Por José Antonio Zarzalejos, director de ABC (ABC, 01/10/06):
EL nacimiento, en mayo próximo, del segundo vástago de los Príncipes de Asturias, ha desatado, sobre la ignorancia, una agitación política injustificada. Hay un acuerdo general -político y social- para que se suprima de la Constitución (artículo 57.1) la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona y el Gobierno se ha comprometido a modificar ese precepto, intención a la que concurre el Partido Popular. Pero los tiempos políticos -y las circunstancias de la vida pública española- no hacen verosímil, ni quizá aconsejable, que esa reforma constitucional pueda estar lista en coincidencia con el fin de la actual legislatura.
Las tesis -afectadas de incompetencia, unas, y de imaginación exhibicionista, otras- según las cuales bastaría aprobar la ley orgánica prevista en el propio artículo 57.5 («Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica») están explícitamente desautorizadas por el Consejo de Estado a estos efectos. Para revisar total o parcialmente el Título II de la Constitución -el que se refiere a la Corona- es preciso, según su artículo 168, el acuerdo de las dos Cámaras legislativas con una mayoría de dos tercios de sus miembros y, después, someter la revisión a referéndum popular. Es decir, que la voz ciudadana -mediante su sufragio- es la que debe intervenir en esta cuestión y tratar de sustituirla por una ley orgánica o por solemnes declaraciones conjuntas del Senado y el Congreso, suponen propuestas inaceptables desde cualquier punto de vista.
Como ha sugerido la Casa del Rey, no hay urgencia alguna para proceder a la reforma de la Constitución por este procedimiento agravado, ya que el hecho sucesorio -a partir del cual se genera el derecho a heredar la Corona- se producirá cuando Don Felipe sea proclamado Rey de España, pero no antes. No existe un «heredero del heredero» -no, al menos institucionalmente-de tal manera -véase el Decreto 1368/87 sobre títulos de la Familia Real- que los hijos de los Príncipes de Asturias son todos iguales, Infantes de España con tratamiento de Alteza Real. Ciertamente, si con la actual redacción del artículo 57.1 de la Constitución naciera en mayo un varón, podría generarse una expectativa de derecho, categoría jurídica bien distinta a la de la que constituye el derecho adquirido que surgiría cuando se consume el tracto sucesorio.
En estas circunstancias, lo que procede es que, sin premuras, el Gobierno, su partido y el Partido Popular hiciesen un esfuerzo de responsabilidad y acordasen los términos y el momento de la reforma constitucional, porque la forma monárquica del Estado cuenta entre sus muchas ventajas con la del automatismo, es decir, la dilución de cualquier incertidumbre sobre los mecanismos de su funcionamiento. En ese gran acuerdo estadista habrá de determinarse también si, junto a la reforma del artículo 57.1, se introducen otras en la Carta Magna en línea con las intenciones manifestadas por el propio Gobierno y no rechazadas de plano por la oposición, tales como la modificación del Senado, la introducción nominativa de las comunidades autónomas o la mención expresa a la pertenencia de España a la Unión Europea.
Esta operación constitucional, sin embargo, se enfrenta a algunos riesgos. Esencialmente a dos: el primero, la persistencia -legítima pero muy minoritaria- de cierta militancia republicana que aprovecharía la consulta popular para intentar cuantificar sus fuerzas y, quizá, cuestionar la Monarquía. El segundo riesgo es del todo reprobable pero se consumará con seguridad: la embestida del amarillismo que se cernirá sobre la Institución y sobre los que la encarnan con las peores mañas sensacionalistas. Lo estamos comprobando ya. Sobre el Rey y los Príncipes de Asturias, pocos medios pero muy determinados en una línea de levedad informativa y editorial, están propalando «noticias» que están muy lejos de serlo pero cuyo mínimo común denominador es siempre el mismo: la falta absoluta de rigor y, en último término, de responsabilidad.
En este sentido, la figura -en personalidad, saber estar y compostura- de la Princesa de Asturias está resultando digna de encomio. Y si esta apreciación elogiosa es «cortesana», lo es a mucha honra y honor porque quien así la califique -y hay quien lo hace demostrando tener un rostro cementado- desconoce el ímprobo esfuerzo de superación de Doña Letizia. Otras princesas, llamadas a ser reinas, no pudieron superar la presión; la nuestra lo hará si aquellos que la zahieren de manera directa o indirecta y con argumentos «ad hominen» quedan acotados en el territorio amarillo del sensacionalismo.
En Gran Bretaña circulan con altas difusiones muchos periódicos amarillos, sensacionalistas, de diversas tendencias políticas pero con algo en común: hacen de la vida de la Familia Real un permanente y recidivante argumento informativo. «The Sun» (3.150.000 ejemplares), «The Daily Mail» (2.390.000 copias), «Daily Mirror» (1.630.000 ejemplares) y, otros, como el «Daily Express» (840.000), son rotativos de éxito pero sin influencia -algunos monárquicos, otros republicanos, pero que no dejan escapar ocasión de dar «noticias sensacionales» sobre la monarquía británica- y no pretenden aparentar lo que no son. Asumen que son amarillos y actúan en consecuencia. Y el público los compra -y mucho- pero sabe muy bien lo que adquiere: entretenimiento, emociones, fabulaciones... pero no información útil y veraz.
En España, existiendo ya representantes acreditados de periodismo sensacionalista que incurren en las mismas prácticas que los antes citados medios británicos y que juguetean con un republicanismo inconsistente basado en lo histriónico, todo ello sazonado con una ridícula pretensión de respetabilidad, no se ha desenmascarado del todo -aunque ya empieza a hacerlo- la impostura informativa en la que algunos militan y que consiste en ofrecer de continuo gato por liebre. Es en ese contexto de simulación -aparente seriedad, realidad sensacionalista- en el que se están inscribiendo constantes y graves ataques a la Monarquía mediante acometidas a los miembros de la Familia Real. Esta práctica -como otras, tales como las conspirativas- tienen que ser conocidas y denunciadas cuando se nos plantea una situación de reforma constitucional que afecta de lleno a la Institución de la Corona.
La Monarquía, como cualquier otra realidad política e institucional, aunque esté incorporada a la Constitución como forma del Estado, puede ser objeto de debate, pero manteniendo una determinada dignidad en los argumentos y un respeto que debe alcanzar desde el manejo intelectual de la llamada «memoria histórica» (lo que la Corona ha supuesto para España en el pasado) al presente (lo que la Monarquía supone para la democracia española desde antes de 1978). El papel transversal del Rey, en el tiempo y en su apertura a todos los ciudadanos, esun pilar del Estado, un activo del sistema democrático, una garantía de futuro. Ahora que debe perfilarse su contorno sucesorio, hay que alertar de los que, agazapados, también en este asunto por estrategia comercial, se aprestan a propiciar convulsiones que ampararán en esa cínica pelea por una libertad -la de expresión- que se blande como credencial de una respetabilidad que tienen irremisiblemente perdida.