Mucha confusión

El catalanismo ha perdido la batalla estatutaria debido, en gran parte, a su confusión conceptual y estratégica. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto han sido de rechazo y repudio, pero han mostrado un gran desconcierto acerca de las alternativas de futuro.

La confusión despunta en dos conceptos ampliamente utilizados: la soberanía y el federalismo. Si algún concepto político está obsoleto en la Europa de hoy es el de soberanía. Con la división de poderes entre los Gobiernos locales, autonómicos, estatales y europeo, ha dejado de haber una autoridad suprema capaz de tomar decisiones últimas en todos los temas sobre la población de un territorio bien definido; es decir, ha dejado de haber “soberanía”.

Hace unos pocos siglos, la construcción estatal comportó la proclamación de un poder absoluto e indivisible dentro de unas fronteras para enfrentarse a los ejércitos extranjeros, evitar las importaciones y prevenir las inmigraciones. Pero actualmente ningún poder pueden aspirar a una jurisdicción de este tipo cuando han desaparecido las fronteras, las aduanas, las monedas y, de hecho, hasta los ejércitos capaces de defender por sí solos un territorio estatal.

El modelo europeo actual, del que España y Cataluña, como las demás comunidades de la Unión, forman parte, comporta múltiples niveles de gobierno. Cada nivel de gobierno tiene y debería tener competencias exclusivas o preferentes en distintos temas, según la escala de eficiencia de los bienes públicos que provee; ya sean la moneda y el mercado comunes a nivel continental; ciertas infraestructuras y recursos naturales a nivel peninsular; el urbanismo y las escuelas a nivel regional; o los parques y las calles a nivel local.

Dentro de la Unión Europea, más que independencia hay interdependencia. Ni hay soberanía ni la volverá a haber.

Muy confuso es asimismo el uso que se hace a menudo del vocablo “federalismo”. La federalización de España no implicaría necesariamente más autogobierno de las comunidades autónomas, aunque, por ejemplo, los estatutos pasaran a llamarse constituciones. En algunos países federales los Gobiernos territoriales tienen más poderes que la Generalidat de Cataluña, pero en otros tienen menos. Parece que muchos entienden por “federalismo” una especie de confuso estadio intermedio entre la autonomía y la independencia. Pero lo que implica la federación es más unión, es decir, menos competencia entre los Gobiernos territoriales y más participación en las políticas comunes de ámbito general.

En España, los elementos fundamentales de la federalización serían la representación de los territorios en el Senado, la efectividad de las conferencias de presidentes autonómicos y la cooperación entre los ministros y los consejeros de cada tema cuando se necesiten acuerdos de amplio alcance.

Sin embargo, el ámbito estatal es hoy insuficiente para muchos temas de políticas públicas. En el contexto actual, una fórmula federal solo podría ser eficaz en un marco continental, es decir, en una federación europea. Algunos opinadores y hasta algún político propuso que en la manifestación del 10 de junio en Barcelona ondearan banderas de la Unión Europea, pero la sugerencia tuvo un eco menor.

En el aspecto estratégico, proclamar “somos una nación” es irrelevante si la voluntad de ser no se concreta en un proyecto político. Ante la pretensión de que “nosotros decidimos” hay que preguntar: decidimos ¿qué? Las demandas catalanas que llevaron al proyecto de Estatut de 2005 incluían, al mismo tiempo, más poderes propios (por ejemplo, en la administración de justicia y el Síndico de Agravios), relaciones bilaterales con el Gobierno central (en impuestos e inversiones) y más participación en las instituciones comunes (como el Tribunal Constitucional, el Banco de España y el Senado).

Estas demandas apuntaban en direcciones diferentes y su armonización habría requerido un esfuerzo mayor. Pero solo dos días después de la manifestación catalanista del paseo de Gracia, el Parlamento de Cataluña rechazó una iniciativa legislativa para un referéndum sobre la independencia.

A continuación, la defensa del Estatuto se circunscribió a refrendar su preámbulo, pero ni siquiera este gesto pudo ser trasladado a las Cortes Generales. Ahora mismo no parece, pues, que se quiera avanzar ni hacia más “soberanía” ni hacia más “federación”.

Ante la confusión de alternativas, es más probable que en el próximo periodo se restauren las clásicas políticas de conllevancia, por un lado, y peix al cove (pescado a la canasta), por el otro; es decir, los intercambios de votos en los dos Parlamentos entre los partidos que gobiernen en España y en Cataluña, sin mayor ambición de reforma institucional.

Tras la peripecia estatutaria, no será fácil reanudar estas prácticas típicas de los años ochenta y noventa. Pero no parece que en este momento nos encontremos en el inicio de algo nuevo. Esto más bien parece el final de una década perdida y un regreso a la situación anterior.

Josep M. Colomer es profesor de investigación del CSIC en Barcelona, autor de Ciencia de la política, Ariel, 2009.