Mossos, Antiterrorismo y Europol

Los atentados en Barcelona y Cambrils han suscitado, entre otros debates sobre eficacia y cooperación antiterrorista, uno acerca de los Mossos d’Esquadra y la Oficina Europea de Policía o Europol. Esta última -que, por cierto, incluye a la lucha contra el terrorismo en su mandato desde el 1 de enero de 1999 debido a la insistencia de España- apoya a los servicios competentes de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) y su colaboración mutua mediante recolección de información y análisis de inteligencia. El número de países que proporcionan la información necesaria es motivo de controversia, pero el papel de Europol puede ser muy relevante coordinando investigaciones europeas o asistiendo las nacionales.

A este respecto, la cuestión que aparentemente no está clara para parte de nuestra ciudadanía, especialmente en Cataluña, es: ¿tienen Mossos acceso a Europol? La respuesta es inequívoca: sí. España, como el resto de los Estados de la UE, cuenta con una Unidad nacional Europol (UNE) a través de la cual pueden recabar datos todos los cuerpos policiales españoles con competencias en las materias que cubre la Oficina Europea de Policía. Se trata de una única oficina nacional porque así lo establece el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que desde mayo de 2017 regula el funcionamiento de Europol y que en ese sentido reitera el principio de unicidad establecido en el Convenio con que hace casi dos décadas comenzó sus actividades.

Esa UNE está desde su inicio en la estructura del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), dando servicio al resto de fuerzas policiales. Para facilitar su acceso a Europol, Mossos cuentan con personal propio adscrito a la División de Cooperación Internacional del CNP, que integra la UNE, además de la Oficina Central Nacional de Interpol y la Oficina Nacional Sirene para la cooperación Schengen. Ahora bien, existe la posibilidad de que cada Estado Miembro habilite a los servicios policiales que estime oportuno para mantener contactos directos con Europol. En 2014, la Secretaría de Estado de Seguridad lo hizo con el CNP y la Guardia Civil (GC). A la luz de la experiencia de los últimos tres últimos años, parece razonable que Mossos sean también habilitados para ello –del mismo modo que debe tratarse en el caso de la Ertzaintza vasca y los Forales navarros–, todavía más considerando la importancia de Cataluña como principal escenario de actividad yihadista en España.

Para todos los servicios que hagan uso de ese contacto directo, que está regulado de manera específica, hay un imperativo de sentido común en pos de una correcta coordinación policial, en este caso de una adecuada coordinación antiterrorista: que de la comunicación mantenida se remita obligatoriamente copia a la UNE. Otra opción a considerar, resolviendo posibles complicaciones organizativas, es que haya funcionarios de Mossos y otras policías autonómicas, al igual que ocurre ya con los del CNP y de la GC, en la oficina de enlace que España, como cada Estado Miembro de la UE, tiene en la sede de Europol en La Haya. Ahora bien, esa oficina de enlace está inscrita en la estructura de la UNE y los profesionales adscritos a la misma funcionarios trabajan para dicha unidad y no para su cuerpo de procedencia.

A las autoridades autonómicas catalanas, tal y como han mostrado reiteradamente en sus declaraciones, parece no gustar este modelo de participación de Mossos en Europol a través de instituciones estatales españolas. Menos aún desde que el secesionismo se ha adueñado del Govern y éste sea utilizado para dar a entender que Mossos queda fuera de Europol. Es difícil que la deslealtad institucional subyacente a este posicionamiento no incida sobre el Gobierno central. Pero no utilizar más y mejor los canales existentes es responsabilidad de quienes dirigen políticamente a Mossos y condicionan su cooperación con otros servicios antiterroristas españoles.

Fernando Reinares es director del Programa sobre Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.

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