Mujer y madre: doble desigualdad

En España vivimos 46,6 millones de personas y todos somos iguales ante la ley. Y lo somos porque poseemos una dignidad que nadie nos puede quitar porque venimos de fábrica con ella. No son los políticos ni los legisladores quienes nos la otorgan, pero ellos deben ocuparse de arbitrar los mecanismos necesarios para respetarla.

Además de la dignidad hay otra característica que nos convierte en iguales: todos somos hijos o hijas. Esto significa que la familia, concretamente la maternidad como origen de ella, nos convierte en iguales. Pero también existen otras que, afortunadamente, nos hacen diferentes: diversidad de razas, culturas, religiones, y de ello tenemos que estar orgullosos, porque además esa diversidad nos enriquece.

Pero ser iguales no significa ser idénticos, y por ello algunas de las características o situaciones que nos diferencian no deben valorarse negativamente, y además hay que protegerlas. Y es obvio que la edad es una de ellas, no es igual un niño que un adulto, sus necesidades son diferentes y también deben serlo sus derechos.

En España residen más de 8,3 millones de menores, y sus padres y madres les cuidan, educan, forman y les inculcan valores que pertenecen a la esfera privada de las familias, pero que se convierten en valores públicos. De ellos, más de 1,7 millones tienen menos de 3 años, con lo que implica a efectos del tipo de atención que necesitan y los problemas que se derivan en materia de conciliación, que se agudizan especialmente en este tramo de edad. También existen diferencias entre padres y madres con hijos sanos o enfermos, con discapacidades o sin ellas, y que son cuidados por sus padres y madres, y ponen de manifiesto todo lo que hacen nuestras familias.

No hay duda de que hay que apoyarlas en su trabajo diario, y que los poderes públicos deben facilitárselo, porque el traer hijos al mundo –que no cotizantes– supone, entre otras cosas, un aumento del capital humano y social, imprescindibles para el crecimiento y estabilidad social. Si queremos construir una sociedad más fuerte y más humana, las necesitamos. Por ello los responsables públicos deberán permitir y facilitar a la familia ser y hacer correctamente lo que le corresponde. Si no, tanto nuestra sociedad como la economía, y nuestro estado de bienestar se tambalearán.

Pero volvamos a las desigualdades –o mejor, diferencias– que nos enriquecen y deberían ser protegidas, me refiero a las mujeres que tienen hijos, es decir que son madres. Este grupo de la población es cada vez más reducido, ya que la tasa de fecundidad en España se encuentra a la cola de Europa desde hace tiempo, lo que es, al menos en parte, consecuencia del aplazamiento de la maternidad. La edad media a la que las mujeres tienen su primer hijo es superior a los 31 años, y el funcionamiento del mercado de trabajo tiene una clara influencia en esta decisión. Incluso la decisión de aplazar el nacimiento es una estrategia para poder conciliar, los más jóvenes no quieren tener hijos hasta que su situación profesional esté estabilizada, retrasan la maternidad, y cada vez en más casos renuncian a ella.

¿Qué sociedad estamos construyendo entre todos? Unos porque toman decisiones sin tener en cuenta sus consecuencias, otros porque no ayudan a modificar esta realidad, aunque tienen instrumentos para hacerlo, y otros muchos porque callan y aceptan, sin hacer nada para ayudar a los jóvenes que quieren formar su propia familia.

Las mujeres hemos logrado incorporarnos al mercado de trabajo, pero muchas han tenido que renunciar a la maternidad porque ese trabajo que tanto les ha costado alcanzar no es compatible con ella. Además, la sociedad las valora por su trayectoria profesional y su posición en el mercado laboral, mientras que ignora el valor de la maternidad y el trabajo que esa misma mujer desempeña cada día como madre –quizá porque por él no percibe ningún salario–. Muchas mujeres que todavía continúan luchando contra la desigualdad que les supone ser mujer, deben comenzar una nueva batalla cuando se plantean ser madres o deciden serlo. Quizá ya están cansadas de luchar para ser iguales (¿o más bien idénticas?) que los hombres en el mercado de trabajo y ya no tengan fuerzas para pelear ser diferentes en lo personal, es decir, ser madres.

Resulta necesario que la maternidad se vea como una diferencia positiva, lo que significaría la desaparición de la desigualdad que tiene su origen en ella. La última encuesta realizada por Acción Familiar en la Comunidad de Madrid muestra que los hijos forman parte del proyecto vital de los jóvenes, y aunque sólo tienen 1,8 hijos de media, desearían tener 2,3. Hay muchas barreras que obstaculizan su proyecto de familia, y una de ellas es que en nuestra sociedad está mal visto tener muchos hijos. Existe una ruptura entre lo que la sociedad valora y lo que ellos mismos valoran de manera individual.

Las políticas de igualdad que se impulsan no son suficientes para acabar con todas las desigualdades. El indicador más utilizado para medirlas es la brecha salarial, que se calcula exclusivamente desde la perspectiva de género, y no muestra la desigualdad que existe atendiendo a la situación familiar. Pero dicha brecha es casi inexistente entre los hombres y mujeres más jóvenes y sin hijos, pero aumenta a medida que lo hace el número de hijos o el de personas dependientes: padres o abuelos.

Para eliminar estas desigualdades resulta necesario utilizar la perspectiva de familia en todas las políticas públicas, porque si no se identifican bien sus causas, no tomaremos las medidas adecuadas. También deberíamos preguntarnos qué modelo de sociedad queremos potenciar cuando trabajamos para reducirlas desde sólo una única perspectiva. Esto exige que nuestros políticos se cuestionen qué lugar están dando y qué lugar deberían dar a la familia en su proyecto político. Es mucho el trabajo por hacer pero, además de necesario, es apasionante, y si queremos construir una sociedad de bienestar no podremos hacerlo nunca al margen de la familia.

María Teresa López López, decana de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense. Experta en políticas de familia.

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