Multas diplomáticas

Por José Apesteguía e Ignacio Palacios-Huerta (EL CORREO DIGITAL, 23/07/06):

No hay más que leer la prensa escrita o ver las noticias en televisión en España para contemplar casos de corrupción. Estos días aún se nos sigue dando detalles del caso Fórum Filatélico y de la trama inmobiliaria en Marbella. En otros países más de lo mismo. En unos más y en otros menos, pero en todos algo. La verdad es que la corrupción no es un problema menor. De hecho, en ocasiones está tan generalizada que dificulta el desarrollo económico, social y político de un país. Por ejemplo, se estima que en el mundo, políticos, burócratas y demás cargos públicos desvían cada año en beneficio propio billones de euros originalmente destinados a mejorar la sanidad, la educación, las infraestructuras y otros servicios. Estas prácticas, a su vez, tienen consecuencias sobre la confianza del ciudadano en las instituciones, por supuesto deslegitimándolas en gran medida. Y esta desconfianza a su vez tiende a generar un efecto multiplicador sobre la corrupción.

A priori, y desde un punto de vista científico, podría parecer sorprendente que dada la importancia del problema todavía no se entiendan muy bien las variables que lo generan. La verdad es que no es tarea fácil. Por una parte, parece evidente que tanto el sistema legal y punitivo de un país como sus normas sociales y culturales influyen en la corrupción. Por otra parte, la dificultad estriba en distinguir la influencia de cada una de estas variables por separado. Por ejemplo, aquellos países en los que las costumbres sociales no reprueban contundentemente las prácticas corruptivas suelen presentar sistemas legales poco exigentes en la persecución de la corrupción, siendo estos sistemas laxos los que a su vez contribuyen a generar normas y costumbres más permisivas. Entender, por tanto, el grado de influencia que cada una de estas variables (el sistema legal o las normas sociales) tiene en la determinación de la corrupción supone un gran desafío para la investigación en las ciencias sociales. Pero, ¿cómo separar los factores sociales y culturales de los factores legales y penales?

En principio podría parecer imposible separar ambos determinantes. Sin embargo, en un excelente estudio aparecido hace unas semanas titulado ‘Cultures of Corruption: Evidence from Diplomatic Parking Tickets’, los economistas Ray Fisman de la Universidad de Columbia en Nueva York y Edward Miguel de la Universidad de California en Berkeley empiezan a esbozar una respuesta a este problema. Estos economistas han tenido la brillante idea de estudiar una situación en la que el sistema legal concede a ciertos individuos una inmunidad total para la consecución de un determinado tipo de delito. Esto, a priori, podría resultar paradójico, pero es cierto. Los individuos en cuestión son los aproximadamente 1.700 diplomáticos en las Naciones Unidas en Nueva York procedentes de 146 países de todas las partes del mundo. El delito en cuestión es la violación de la normativa de párking en el período comprendido entre 1997 y 2002. La inmunidad diplomática permite a todos estos ciudadanos violar la normativa de aparcamiento sin pagar las multas correspondientes. Esto es, no sólo todos los diplomáticos se encuentran en una misma ciudad, sino que el sistema legal que se les aplica es el mismo, y la pena por el delito es exactamente la misma: cero. Hasta ahora todo lo mismo, y por lo tanto no deberíamos esperar diferencias de comportamiento. Ahora bien, si las normas sociales y culturales adquiridas en el país de origen juegan un papel importante en el comportamiento del individuo, entonces sería posible esperar que los distintos diplomáticos se comporten de manera diferente según su país de procedencia. Vayamos a los datos. ¿Qué nos dice la evidencia? En primer lugar, se observa una tremenda incidencia de la práctica del aparcamiento ilegal. Los diplomáticos de las Naciones Unidas tuvieron durante el periodo en cuestión alrededor de 150.000 multas de tráfico sin pagar, por un importe total de unos 18 millones de dólares. Esto es, en promedio, unas multas de 1.000 dólares (unos 800 euros) por diplomático. En segundo lugar, hay una grandísima variación según el país de origen. Lo interesante de esta variación es que se puede comprender fácilmente. Los diplomáticos procedentes de países considerados como poco corruptos (por ejemplo Suecia o Noruega) se comportan remarcablemente bien, sin apenas infringir la ley incluso en esta situación en la que el coste de hacerlo es cero. Sin embargo, los diplomáticos de países provenientes de regiones relacionadas con altos grados de corrupción (como por ejemplo Sudán o Angola) son precisamente los que más infracciones cometieron. Esta evidencia indica la gran importancia de las normas sociales y culturales. No se puede concluir otra cosa. Y a todo esto, ¿dónde quedan nuestros diplomáticos? Como se puede adivinar por el título del artículo, nuestros muchachos quedan mal. Muy mal. Vergonzosamente mal. El número de infracciones perpetradas por los diplomáticos españoles que estuvieron en la ONU entre 1997 y 2002 está a la altura de países como Liberia, Ruanda, Ucrania, Filipinas y Gana. De entre los países europeos, España es el tercero en mayor número de infracciones por diplomático, superado únicamente por la República Checa e Italia.

Alguno puede pensar que un estudio como el de los profesores Fisman y Miguel no nos puede decir demasiado sobre la verdadera corrupción ni de nuestros gobernantes ni de personas ‘normales’ en situaciones más ‘normales’. Al fin y al cabo, las multas de aparcamiento son un delito menor y los diplomáticos suelen ser personas con educación elevada, de clase social alta y de ingresos elevados. Sin embargo, son estas mismas razones precisamente por las que un estudio de este tipo no nos dice mucho, sino que nos dice muchísimo. Si son estos individuos los que infringen la ley cuando hay tan poca cosa en juego, da miedo pensar lo que se les puede pasar por la cabeza a otros, con menor educación, tal vez con peores valores y en otras situaciones en las que se puede sacar más tajada. El elevado grado de infracciones entre nuestros diplomáticos indica además que en lo que respecta a normas sociales y culturales sobre la trampa y el aprovechamiento de lo ajeno, estamos mucho peor de lo que podría corresponder a nuestro sistema legal. Al fin y al cabo, ni nuestra tradición de derecho ni nuestro sistema legal parecen ni inferiores ni más laxos que el de países como Libia, Ruanda, Ucrania, Filipinas o Gana. Sin embargo, nuestras normas sociales se encargan de que el comportamiento sea el mismo.