Momento Moncloa

La nueva correlación de fuerzas en Madrid, el inicio del curso político y ese ambiente otoñal que nos inunda me retrotraen a un lejano octubre de 1977, aquel en el que se alumbraron los Pactos de la Moncloa. Desde la atalaya de hoy, estos emergen como una de las piedras angulares sobre la que se asentó parte de la construcción de la España moderna, con un sistema fiscal más cercano al de los países europeos y mayor control de los desequilibrios macroeconómicos (en el verano de 1977, la inflación se había encaramado al 35% anual). Fueron unos pactos ambiciosos, que abarcaban desde la política fiscal a la industrial y energética, desde el urbanismo a la política de salarios y desde la financiación de la Seguridad Social y las pensiones a la política monetaria.

Pero lo esencial de aquel consenso no fue ni el éxito en doblegar la inflación, ni otras medidas que estabilizaron una economía desbocada o sentaron las bases de un moderno Estado fiscal, sino la propia idea de trueque político. Un intercambio en el que los sacrificios que se exigían a sindicatos y partidos de izquierda (para 1978 el tope salarial se fijó en el 18%) se compensaban con salario social indirecto, en forma de mayor gasto educativo, aumentos de pensiones y otras medidas similares.

Salvando todas las distancias, y son muchas, la correlación de fuerzas y el tono del debate de hoy parecen sugerir la posibilidad de un concierto económico-social de largo alcance. Así lo apuntan la apertura de la mesa para la reforma de las pensiones, la primera convocatoria de pacto social entre sindicatos y empresarios o la creación de la subcomisión para la reforma educativa. De aquel posible acuerdo, tres son los elementos que merecen consideración: necesidad, amplitud y financiación.

Por lo que respecta al primero, desde el 2008 España lo venía precisando: enormes desequilibrios de deuda acumulados en España, cambio de nuevo modelo productivo, elevado paro, pérdida de empleo y pobreza rampante exigían, y exigen, respuestas no partidarias. Y las incertidumbres que nos acechan las hacen más perentorias.

Los aspectos que debería abordar están parcialmente encima de la mesa. Así, hay ya primeros apuntes sobre la reforma de pensiones, que podría ir en la línea, más aceptable para sindicatos e izquierdas, de extraer de la caja general aquellas que no son contributivas (básicamente, las de viudedad). Esta propuesta también tiene un cierto aire 'monclovita' (de los Pactos de la Moncloa, se entiende): en 1977 se acordó aumentar sustancialmente la contribución del Estado (con impuestos) a la financiación de la Seguridad Social. Añadan a ello una reforma educativa que abordase los problemas de fondo que tiene el sistema, desde el fracaso escolar a la baja tasa de escolarización posobligatoria o los excesos en el número de graduados universitarios, así como la infrafinanciación de las universidades. E incluyan, finalmente, una política de infraestructuras que abandonase la obsesión por el AVE y destinase el esfuerzo hacia obras con impactos conocidos sobre la productividad. A todo ello debería sumarse la ampliación de recursos para ampliar la financiación de la investigación y el desarrollo. Pensiones, educación, infraestructuras e I+D son buenos mimbres para un gran pacto en el que los sindicatos acabasen aceptando el grueso de la reforma laboral del PP, una línea roja de difícil modificación por parte del Gobierno.

Pero, ay, todo lo anterior no parece posible sin un aumento de los ingresos públicos. Ahí es donde debería apretarse al Gobierno: a modificar su política fiscal y finalizar los recortes de gasto, con una senda alcista en la recaudación que nos acercase hacia medias europeas (un 37% del PIB en España frente al 46% de la Eurozona). Ahí deberían sumarse la lucha contra el fraude de Montoro (y la rebaja sustancial de los pagos en efectivo) con una reforma fiscal que hiciera más justa la distribución de la carga tributaria y aumentara el peso de los ingresos. También en este aspecto los Pactos de la Moncloa podrían servir de referencia: en 1977, la presión fiscal se situaba en el 26% del PIB; en 1985 había alcanzado el 36%.

Fiscalidad, pensiones, educación, infraestructuras físicas, I+D configuran un paquete que podría dar un impulso al necesario aumento de la productividad, estabilizar las pensiones, finalizar los ajustes en gasto e iniciar una nueva senda de aumento de los ingresos. Ojala ese 'dejà vu' que nos inunda impulse, finalmente, unos acuerdos globales de los que este país estaba, y está, más que necesitado.

Josep Oliver Alonso, UAB y EuropeG.

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