Todos los años, la Organización Mundial de la Salud resume el progreso global del control de la malaria. Detalla la cantidad de casos en los países afectados, muestra los cambios interanuales, traza objetivos y evalúa el panorama de financiamiento actual. Las Naciones Unidas producen un informe anual similar para el VIH/SIDA. Este monitoreo regular de los problemas graves de salud pública es esencial para abordarlos de manera efectiva, porque puede ayudar a canalizar recursos hacia donde más se los necesita e identificar intervenciones que estén dando resultados.
En cambio, no existe un registro confiable y actualizado de la contaminación ambiental, un riesgo sanitario que se cobra una mayor cantidad de vidas que la malaria y el VIH/SIDA juntos. Las partículas en suspensión, una forma de contaminación ambiental muchas veces asociada con el polvo y el humo, fueron la principal causante de la carga de enfermedad del mundo en 2021, y se ha confirmado que, como consecuencia de ello, la expectativa de vida promedio cayó 1,9 años. La contaminación ambiental también estuvo asociada a más de 700.000 muertes de niños menores de cinco años en 2021, lo que la convirtió en el segundo factor de riesgo de muerte más alto en este grupo etario.
La principal autoridad del mundo en materia de calidad del aire es, sin duda, la OMS, que produce globalmente estándares influyentes para los niveles de contaminación. Sus lineamientos más recientes, publicados en 2021, apuntaban a mejorar los estándares de calidad del aire mediante la reducción del nivel recomendado de partículas en suspensión finas (PM2,5) de diez microgramos por metro cúbico a cinco.
La OMS también compila datos sobre las partículas en suspensión anuales en ciudades en todo el mundo a través de su base de datos de la calidad del aire ambiente, que se alimenta principalmente de mediciones de los gobiernos y que se actualiza cada dos o tres años. Pero en la edición más reciente (actualizada en enero de 2024), solo el 0,4% de las ciudades reportaron datos de 2022, y más de la mitad de los datos tienen por lo menos siete años. Muchos países en África, América Latina y Asia -responsables de un porcentaje desproporcionado de la carga sanitaria como consecuencia de la contaminación ambiental- no tienen mediciones completas, mientras que cuatro de los países más contaminados directamente no tienen ninguna. Esta falta de datos hace imposible medir el progreso global o garantizar una asignación estratégica de recursos.
Los datos generados por satélite podrían llenar estas lagunas. Pero si bien varios grupos generan y compilan este tipo de información, no existe una base de datos definitiva. (Anecdóticamente, cuando les preguntamos a diez expertos en calidad del aire adónde recurren para sus datos más recientes, recibimos 14 respuestas diferentes y ninguna de ellas cumplía con los criterios para ser una fuente global fidedigna). Asimismo, los datos anuales muchas veces tienen un rezago de hasta dos años y no existe un mecanismo establecido para evaluar su calidad. Contrariamente a lo que indica su nombre, el cálculo de los datos de calidad del aire obtenidos por satélite exige datos de monitoreo en tierra, lo que hace que los datos satelitales sean menos confiables en países con poca capacidad de monitoreo.
Para abordar el problema de la contaminación ambiental en todo el mundo hace falta una visión clara del panorama global. Afortunadamente, la generación de un sistema que controle regularmente el progreso colectivo en cuanto a la reducción de las partículas en suspensión, con mecanismos incorporados para ayudar a mejorar los esfuerzos de recopilación de datos en los lugares más contaminados, es tecnológica, logística y políticamente factible.
El primer objetivo debería ser crear un registro anual y fiable de la contaminación de PM2.5 en todos los países. Esto exigiría incentivar a los países a aportar datos de monitoreo terrestre más recientes, establecer un proceso para combinar estos datos con la información satelital disponible para determinar sus niveles de contaminación anual e identificar las brechas de capacidad y datos, y dirigir los recursos en consecuencia.
Las organizaciones filantrópicas y para el desarrollo global tendrán que proporcionar recursos financieros y humanos significativos para lanzar un esfuerzo de estas características, inclusive un apoyo para los países que actualmente carecen de la capacidad para monitorear o medir la calidad del aire. También exigirá que los responsables de salud pública, medio ambiente y finanzas trabajen en conjunto, como lo han hecho para abordar otras cuestiones serias como la malaria, el VIH/SIDA, el COVID-19 y la tuberculosis.
Varias agencias de las Naciones Unidas, entre ellas la OMS, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, podrían albergar o coordinar estos esfuerzos de recopilación de datos y generación de capacidad. E instituciones como el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo (el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros), los donantes bilaterales y las organizaciones filantrópicas deben ayudar a financiarlos.
Existe una necesidad urgente de una acción colectiva internacional para abordar este desafío, que es local, pero que tiene consecuencias globales. El último informe sobre el reporte y monitoreo de la calidad del aire, publicado por Our Common Air, aborda algunos de los problemas clave en las recomendaciones de la comisión. Hemos enfrentado con éxito desafíos sanitarios globales en los últimos años y, al hacerlo, creamos un libro de tácticas que se puede aplicar a otros. La pregunta hoy es si la comunidad internacional lo usará para enfrentar el mayor riesgo externo del mundo para la salud humana.
Soumya Swaminathan, a former chief scientist of the World Health Organization, is Co-Chair of Our Common Air and Principal Adviser for the National Tuberculosis Elimination Program at India’s Ministry of Health and Family Welfare. Christa Hasenkopf is Director of the Clean Air Program at the Energy Policy Institute at the University of Chicago and a commissioner at Our Common Air.