con mayores niveles de desigualdad y pobreza de la UE. El empeoramiento en los niveles de renta se ha concentrado en hogares con menores dependientes, lo que tiene implicaciones directas muy negativas en la igualdad de oportunidades. Las políticas públicas han perdido en las dos últimas décadas buena parte de su capacidad redistributiva.
El nivel de gasto público en España es inferior al de la media europea (43,8% del PIB frente al 47,3%) y los recortes recientes han ampliado la brecha. Pero la respuesta no puede centrarse únicamente en revertir los recortes, sin enfocarse en la calidad e impacto del gasto. Las transferencias públicas en España, excluidas las pensiones, reducen el riesgo de pobreza en un 26%, comparado con el 33,4% de media europea, y muy alejada de los países nórdicos, alrededor del 50%. En España buena parte del gasto público se destina a partidas con escasa progresividad, beneficiando fundamentalmente a clases medias-altas, como la educación universitaria, la concertada o muchas desgravaciones fiscales.
Así pues, garantizar la igualdad de oportunidades potenciando la educación preescolar tendría más relevancia que una igualación de rentas posterior, también mayor énfasis en políticas de formación y reciclaje para los parados, o políticas familiares, de ayuda a la dependencia y de igualdad de género que incentiven la plena integración de las mujeres en el mercado. Igualmente, garantizar el acceso a los medicamentos de las rentas bajas tendría prioridad frente a su gratuidad universal.
Al tiempo, nuestro Estado del bienestar debe ser mucho más eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión, cubriendo los nuevos riesgos sociales. Nuestro sistema de bienestar está muy vinculado al mercado de trabajo, pero con la crisis han surgido numerosos colectivos que han quedado desprotegidos (familias monoparentales, jóvenes,..). Por ello, es fundamental poner en marcha algún tipo de renta básica de inserción que garantice un mínimo vital a todos los ciudadanos.
Finalmente, se debe impulsar una nueva relación entre las administraciones públicas y una ciudadanía más empoderada y responsable, mejorando la eficiencia y agilidad del sector público, la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas.
El enfoque aquí delineado persigue mejorar la eficiencia y favorecer la equidad, objetivos nos siempre compatibles. El éxito futuro de la socialdemocracia dependerá en buena parte del espíritu reformista e innovador, capaz de avanzar ambos valores juntos.
Manuel de la Rocha, economista. Exsecretario de Economía del PSOE. Becario de "la Caixa" y analista de Agenda Pública.