Montesquieu agoniza en Israel

En España vivimos el asesinato continuado de Montesquieu desde 1985 y hoy, en Israel, el filósofo y jurista francés corre peligro de muerte. En 1748, el barón de Montesquieu formuló el principio de contrapesos para el ejercicio del poder: «[…] es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar. Llega hasta que encuentra límites […] ¡Quién lo diría! La virtud misma tiene necesidad de límites […] para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder» ('El espíritu de las leyes', libro XI, capítulo IV). Sobre estas palabras se erigen hoy todos los regímenes políticos que se reivindican como garantistas y libres.

Montesquieu agoniza en IsraelMontesquieu, sin embargo, no fue un revolucionario en la idea de dividir y equilibrar a los poderes. Mucho antes, Aristóteles, Polibio o Cicerón creyeron que trocear y controlar al poder suponía la única forma de evitar su abuso y de preservar la libertad. Sin embargo, el barón es el acuñador oficial de la idea en Occidente, y por eso, el poder político siempre ha querido matarlo. No es extraño que, asimismo, el populismo –sin importar su color o su origen–, cuya pulsión más primaria es la obtención de todo el poder, tenga como objetivo acabar también con él.

Desde el pasado mes de enero, han tenido lugar en Israel varias manifestaciones contra el paquete de reformas del poder judicial propuesto por el actual ministro de Justicia, Yariv Levin. Entre las medidas en cuestión, Levin propone acabar con la capacidad que ostenta la Corte Suprema para anular determinadas leyes emanadas del Parlamento; otorgar al Parlamento la potestad de abatir, con una mayoría absoluta, sentencias de la Corte Suprema; impedir que la Corte Suprema pueda revocar ciertas acciones ejecutivas del Gobierno, y alterar el órgano de elección de jueces para otorgar la mayoría del voto a políticos y dejar en minoría a jueces y a profesionales del Derecho.

En palabras del profesor Yedidia Z. Stern, antiguo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bar Ilán, de prosperar, este paquete de reformas «destruiría los límites que actualmente separan las ramas del Gobierno, y los tribunales israelíes se volverían abiertamente sesgados, política e ideológicamente». Y es que la erosión más grave que puede sufrir una institución es la pérdida de imparcialidad. En 2006, el histórico presidente de la Corte Suprema de Israel, Aharon Barak ya señaló en su libro 'Un juez en una democracia' que los jueces deben ser libres para tomar decisiones impopulares sin temor a represalias políticas.

Aunque los textos clásicos sobre la división de poderes nos envuelvan en una ingenuidad romántica, sabemos que la política tiene sus manos metidas en la judicatura de las democracias más longevas y consolidadas del planeta desde hace tiempo. Sin embargo, el caso de Israel era –y es, todavía– una preciosa anomalía.

Ya desde la fundación de la joven nación, se le otorgó al poder judicial una posición especial. De hecho, como simbólica declaración de intenciones, la sede de la Corte Suprema de Israel está construida a una altura mayor que la sede del Parlamento, para evidenciar, al menos a nivel físico, que ni siquiera los legisladores están por encima de los tribunales. Esta independencia y supremacía del poder judicial en Israel no se quedó en meros simbolismos. La Corte Suprema de Israel ha condenado a privación de libertad a un presidente del Estado, Moshe Katsav, y a un primer ministro, Ehud Olmert. Olmert, al ser imputado por delitos de corrupción, declaró solemnemente: «Quiero dejar clara una cosa: me siento orgulloso de ser ciudadano de un país en el que un primer ministro puede ser investigado como cualquier otro ciudadano». Y no han sido los únicos: el actual ministro de Sanidad y viceprimer ministro del Gobierno de Netanyahu, Aryeh Deri, ya conoce la prisión por delitos de la misma índole.

Esta posición ejemplar de la Corte Suprema de Israel, incardinada y aceptada en el sistema, está hoy amenazada por las reformas que propone el Gobierno actual. Ciertamente, si en Israel sus líderes hubieran hecho los deberes pendientes, la independencia judicial gozaría de más protecciones ante la embestida actual por parte del poder político.

A este respecto, en Israel conviven tres discursos contradictorios en relación con las instituciones inacabadas del país. El primero, Israel es una democracia pequeña repleta de problemas y amenazada por regímenes tiránicos, por lo que ahora no tiene tiempo ni fuerza para cerrar los asuntos que quedaron pospuestos desde su nacimiento; el segundo, Israel es una potencia militar, económica y tecnológica consolidada muy superior a sus vecinos, por lo que es, en todo caso, un ejemplo de éxito que funciona y no precisa de reformas en este momento; y el tercero, es imposible llegar a acuerdos entre los sectores religiosos y laicos del país, demasiado divididos y enfrentados para alcanzar consensos nacionales.

Como un adolescente que resiste a madurar, los tres discursos son el escudo que resiste cualquier crítica, las excusas para no arreglar problemas endémicos de Israel, entre ellos, uno troncal: la falta de una Constitución.

La elaboración de una Constitución democrática era ya una obligación reflejada en el Plan de Partición de Palestina aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1947. El comité creado 'ad hoc' en 1948 cerró en falso sin un texto definitivo un año después. Por esta razón, el ordenamiento jurídico israelí, heredero del sistema británico, se ha ido conformando en torno a las conocidas como Leyes Básicas del Estado, destinadas a ser, cuando la ocasión fuera propicia, el 'corpus' de la futura Constitución. Esa ocasión no llega nunca, y así, en el transcurrir de los años, las costuras del sistema se debilitan. La crisis actual es un doloroso ejemplo de ello.

En la actualidad, Israel es un Estado cuasi-constitucional, en permanente estado de emergencia desde 1948, que debería dejar su estatus embrionario a nivel legal y consolidar sus instituciones de una vez por todas. De lo contrario, incrementará el espacio por donde se cuela el ansia de poder, tan perjudicial para los mortales al decir de Tito Livio ('Ab urbe condita' 28,21), para derruir los contrapesos que quedan en pie.

Además, si una democracia como la israelí es más eficiente que las dictaduras que la rodean se debe, precisamente, a que el poder está dividido y contrarrestado, a que impera el principio de contradicción y a que las decisiones tienden a ser colegiadas y visadas por otros órganos independientes. La concentración del poder, además de inmoral, es ineficaz.

En definitiva, si Israel mata a Montesquieu, su democracia quedará herida de gravedad.

Elías Cohen es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y ex secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España.

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