Con la concesión de la sede de la Unión por el Mediterráneo a Barcelona, es tiempo de diagnósticos para conformar una nueva agenda relacionada con la movilidad humana. De momento, la movilidad se está interpretando en el marco de las relaciones internacionales como un instrumento de poder entre dos estados, usando a los ciudadanos como moneda de cambio. Esta situación es insostenible en tiempos de derechos humanos. Asimismo, los estados de recepción son los que tienen el control de la movilidad, fundamentada en los efectos que tiene sobre su sistema de bienestar, democrático y liberal, y su capacidad de gobernabilidad en términos no solo socioeconómicos, sino también de gestión de la diversidad cultural y religiosa. La movilidad se interpreta básicamente también como un acto individual (no familiar) y voluntario (no movido por la necesidad). Asimismo, no se puede tener un contexto de unión en un marco de unilateralidad política, que implica en términos conceptuales la unidimensionalidad con la que se definen los conflictos debidos a la movilidad. El principal reto es, pues, conseguir un contexto de interpretación que fomente una visión compartida mediterránea de la movilidad humana. Desde esta óptica, existen dos premisas que deben tenerse en cuenta.
En primer lugar, el movimiento de personas no es problemático en sí ni debería ser materia de discusión, salvo si tiene tres dimensiones que generalmente van juntas: una dimensión política (la mayoría de personas se mueven de estados no democráticos o con dificultades de consolidación democrática a democracias consolidadas), una económica (es un movimiento entre el tercer mundo y/o países en vías de desarrollo a países consolidados económicamente), y una social evidente (es un movimiento de personas atraídas por nuestros sistemas de bienestar y derechos sociales). Dicho de otro modo, el movimiento de personas entre democracias avanzadas, economías similares y derechos sociales mínimos, no forma parte de la problemática (pensemos en la movilidad humana dentro del espacio interior europeo o área Schengen).
Teniendo en cuenta esta primera premisa, nos podemos plantear una pregunta: ¿quién hace un problema del movimiento de personas? La respuesta nos invita a entrar en la segunda premisa: los países de acogida, que interpretan el movimiento en términos de efectos porque velan particularmente por mantener consolidadas las tres dimensiones: política, económica y social. Además, se añade en los argumentos de las consecuencias otra dimensión fundamental: la identitaria, que se vincula no ya tanto a temas de estabilidad como de cohesión social. Esto es, el hecho de que no solo se mueven personas, sino culturas y religiones, sirve a la mayoría de los estados de recepción como coartada para sus políticas de seguridad.
Estos dos puntos que forman parte del diagnóstico nos llevan a formular el siguiente argumento: hasta que no desaparezcan estas relaciones de poder claramente unilaterales (el norte controla el proceso político y tiene el monopolio de la interpretación de la movilidad humana), no se podrá tener un contexto adecuado apto para la innovación en la búsqueda de unión en el Mediterráneo. Esta unilateralidad tiene mucho que ver con el prefijo euro que se antepone siempre a mediterráneo y que debe desaparecer de una vez. En esta nueva etapa, unión implica corresponsabilidad e interdependencia, sobre todo en la interpretación de la movilidad humana. Como resultado de la unión se pueden llegar a compartir enfoques, preguntas, respuestas, conceptos. ¿Qué estrategias seguir para fomentar un contexto de unión?
Es un hecho cada vez más evidente que hasta que no se considere que la frontera de Europa empieza en el desierto sahariano y no en el Mediterráneo, algún engranaje del proceso de construcción de un enfoque mediterráneo compartido continuará sin funcionar. Esto también nos lleva a proponer el concepto de acervo mediterráneo en general, y en materia de inmigración en particular. Esto significa crear un directorio donde se engloben todos los vínculos creados y compromisos adquiridos hasta ahora a través de otros procesos anteriores, como el Proceso de Barcelona. ¿Hasta dónde se llegó en la etapa anterior? A la voluntad de cambiar el discurso de seguridad y estrictamente de control que existe por otro más centrado en el codesarrollo, en los derechos humanos, de cooperación y de corresponsabilidad entre países receptores y países de origen. Esta nueva orientación política debe convertirse en el signo de identidad de la Unión del Mediterráneo, que ha de desvincular de entrada la gestión de flujos y la gestión de fronteras.
En definitiva, una visión mediterránea de la movilidad humana debe empezar a descargar a los países del sur de la presión que ejerce la UE del siglo XX. La UE del siglo XXI deber ser considerada un agente más que ayude a crear una red de interdependencia debido a la movilidad humana, donde nociones como inmigrante, situación irregular del inmigrante, tráfico, asentamiento, integración, codesarrollo, etcétera, se comparten y pierden todo significado que evoque fractura. Si la movilidad humana en el Mediterráneo forma parte de la fractura o de la solución es una asunto que también debe formar parte del enfoque compartido a construir. La forma como la Unión por el Mediterráneo comience a trabajar el tema de la movilidad humana decidirá el futuro de su éxito o fracaso.
Ricard Zapata-Barrero, profesor titular de Ciencia Política en la UPF.