Por Javier Fernández Sebastián, catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco (EL PAIS, 13/11/03):
El esfuerzo por poner coto a la arbitrariedad de los poderes públicos ha terminado por concretarse históricamente en la noción de Estado de derecho. Una noción que implica la sujeción de las actuaciones de dichos poderes a los principios de constitucionalidad, legalidad y jerarquía normativa. El imperio de la ley (incluyendo el control jurisdiccional de los actos políticos) supone en este sentido el grado cero de la democracia, el mínimo exigible para que la convivencia transcurra en los cauces de tranquilidad y sosiego que los ciudadanos tienen derecho a esperar de sus instituciones democráticas.
Pues bien, cuando desde las más altas instancias autonómicas del País Vasco se manifiesta una contumaz y apenas velada voluntad de incumplimiento de determinadas sentencias del Tribunal Supremo, y sobre todo cuando se niega abiertamente la soberanía del pueblo español (piedra angular del sistema) con una "propuesta" unilateral "de libre asociación" que implica la quiebra definitiva de los equilibrios internos de la sociedad vasca y la voladura de las reglas de juego democráticas, los ciudadanos españoles, muy especialmente los residentes en el País Vasco, tenemos derecho a exigir no sólo de las autoridades estatales, sino de todos los partidos responsables, la máxima firmeza en la defensa del orden constitucional.
El plan del lehendakari esconde su verdadera naturaleza etnicista y retrógrada -perceptible desde las primeras líneas del preámbulo- tras un vocabulario de terciopelo ("acuerdo para la convivencia", "diálogo sin límites", "relaciones amables") destinado a narcotizar aún más a una sociedad aletargada, largamente trabajada por el miedo. Una sociedad en la que muchos de sus miembros, insensibles ante el sufrimiento ajeno, consideran artículos de fe un puñado de falacias ( "el pueblo vasco tiene derecho a decidir su propio futuro, ¿qué hay de malo en ello?") que alcanzan en el texto de Ibarretxe la categoría de cláusulas legislativas, mientras nada se dice en él del principal problema que nos aqueja: la falta de libertad y la persecución sistemática de los constitucionalistas. Un silencio ciertamente ominoso, puesto que nadie que conozca mínimamente la realidad política vasca puede ignorar que el ultimátum de Ibarretxe hunde sus raíces en la sangre derramada por los sicarios durante todos estos años.
Por lo demás, el propósito del lehendakari al dilatar la tramitación de su "propuesta" parece claro: se trataría de transmitir a la ciudadanía la falsa impresión de normalidad de quien se desayuna semana tras semana con las peripecias de una disparatada "propuesta" que, por el mero hecho de ser aireada y debatida todos los días en los medios, iría adquiriendo el peso y la respetabilidad de un nuevo Estatuto (un ensayo de esa "rutinización del desafío" se está viviendo en el Parlamento vasco, de la mano del señor Atutxa). El proceso de acumulación de fuerzas nacionalista, acompañado previsiblemente de algún tipo de acuerdo subterráneo con el mundo de ETA-Batasuna, para dosificar la presión, apuntaría a un triple objetivo: 1) ir poco a poco generando "ilusión" y "expectativas de paz" en las franjas más sugestionables del electorado; 2) sembrar al mismo tiempo la semilla de la frustración en esos mismos sectores y, sobre todo, en los medios nacionalistas más radicales, de manera que, en el caso algo más que hipotético de que tal estrategia rupturista se vea abocada al fracaso, tales vientos de frustración pudieran dar lugar a nuevas tempestades; 3) cargarse de razón ante el electorado para dar un sesgo plebiscitario a las próximas elecciones autonómicas, y ganar así su apuesta en las urnas con el apoyo de las dos ramas, violenta e institucional, del frente nacionalista formado hace cinco años en Estella-Lizarra.
Esta política de tensionamiento calculado, cuyos costes en términos de quiebra de la convivencia civil es inútil enfatizar, supone un camino sin retorno, y busca legitimarse ante la opinión pública hasta el punto de convertir al electorado nacionalista vasco en la palanca fundamental para hacer saltar los goznes de la legalidad. Sus impulsores cuentan de entrada, aparte el entusiasmo de sus incondicionales, con la neutralidad de los equidistantes, con el desistimiento de los pusilánimes, y también, naturalmente, con el silencio forzado de tantos disidentes vascos cada vez más renuentes a dejar oír su voz en el debate público, por no significarse como desafectos al régimen abertzale.
Una de las claves del éxito o del fracaso de esta estrategia nacionalista de ruptura estriba, a mi modo de ver, en la gestión por parte de todos los actores de este drama de un factor tan esencial de la política moderna como lo es el tiempo. El intento de Ibarretxe, apoyándose en una panoplia de triquiñuelas reglamentarias (que empieza por la propia calificación del texto como propuesta, en lugar de como proyecto de ley), consistiría, en sustancia, en una ruptura a plazos de la legalidad vigente, una especie de transición al revés que, partiendo de la Constitución y el Estatuto, se propondría una regresión hacia una política desestabilizadora de corto aliento conducente finalmente a la secesión. El momento plebiscitario a que aludíamos más arriba constituiría sin duda el verdadero clímax de ese proceso regresivo. Se trataría, en suma, de un golpe de mano apenas disfrazado que vendría a interrumpir abruptamente el ritmo pausado de las elecciones periódicas y las actuaciones regladas de nuestras instituciones democráticas para sustituirlos por una política antijurídica de hechos consumados. Una política uniformista basada en la imposición de la sacrosanta "voluntad del pueblo vasco" a la realidad plural de la sociedad vasca. La puesta en escena de esta "política de apisonadora" pasaría seguramente por un -a todas luces ilegal- referéndum autodeterminista que, además de desvertebrar territorialmente a Euskadi, fraccionaría definitivamente a la sociedad vasca en dos mitades aproximadamente iguales, destruyendo de la noche a la mañana todos los consensos trabajosamente construidos hace veinticinco años. Conviene, además, tener presente que, si el culto al instante de quienes invocan un inexistente "derecho a la autodeterminación" se compadece mal con el tiempo largo de la Constitución, mucho menos lo hace con el dilatado tempo transgeneracional de la vida histórica de una nación como la española, que en modo alguno debiera quedar al albur de la decisión unilateral de una mayoría simple y momentánea de los electores de una de sus comunidades autónomas. El mero hecho de estar dispuestos a situar al votante-ciudadano ante la disyuntiva de romper esa larga serie de vínculos afectivos, memoria histórica, lazos culturales, intereses económicos, instituciones políticas y tantas otras cosas que los vascos venimos compartiendo con el resto de los españoles desde hace siglos debería bastar para calificar a los promotores de tamaña aventura.
Estamos, como dijera hace casi cien años Juan de Itzea ante los chapelaundis del Bidasoa (Pío Baroja, Momentum catastrophicum, 1919), ante una nueva actuación de esas "gentes mezquinas que necesitan que España se disgregue", y no dudan en "excitar el odio interregional y fomentar el cabilismo español, ya dormido", con tal de evitar el paso a la oposición. Sobre estos chapelchiquis nacionalistas recaerá para siempre la grave responsabilidad de haber vuelto la espalda a "un país de presente y de porvenir" para invocar de nuevo a nuestros demonios familiares, y fundar así sobre la "miseria moral" de sus "viejos conceptos" una seudo-sociedad insolidaria y excluyente, escindida para siempre en dos comunidades irreconciliables.
Su concepción plebiscitaria y decisionista de la política podría jugarles, sin embargo, una mala pasada. Quienes se empeñan en olvidar las enseñanzas de Kelsen -"el dominio de la mayoría sobre la minoría sólo es soportable en la medida en que se ejerce jurídicamente"- pueden encontrarse de bruces con Schmitt. Al cabo, las situaciones excepcionales preparan el terreno, como es sabido, para la entrada en acción de la soberanía elevada a su máxima potencia.
Ante este panorama, hay que reconocer que no sobran los motivos para el optimismo. Veremos si los partidos nacionales -PP y PSOE, fundamentalmente- están a la altura de las circunstancias y son capaces de ponerse de acuerdo para responder de manera concluyente y unitaria al desafío. Todos nos jugamos mucho en este dramático tablero. La convivencia y la vida civilizada, ni más ni menos.