Hace ahora cuarenta años, en el verano de 1977, la posición institucional del Rey de España era tan confusa en el plano político como ambigua desde el punto de vista jurídico. En pleno tránsito desde la legalidad franquista a la legitimidad democrática, felizmente resuelta la cuestión dinástica por la renuncia patriótica de Don Juan de Borbón, el Jefe del Estado se situaba en algún punto indefinido entre el principio monárquico, objeto de un libro muy influyente de Miguel Herrero de Miñón, y el poder moderador diseñado por el clásico Benjamín Constant. Lejos, en todo caso, de la dignified part de la Constitución, donde situaba Walter Bagehot a la Corona británica, en contraste con su «parte eficiente». Hemos recorrido un largo trayecto, con muchas grandezas y algunas servidumbres. La conmemoración del 15-J, aquellas primeras e ilusionantes elecciones libres, ofrece una buena oportunidad para situar en lugar secundario a ciertas opiniones sin fundamento. Dice Karl Popper que el deber de pensadores y artistas es «no estar a la moda». Valga, pues, un apunte de reflexión sobre monarquía y democracia (politeia, en puridad, según Aristóteles), formulada desde el espacio y el tiempo que nos toca vivir. Porque, en política, no sirve el mundo de las Ideas, allí donde los teóricos con mente geométrica juegan a concebir doctrinas de aparente validez universal…
Felizmente, algo se mueve en el ámbito intelectual español para explicar las ventajas democráticas de la monarquía. La vieja confusión entre los reyes y el absolutismo es ajena a la circunstancia contemporánea. Por supuesto, es falso asociar la forma monárquica con dictaduras o con regímenes totalitarios, porque se trata –por definición– de una forma «moderada», en el espíritu de Montesquieu. Es notorio que república no es sinónimo de progresismo ni de libertades públicas. Ejemplos hay para todos los gustos, como enseña la prudencia política. Recomiendo vivamente al lector algunas publicaciones recientes. Bajo el hermoso título de El Rey de la democracia, un grupo de distinguidos autores, coordinados sabiamente por el economista José Luis García Delgado, ofrece cuenta y razón del reinado de Don Juan Carlos desde la óptica de su especialidad académica: Juan Francisco Fuentes y Santos Juliá (Historia); Francesc de Carreras (Derecho Constitucional); Fernando Puell (Fuerzas Armadas); Charles Powell (Relaciones Internacionales); José Carlos Mainer (Cultura); Victoria Camps (Ética), y Javier Gomá (modernización de España en clave europea: «tarde, pero bien»), con epílogo a cargo de Mario Vargas Llosa. Rey de un pueblo, piloto del cambio, protagonista de la Transición, la persona y la obra del Rey emérito deben ocupar cuanto antes el puesto que merecen en la historia de España, más allá de avatares circunstanciales.
Por su parte, el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa nos ilustró hace poco en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas con una notable ponencia bajo el rótulo de «Monarquía parlamentaria y democracia. Algo más que conllevanza». Entre los argumentos que aporta el presidente del Real Instituto Elcano hay uno incontestable: muchos de los países con mayor calidad cívica de Europa (Reino Unido, Benelux, escandinavos) y de las grandes potencias económicas (Japón) son monarquías. El carácter hereditario y no electivo del Jefe del Estado, al no depender de procesos electorales o partidistas, convierte a la Corona en una institución «refugio» en momentos de crisis; es símbolo de unidad interna y se proyecta al exterior como imagen atractiva de la marca-país; en fin, introduce una racionalidad weberiana en su ancestral legitimación tradicional (y, a veces, carismática). El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el propio Elcano, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Transición Española promueven una Red de Estudio de las Monarquías contemporáneas (REMCO: no hemos encontrado un acrónimo mejor) con el fin de plantear el debate en el ámbito académico. Una iniciativa paralela, la cátedra «Monarquía parlamentaria» de la Universidad Rey Juan Carlos, impulsada por Juan José Laborda y Luis Miguel Enciso, actúa también en esa línea de seriedad y rigor intelectual.
Los prejuicios ideológicos o la mirada condescendiente son el peor camino para interpretar la realidad. La democracia española es mejor gracias a la forma política del Estado proclamada por el artículo 1.3 de la Constitución. Solo hay una fuente de legitimidad del poder, la soberanía nacional, que reside en el pueblo español. El Rey es símbolo, en el sentido que estudió con brillantez García-Pelayo, un autor ciertamente alejado de planteamientos tradicionalistas. El Rey representa, es decir, hace presente y operante la realidad del Estado y de la nación. Sanciona y promulga las leyes, que son expresión genuina de la voluntad general rousseauniana, y no la asamblea popular ni la confusa democracia directa. En su nombre se administra Justicia. Jura o promete guardar los derechos y libertades, también de las Comunidades Autónomas, como reflejo de la España unida y plural. Recuérdese la reflexión de Saavedra Fajardo: «por una letra, deja el Rey de llamarse Ley», porque «tan uno es con ella que el Rey es Ley que habla y la Ley, un Rey mudo». Arbitra y modera, como es sabido. Mantiene así la condición neutral que se sitúa en el origen del Estado como forma política, esa naturaleza «objetiva» que determina la convivencia frente a la guerra hobbesiana de «todos contra todos». En términos de la Ilustración política, tan grata a Felipe VI, actúa como el «primer servidor» del Estado. He aquí la referencia intelectual de un Rey educado en la escuela de una modernidad sustentada en principios sólidos.
El año próximo se cumplirá el cuadragésimo aniversario de la Constitución. Un éxito indiscutible, aunque hay un margen de mejora como en todas las obras humanas: eso sí ,cuando llegue el momento y cuando los actores políticos sean capaces de actuar más allá de las maniobras tácticas a corto plazo. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales prepara para entonces un ambicioso proyecto editorial: España Constitucional (1978-2018): balance y perspectivas, en cinco volúmenes y con participación de 300 autores. Allí estarán muchos de los mejores en el ámbito de la Cultura y la Lengua; la Historia y la Economía; la Sociología y la Ciencia Política; cómo no (porque se trata del estudio de la norma suprema del ordenamiento jurídico), del Derecho público y privado. Además, pensadores muy relevantes en Filosofía jurídica, ética y política. Fue la Constitución en su día, escribe Muñoz Machado, una obra «revolucionaria». Lo fue, en efecto, por ser voluntad de la nación española en uso de su soberanía para poner fin a la anomalía de una gran nación europea alejada de su destino histórico natural. Desde entonces, dijo el Rey en Estrasburgo hace unos meses, hemos escrito «una de las páginas más brillantes y transformadoras de nuestra historia». Seamos prudentes, por tanto. Como dice Sartori, «de toda las formas de gobierno la democracia es la que más depende de la inteligencia».
Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.