¡Mueran los avales!

Esto de los avales se está convirtiendo en una especie de virus que infecta y destruye los procesos democráticos en los partidos españoles. Con la diferencia de que no ha sido introducido subrepticiamente por ningún hacker, sino que los propios aparatos de poder le han dado entrada en sus sistemas operativos para utilizarlo como cortafuegos ante cualquier alternativa que ponga en peligro su perpetuación.

Si hace dos años la recolecta jerarquizada de avales al servicio de la reelección de Rajoy contaminó el congreso de Valencia hasta el extremo escandaloso de hacer imposible en la práctica la mera presentación de ninguna otra candidatura, ahora su empleo abusivo por las distintas maquinarias políticas en pugna está ensuciando las elecciones primarias del PSOE, de forma que su plausible convocatoria lleva camino de convertirse en un feo bumerán.

El diccionario otorga dos acepciones a la palabra «aval». La segunda se circunscribe al ámbito mercantil y no ofrece duda a la hora de cotejarla con la realidad: un «aval» es una «firma que se pone al pie de una letra u otro documento de crédito para responder de su pago en caso de no efectuarlo la persona principalmente obligada a él». Eso es lo que ocurre al pedir un préstamo o al depositar una fianza. Se necesitan avalistas, pero lo relevante no es su número, sino la cantidad que garantizan.

Curiosamente a esta acepción tan ajustada a los usos cotidianos precede otra enfocada de forma específica hacia la vida pública, porque un «aval» es, antes que nada, un «escrito en que alguien responde de la conducta de otra persona, especialmente en materia política». Su sentido parece pues claramente orientado a los procesos de admisión en un club social o en un partido político. Si quieres ser aceptado, uno o dos socios, uno o dos militantes -el número no suele pasar de ahí- te tienen que avalar. A diferencia de lo que ocurre en el plano de las relaciones económicas, si el avalado se comporta de forma impropia, el avalista no sufre consecuencia alguna. Por ejemplo, esta es la hora en que seguimos sin tan siquiera saber quiénes fueron los militantes del PSOE que avalaron el ingreso en la agrupación de San Blas de uno de los hermanos Almallah después de que ya había sido detenido por su presunta implicación en el 11-M.

En sentido amplio, también puede considerarse que quienes firman un escrito de apoyo a una persona que aspira a un puesto o dignidad -verbigracia, el Garzón al que querían darle el Nobel de la Paz- o está en entredicho ante la opinión pública y/o los tribunales -verbigracia, el Garzón triplemente encausado por prevaricación y cohecho- están avalándole en ese plano más moral que práctico, en el que ni el fracaso en el empeño ni la falsedad en el elogio tienen retribución punitiva.

Lo que de ninguna manera está en la raíz del concepto, y sólo puede considerarse pues, como una perversión del lenguaje y de los usos políticos, es la consideración del aval como un requisito previo que habilita para la participación en un proceso democrático dentro del club o partido al que ya perteneces. Esencialmente, porque si nos ceñimos a esa primera definición de la RAE, estaríamos ante una inversión del principio de representación política: no sería el candidato el que «respondería» ante el cuerpo electoral del cumplimiento de sus promesas, sino que lo harían sus avalistas, pudiéndose llegar al absurdo, como ocurrió con el PP en Valencia, de que al superar éstos con creces el 50% del censo de delegados no pudieran «responder» sino ante sí mismos, transformando la votación en una superflua pantomima.

Es cierto que la democracia tiene sus reglas, es decir, sus límites. Incluso suscribiría el aserto de que la sustancia de la democracia son esos límites. Por lo tanto, nada cabría objetar a que, por razones operativas o de protección de la dignidad del colectivo, se requiriera el respaldo de un cierto número de firmantes para convertir a alguien en candidato a un puesto interno o a una nominación para disputar un cargo público. Pero más que avalistas -¿cómo van a «responder» los afiliados de lo que luego hagan Tomás Gómez o Trinidad Jiménez?- yo les llamaría promotores o, si no sonara tan feo, padrinos. Es decir, personas que acompañan al candidato al altar de la contienda, pero a las que nadie puede responsabilizar de lo que ocurra tras la boda.

Su papel nunca debería rebasar esa función testimonial, acreditativa de un estado previo y una potencialidad difusa -es bueno para el partido que este señor pueda presentarse-, para convertirse en una traba a la expresión del pluralismo. Tan importante es este asunto que en mi opinión la Ley de Partidos Políticos debería fijar un suelo y a la vez un tope lo más bajo posible -el 1% del censo como mínimo, el 3% como máximo- para esos listones previos a cualquier proceso democrático interno.

Se trataría, en definitiva, de impedir que el derecho al voto, consustancialmente ligado a su carácter secreto, sea sustituido en el seno de los partidos por los mecanismos clientelares e intimidatorios de la actual recogida pública de avales. El voto no se firma, el aval sí.

El voto no tiene por qué acarrearte «consecuencias» personales -por utilizar la desafortunada expresión de Rubalcaba-, el aval sí en la medida en que convierte tu preferencia en algo conocido por el colectivo.

Para poder ser candidato en el congreso de Valencia hacían falta los avales del 20% de los delegados. El nuevo reglamento del PP permite a los precandidatos presentar listas de compromisarios a lo que serían una especie de primarias, pero mantiene al final ese mismo listón estratosférico: quien no llegue al congreso con al menos una quinta parte de apoyos públicos ni siquiera tendrá la posibilidad de postularse. En el caso del PSOE la barrera de entrada se rebaja al 15% pero continúa siendo una aberración, una burla, un sarcasmo que ofende a la inteligencia y desgarra cualquier sensibilidad democrática.

Ninguna televisión privada, ningún periódico de información general impreso o electrónico tiene en España más del 15% de cuota, por hablar de un mercado que, si no fuera por las televisiones autonómicas, sería modélico en materia de pluralismo. Y si nos ceñimos a la sociología electoral, hay numerosos ejemplos en todo el mundo de candidatos que partiendo con índices de apoyo mucho más bajos, han ganado unas primarias o incluso unas elecciones generales.

Pretender que antes de que comience la contienda alguien consiga el apoyo firmado y rubricado de uno de cada seis militantes, es decir -teniendo en cuenta los índices de participación habituales- de uno de cada tres votantes probables, convierte en la práctica en poco menos que misión imposible el que se presente alguien ajeno a la maquinaria del partido. Y si encima, como es el caso de Antonio Asunción en Valencia, el aparato le hace trampas, aprovechando la ausencia de sus interventores para anularle con nocturnidad y alevosía más de 300 avales, sólo queda colocar en la puerta de la sede el lasciate ogni speranza del Infierno de Dante.

El PSOE sabrá lo que se hace, pero si después de que un hombre inteligente y honrado, un político de prestigio, un dirigente añorado como Antonio Asunción ha logrado sin otro concurso que el entusiasmo de un puñado de voluntarios reunir la descomunal suma de más de 3.200 avales en muy pocos días, ahora se le bloquea el acceso a las primarias quedará en evidencia que todo el sistema es una farsa, amén de que el partido en Valencia está en manos de unos chupatintas, tan inútiles como cobardes, que sólo se merecen que el candidato del PP sea Camps, acuda a cada mitin con uno de los trajes de El Bigotes y les gane -no les quepa de duda de que así será- por mayoría absoluta.

Zapatero debe intervenir en defensa del último atisbo de «democracia bonita» que pueda quedar en su partido. Lo contrario sería dar carta blanca a que vuelvan los pucheros de Zarrías. O los órganos federales convalidan los avales de Asunción o, como pide él con todo fundamento, se habilita un nuevo periodo de recolección de apoyos y se procede a un nuevo recuento con garantías de neutralidad y transparencia ante las partes. Todos sabemos que Asunción no es ningún kamikaze, pero cuando un hombre cabal se siente víctima de una burda encerrona su tesón hasta obtener justicia puede terminar acarreando graves perjuicios públicos a quienes ahora se frotan las manos tras su felonía.

El zapaterismo habrá perdido la partida si no hay primarias en Valencia, pues quedará demostrado que sólo en la excepcional circunstancia histórica de que exista un vacío de poder como el de julio de 2000 hay opción para que aparezca un outsider. Era la irrupción vocacional de Asunción, regresando a la política tras una trayectoria de éxito como empresario -algo insólito en los partidos españoles, no digamos en el PSOE- lo que daba autenticidad al proceso, pues la contienda de Madrid no deja de ser un choque de trenes entre dos maquinarias políticas igualmente engrasadas por las prácticas sectarias y el dinero público.

A pesar de todos los pesares, siempre me parecerá mejor -o para ser exactos menos mal- que esta pugna se dirima a través de unas primarias desnaturalizadas que mediante el ordeno y mando que en este caso hubiera supuesto el apuñalamiento de Tomás Gómez por José Blanco y la defenestración de su cadáver por Rubalcaba. Pero los abusos de ambos bandos en la recolección de avales han alcanzado tal paroxismo que a lo que podía haber sido un proceso ejemplar desde el punto de vista democrático ya sólo le va quedando la carcasa.

Peor aún que el hecho de que haya que obtener un mínimo tan alto como el del 15% para entrar en liza es que no exista límite a esa captación formal de compromisos públicos. Si en efecto el secretario general de Madrid ha conseguido más de 6.500 avales válidos y la ministra de Sanidad ronda los 5.800, eso significa que el uno tiene comprometido ya el voto de más del 36% del censo y la otra el de más del 31%. O sea que alea jacta est. Sólo una participación altísima que arrastrara a gran parte de ese 32% que queda por asignar o la improbable circunstancia de que, al modo de los académicos que habían prometido votar a Romanones y se esfumaron a la hora de la verdad – «¡Joder, qué tropa!»-, varios centenares de avalistas de Gómez se pasaran a Trinidad podría alterar ya el desenlace.

Que gane Tomás Gómez es muy bueno para Esperanza Aguirre, pues hace tiempo que le tiene tomada la medida y bastante malo para Zapatero pues quedará patente que se ha abierto una brecha entre su liderazgo y gran parte de las bases del partido. Su propia candidatura a La Moncloa puede quedar así inesperadamente en el aire, en la medida en que este resquebrajarse de la confianza interna coincide con un horizonte de recaída o, como mínimo, de estancamiento económico. La previsión presupuestaria anticipada el jueves por EL MUNDO de que el número de parados se mantendrá estable en 2011 acaba con cualquier perspectiva de llegar a las generales rentabilizando el fruto de los actuales sacrificios.

Podemos encontrarnos con un PSOE a la deriva en el que incluso quepa contemplar un proceso de involución hacia su peor cultura. La forma en que Barrionuevo, Rodríguez Ibarra, Corcuera y otros especímenes del felipismo puro y duro se han volcado a favor de Tomás Gómez permite augurar que la derrota de la ministra de Sanidad sea el preámbulo de un ajuste de cuentas interno, en el que a Zapatero le empiecen a pasar factura por su distanciamiento de los desmanes del pasado. Y a este respecto conviene decir dos cosas: que nunca será lo mismo lidiar con los errores de un gobernante por descomunales que sean, que con los delitos impulsados desde el poder; y que de lo que ocurrió en los años en que la corrupción y el crimen de Estado marcharon de la mano todavía no sabemos ni la mitad de la mitad.

Pero no adelantemos acontecimientos -tiempo al tiempo- y centrémonos hoy en la vertiginosa adulteración de un proceso que había suscitado una limpia esperanza desde la perspectiva de la participación política y por ende de la regeneración democrática. Esta vez ya no tiene remedio, pero la experiencia demuestra que para que «vivan las primarias» -como se proclamaba hace dos domingos en esta página- deben morir antes los avales.

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

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