Montoro y las facturas del procés

Montoro y las facturas del procés

En marzo de 2012, toda Italia se vio convulsionada por un seísmo -esta vez, a escala cultural- cuando un profesor de Historia del Arte de la Universidad de Nápoles acudió a hacer una consulta a la célebre Biblioteca Girolamini, que atesora originales de Galileo o Copérnico, y quedó horrorizado ante el desolador panorama que contemplaban sus ojos: estantes vacíos, libros desordenados y documentos desperdigados. Su indignación la plasmó en un artículo en Il Fatto Quotidiano, cuyo aldabonazo desató una acre carta de protesta de 200 intelectuales exigiendo explicaciones al ministro de Cultura.

Tratando de exculparse, el director de aquel templo del libro se puso en evidencia. Al día siguiente, presentó una denuncia por la sustracción de 1.500 volúmenes que, según declaró, acababa de descubrir. Empero, su nebuloso pasado como socio de un anticuario bonaerense vinculado con el hurto de cartografías lo situó pronto en el punto de mira. Apenas unas semanas después, era detenido junto a parte del botín, si bien lo más cotizado sería requisado en una casa de subastas de Múnich.

Los autores del expolio napolitano -un grupo de archiveros con su director como capo de la banda- escamoteaban los inestimables volúmenes en las estanterías de otras secciones y luego los afanaban. Como la realidad imita al arte, su modus operandi era análogo al dispuesto por el protagonista de El libro de arena, de Borges, quien se deshace de un peligroso códice de infinitas páginas distribuyéndolo al azar entre los fondos de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.

Tan avispado proceder para saquear la Biblioteca Girolamini ilustra sobre los alambicados sistemas para ocultar una sustracción. Pero también cómo se puede descubrir y echar el guante a quienes perpetran estos delitos. Siempre, claro, que no se adopte una ceguera voluntaria y exista voluntad decidida. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con la financiación del prolongado golpe de Estado perpetrado en Cataluña por el independentismo hasta la resuelta intervención de la Justicia. Si se le sigue la pista al dinero, se encuentra y se desenreda el ovillo del delito.

Más allá de estériles polémicas bizantinas, a nadie se le escapa que el proceso separatista se ha hecho a cargo del Tesoro Público sin distinción ni recato. Fundamentalmente porque, como evidencian los autos del juez Llarena, todo se ha consumado a la luz del día sin que el Gobierno (y el conjunto de fuerzas constitucionalistas) quisiera ver lo que tenía a la vista hasta rozar lo irremediable. Bien diferente fue la conducta del docente que denunció el desmán de la Biblioteca Girolamini con los pocos medios a su alcance, pero resuelto a no permanecer silente.

Desde aquel junio de 2011 en el que Mas se vio obligado a entrar y salir del Parlamento en helicóptero por el asedio de los manifestantes, quienes protestaban por los recortes, éste tuvo claro que la mejor manera de sacudirse el problema era endosárselo al España nos roba y acelerar un proceso soberanista que culminó con el simulacro de consulta del 9 de septiembre de 2014. Literalmente, el Gobierno se dejó trajinar, a cambio de que el soberanismo se comprometiera a ponerle algo de sordina. Ignorando la naturaleza de los nacionalistas que nunca paran, pues son como aviones en vuelo, Rajoy dedujo que ello actuaría como una válvula de escape de aquella olla de presión y todo retomaría a la normalidad. Al contrario.

En su obnubilación, Mas imprimió mayor velocidad aún a aquella desatentada deriva. Calculó que, al final de la escapada, ello no tendría coste personal alguno para los tripulantes de la «nave de los locos». Al contrario, reportaría mayor cuota de soberanía, amén de un generoso pacto fiscal.

Es verdad que aquel piloto suicida, el astut Artur, fue víctima mortal de su propia conducción temeraria. No obstante, el separatismo introdujo la consulta ilegal como marco de referencia y dispensó al derecho de autodeterminación, bajo el eufemismo de derecho a decidir, la carta de naturaleza de la que carece en Constitución alguna.

Desde temprana hora, fue clamoroso que los presupuestos destinados a servicios asistenciales se derivaran a sostener costosas «estructuras de Estado» y a municionar los «fondos de reptiles» con los que granjearse el favor de la prensa internacional y auspiciar plataformas propagandísticas en torno a sus embajadas, así como desprestigiar a la democracia española. Secundaba así la estrategia de Bismarck de sobornar a la prensa durante la guerra prusiana-austriaca de 1866. Aquel embajador de España -al parecer, más despabilado que sus colegas actuales- aconsejó al Gobierno de entonces tomar nota de aquellas prácticas del Canciller de Hierro.

Viendo este despliegue de medios, no era preciso ser Josep Pla para preguntarse quién pagaba todo esto. Fue precisamente lo que el escritor hizo cuando viajó a Nueva York en 1954 y atisbó perplejo, desde las ventanas del Waldorf Astoria, la majestuosidad iluminada de aquellos fluorescentes rascacielos en contraste con la luz macilenta y gris -como el título del cuaderno que le dio justa fama- de aquella España de la autarquía franquista que dejó aquende el Atlántico. Desplegando socarronería de payés del Ampurdán, se preguntó, con la naturalidad con la que liaba hebras de tabaco y prendía la envoltura de hojas de librillo: «¿Y esto, quién lo paga?». Con los pies en el suelo -y en la realidad-, Pla sabía que nada es gratis. Sorprendentemente, el Gobierno no hizo nada al respecto, y bien caro que lo está pagando la defensa de los intereses de Estado, como se corrobora en la tramitación de la euroorden del prófugo Puigdemont. Antes, al contrario, se hizo cargo de los impagos de los servicios públicos -primordialmente, sanitarios- de una Generalitat en bancarrota.

Si se hubieran perpetrado estas malversaciones en el periodo en el que las cuentas estaban intervenidas por el ministro Montoro, cosa que éste negó taxativamente a EL MUNDO, le abocaría a la dimisión. Lo más calamitoso es que, en su orgullo por sacar pecho, negando que un solo euro público hubiera sufragado el referéndum ilegal del 1-O, Montoro ha lanzado un obús a la línea de flotación de la instrucción del juez Llarena, en lo que hace al supuesto delito de malversación por parte de los golpistas. Es verdad que estos siempre se agarrarán a un clavo ardiendo. Pero, al margen de ello, el ministro ha dado alas al separatismo para que revoloteen como moscas cojoneras en derredor del tribunal alemán que vigila a Puigdemont, amén de entorpecer la instrucción del juez Llarena, quien ha debido soportar los zumbidos maliciosos e irrespetuosos de los sediciosos.

Menos mal que, con artes de jugador de ajedrez y sabedor de que la partida se libra a la luz del sol, el juez Llarena tuvo el acierto de levantar el secreto del sumario. Ello posibilitó que se conocieran los informes de la Guardia Civil que avalan la supuesta comisión de un delito de malversación de fondos públicos el 1-O. Tal maquiavelismo conjuró la utilización que se había hecho de las palabras de Montoro.

Al margen del «impuesto independentista» aportado por aquellas empresas o fundaciones favorables a la causa o por aquellas otras que obraron así para no señalarse y vivir en paz, nadie en su sano juicio puede esperar que ese pozo dé caudal bastante para todo lo gastado y se sigue gastando. Nadie imaginará que el sostenimiento de Puigdemont y su corte itinerante corra a cuenta del empresario Matamala, por mucha caja de resistencia que acumule con las adjudicaciones de la Generalitat.

Si Montoro proclamó el 31 de agosto que, «con toda seguridad, no va a haber referéndum porque no hay presupuesto», y lo hubo, aunque fuera un simulacro ilegal, es evidente que éste no brotó por generación espontánea. De la misma manera que las setas precisan de la lluvia, un montaje de esa naturaleza requiere de un chaparrón de dinero.

Recordando aquel desmentido de Felipe González de que el consorcio alemán Flick hubiera sufragado al PSOE -«A mí, ni Flick ni Flock», negó cínicamente desde la tribuna del Parlamento con su habilidad para dar la sensación de creerse lo que dice-, tanto daría que se haya efectuado mediante el Fla o el Flo. Es palmario que tal peculio ha salido del bolsillo de todos los españoles.

Por encima de ello, el encontronazo entre Montoro y el juez Llarena ejemplifica el creciente malestar del Gobierno con un juez que, obviamente, no se atiene a calendarios ni estrategias políticas, sino a restituir el Estado de derecho. Contrariamente a lo que se figuran los independentistas, una vez ha entrado el asunto en los estrados, el Gobierno se queda sin capacidad de maniobra. Baste como aviso a navegantes el rapapolvo rapapolvo del Tribunal Supremo al nuevo Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, en su ardid para facilitar la libertad condicional del ex consejero Forn.

No extrañaría que Rajoy estuviera en un tris, aunque no lo hará ni por formación ni carácter, de interpelar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, como operó Felipe González, cuando los crímenes del GAL, con el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger: «Pero ¿es que nadie le va a decir a los jueces lo que tienen que hacer?». Es llamativo que, ante la campaña de acoso y desprestigio al que está siendo sometido Llarena, las principales instancias de poder no digan esta boca es mía. Salvo el Rey don Felipe, por supuesto, quien ha sido expresivo al respecto asistiendo en Barcelona al acto de entrega de despachos en la Escuela Judicial, cuya directora es la esposa del magistrado.

Si el sultán turco Mehmet II legó la frase lapidaria de que, si un pelo de su barba supiera de mis pensamientos, me lo arrancaría, otro tanto debe opinar Rajoy. En todo caso, su política de apaciguamiento, de los que la aplicación de un artículo 155 de mínimos es su plasmación, sólo ha supuesto un armisticio. Este saltará por los aires tanto si Puigdemont arrastra al independentismo a unas nuevas elecciones configurando un movimiento personalista en torno a su mesiánico personaje como si aposenta a un adlátere en el sillón de la Generalitat.

Vana resulta, en cualquier caso, la aspiración de Rajoy de que, como mal menor, se configurara un gobierno tripartito de ERC, PSC y los Comunes de Colau. Ni ERC puede marcar distancias con Puigdemont, aunque no le falten ganas de hacerlo, como tampoco a los dirigentes del PDeCAT, ni el PSC debe en vísperas electorales.

A la postre, sus errores de cálculo no sólo pueden arruinar su precario capital político, sino causar el derrumbe de los principios y dejar sin un relato coherente al PP. Quizá sea erróneo percibir a Rajoy como un hombre de carácter pasivo sin comprender que es paciente y que aún conserva capacidad para dominar los tiempos a base de apurarlos. Lo patentizaría su acuerdo de última hora -si no llega de la mano de concesiones a los presos etarras- para que el PNV haya levantado el veto a los Presupuestos sin aguardar a la derogación del artículo 155 en Cataluña, desesperado con Puigdemont y con su secuestro del Parlament.

La respuesta a este dilema tal vez se halle en el libro de arena del tiempo, cuyas hojas están tan desperdigadas como las facturas del procés y el códice borgiano que inspiró el pillaje de la Biblioteca Girolamini.

Francisco Rosell, director de El Mundo.

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