Una de las consecuencias de la globalización es que los Estados definen crecientemente sus intereses de seguridad en concierto con otros Estados. Existen intereses puramente nacionales, pero hoy importan cada vez más los 'intereses comunes' y las 'respuestas colectivas' frente a amenazas como el terrorismo internacional o los efectos de crisis humanitarias en Estados fallidos como Sudán. El multilateralismo europeo es sobre todo un multilateralismo de seguridad y estabilidad, vertebrado fundamentalmente en dos ejes, la UE y la OTAN.
Multilateralismo no implica en absoluto uniformidad de opiniones. Conciliar intereses es una ardua tarea. Pero en conjunto los Estados se esfuerzan en renunciar a sus objetivos máximos para alcanzar compromisos globales. La pertenencia a organizaciones como la UE o la OTAN implica, pues, garantías y ventajas, así como contrapartidas y servidumbres; en el plano político-militar, las últimas a veces se traducen en sufrir bajas en misiones no siempre entendidas por la opinión pública. Mayormente basta con no desentonar mucho y respetar consensos mínimos.
Desde este prisma, una valoración de la política exterior y de seguridad de España en las últimas décadas arroja un balance contradictorio. Ha habido una mayor convergencia con nuestros aliados -que siempre ha redundado en beneficio de España- junto con notables desvíos y mensajes equívocos (con Cuba, Venezuela, Serbia, etcétera). De ahí que un cierto interés en el extranjero por el papel de España en Europa y el mundo vaya a menudo acompañado por una evidente incomprensión e incertidumbre. Así, la postura española frente al estatus final de Kosovo y el repentino anuncio de la retirada o 'repliegue' de nuestras tropas de Kfor (la misión de la OTAN), en el fondo, no suponen nada tan nuevo. Y eso es quizá lo preocupante para la España del siglo XXI, además de las reacciones de nuestros aliados más estrechos y los claros problemas de comunicación evidenciados.
Se han esgrimido dos razones muy distintas para el repliegue: en primer lugar, que esta decisión es coherente con el no reconocimiento de la ex provincia serbia, y necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. La primera es más discutible que la segunda, casi desaparecida en el fragor de la crisis diplomática. En general, el no reconocimiento es una cosa, y nuestro compromiso con la seguridad de la zona es otra. Confundir 'totalmente' ambas cuestiones, desligándonos casi por completo de Kosovo, es problemático.
En primer lugar, las condiciones habituales para el despliegue de tropas de mantenimiento de paz, además de las internas (como autorización parlamentaria), son el consentimiento del Estado concreto y/o la decisión de una organización internacional competente. Kfor cumple ambas de sobra: el consentimiento de Serbia, además del beneplácito de la ONU a través de la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad y, sobre todo, de la propia OTAN. Los escasos países de la UE que no han reconocido al nuevo Estado siguen manteniendo tropas allí.
En cuanto al no reconocimiento de Kosovo en sí, es una decisión legítima del Gobierno español y quizá prudente en su momento. Pero una cosa es defender dicha posición, con perfil bajo (como España hizo al principio), y otra muy distinta es afear las igualmente legítimas posiciones de la práctica totalidad de los miembros de la UE y la OTAN. No queda claro tampoco qué gana España votando en la ONU con Estados con los cuales tiene cero intereses comunes -a menudo no muy respetuosos con los derechos humanos- o dando lecciones de Derecho Internacional a países como Holanda o Bélgica. También las decisiones de la UE y la OTAN son legalidad internacional, como establece nuestro ordenamiento jurídico.
Desde otro punto de vista, una retirada española 'parcial' podría ser comprensible en la medida en que Kfor ha venido asumiendo tareas de construcción de instituciones estatales en Kosovo, como el adiestramiento de la nueva Fuerza de Seguridad (un embrión de ejército, creado este enero y limitado a operaciones de emergencia civil). El mantenimiento de la seguridad en la región, no obstante, seguirá siendo responsabilidad de la OTAN, en estrecho partenariado con la ONU, la UE y su misión civil (Eulex), ante el riesgo de rebrote de la violencia étnica. El secretario general de la ONU calificaba en su reciente informe este papel de Kfor como 'crucial' en un contexto de seguridad 'estable' (el sinónimo empleado en la jerga internacional para tratar situaciones de conflicto latente que requieren atención continuada). Habría sido por tanto mucho menos polémico (tal y como de forma implícita apuntaba la ministra hace escasos tres meses), reconducir sutilmente el repliegue español dentro de la siguiente fase de operaciones. Está previsto que los aliados acuerden reducir gradualmente parte de sus 15.000 efectivos, manteniendo una presencia de disuasión (en la cual podría perfectamente participar España, sin merma de lo esencial de su postura diplomática).
Respecto al segundo argumento básico, cabe entender la retirada por necesidades operativas tras diez años en dicho territorio, y ante compromisos más prioritarios en África (o Afganistán). Pero eso es muy diferente al argumento de 'retirada por no reconocimiento', que ha empañado aquél y que es incoherente con un esfuerzo multilateral continuado en regiones conflictivas.
Ha sido, en fin, una decisión unilateral del Gobierno, que ha debilitado su postura diplomática (al contradecir anteriores argumentos sobre la vigencia de la resolución 1.244, etcétera), y que siembra nuevas dudas sobre las líneas esenciales de nuestra política exterior. Sin caer tampoco en valoraciones apocalípticas, parece claro que no fortalece un debate estatal serio sobre el papel de las misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior (que Defensa ha venido impulsando con medidas muy correctas, como la eliminación del límite de 3.000 soldados en el exterior). Tampoco facilita las propuestas que pueda llevar España a la próxima cumbre de la OTAN de abril, sobre el necesario debate del futuro de la Alianza. Y va a obligar al Gobierno a trabajar más de cara a una ambiciosa presidencia española en la UE de 2010, en la cual quiere reforzar el papel de la UE como actor global y, de paso, mejorar las relaciones con Estados Unidos.
Borja Lasheras, profesor de George Washington University-Madrid.