Seamos claros. La Monarquía parlamentaria española no forma parte de ningún menú a la carta donde cualquiera pueda elegir o descartar según le apetezca. La figura del Rey está inserta en nuestra Constitución con la misma fuerza de impresión que lo está la separación de poderes, la vigencia del Estado de derecho y la alternancia política. Frente a aquellos que quieren devolvernos a una situación parecida a la de la España de 1917, momento en el que la arquitectura institucional de la Restauración se fue al traste, habría que recordarles que los países han modificado su forma de organización política bien tras un golpe de estado, o bien después de haber sufrido una guerra. La Italia de Víctor Manuel III acabó instaurando la República al concluir la Segunda Guerra Mundial, del mismo modo que les ocurrió a muchas de las monarquías de la Europa del Este que fueron aniquiladas con la llegada del comunismo.
En la historia de España, las dos veces que la Monarquía fue reemplazada por la República se produjo primeramente un golpe de Estado (1868) por las fuerzas de la izquierda de aquella época, con el desencadenamiento de un proceso revolucionario que terminó con un autogolpe para quebrantar la propia Constitución de 1869 e implantar la I República. Los seis años que duró aquel experimento aportaron a nuestro país el mayor período de inestabilidad de la segunda mitad del siglo XIX y uno de los episodios más negros desde el reinado de Fernando VII, con la primera declaración secesionista catalana de la historia incluida, la misma que 144 años después volvió a intentar el prófugo Puigdemont o similar a la de los prolegómenos de la Guerra Civil. De hecho, se sucedieron veinte gobiernos que no llegaron de media ni a los tres meses de vida. De hecho, dos de los tres gobiernos más cortos de la segunda mitad del siglo XIX se produjeron tras el golpe de 1868.
Y es que el sistema republicano en España, además de haberse implantado por formas antidemocráticas (1873) o haber sido incapaz de superar el escrutinio público (1931), es sinónimo de inestabilidad política, crisis económica y social. La declaración de la II República, sesenta años después de su predecesora, no fue tampoco una expresión ni de democracia ni de estabilidad política, pese a la imagen idealizada que algunos nos quieren hacer creer. La media de duración de sus veinticinco gobiernos no llegó a los doscientos días. Si bien Alfonso XIII cometió el error de tolerar la suspensión de la Constitución de 1876 durante la dictadura de Primo de Rivera, que luego sirvió como coartada para abrir un nuevo período constituyente en 1931, buena parte de los partidos políticos de entonces no mostraron altura de miras en la firma del Pacto de San Sebastián, que supuso el tiro de gracia a la Monarquía española, el enfrentamiento entre compatriotas y la apertura de un nuevo proceso revolucionario.
Revolución y democracia son dos nociones contradictorias. Es una verdad empírica desde los tiempos de la Revolución Francesa, pasando por la Revolución Rusa y acabando por la Revolución Bolivariana de Venezuela. Un poder revolucionario es, como diría Raymond Aron, un poder tiránico que persigue el ejercicio del poder por parte de una minoría para eliminar a sus adversarios.
La historia política de España en los últimos 150 años ha conocido decenas de gabinetes de corta duración y de grandes desequilibrios excepto cuando hemos tenido Monarquía. El reinado de Alfonso XII y la primera parte del reinado de Alfonso XIII así lo revelaron. Pero, sin duda alguna, la época de mayor estabilidad en doscientos años de parlamentarismo español se corresponde precisamente con el reinado de Juan Carlos I, el mismo al que la izquierda más rancia quiere minar su legado. A lo largo de sus casi cuarenta años de reinado hubo un total de catorce gobiernos, con una media de 1.006 días de duración.
No existió nunca, en ningún momento en la historia contemporánea de España, ni siquiera cuando el ejercicio del poder no estaba todavía sometido a la voluntad de los ciudadanos, en el que la estabilidad política interna alcanzara cotas tan elevadas. Bajo el reinado presente de Felipe VI la duración de los gobiernos se ha reducido a la mitad. Si bien es verdad que desde 2014 sólo se han sucedido tres legislaturas, contando la actual, se puede colegir que afrontamos los años más complicados del régimen del 78 por la subversión del orden establecido al que aspiran algunos, por el «quítate de ahí que me pongo yo» y por la anteposición del interés particular frente al interés colectivo. Los mismos que estuvieron presentes en las páginas más trágicas de nuestro último siglo y medio.
Jorge Mestre es profesor universitario de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia.