Muñoz Grandes y un importante avance social

¿Cómo surge un avance social? Un caso interesante lo tenemos en España con lo sucedido para la aparición de esa novedad que son las «sociedades anónimas laborales»; por ello, conviene mostrar algo de su historia. En el año 1960, el profesor Manuel Lizcano me relató que trabajaba sobre el comunitarismo ibérico, no sólo a partir de la obra de José Antonio Maravall «Las Comunidades de Castilla, una primera revolución moderna» (Revista de Occidente, 1963), sino en conversación con personas relacionadas con el anarcosindicalismo y sus derivaciones, como el dirigente sindicalista Juan López Sánchez, y con dirigentes de las Hermandades Obreras de Acción Católica que incluso habían conocido a quien había sido su alma, Rovirosa. Concretamente, uno de estos era Macario Bolado, quien, a través de Lizcano, se puso en contacto conmigo y me relató que trabajaba en los transportes urbanos de Valencia. Le acompañaban otros dirigentes obreros de la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia (CTFV). Esta pertenecía al grupo del Banco Central. Como consecuencia de su política de compras, esta empresa urbana se encontraba en una situación financiera muy preocupante, y ello repercutía en las condiciones laborales, así como en las urbanas, al plantear la necesidad de un incremento de las tarifas, para atender, además, a las demandas salariales. Pero me demostraron que con una buena política de costes podía resultar muy viable. En aquellos momentos podía plantearse bien su municipalización, bien la aparición, como ellos deseaban, de una cooperativa, con lo que surgiría un control obrero.

Todo ello lo expusieron al ministro de Trabajo, Romeo Gorría, quien consideró que la gestión tenía la suficiente trascendencia como para tener informado al vicepresidente del Gobierno, Muñoz Grandes. Este, inmediatamente, recibió a Macario Bolado, y le pareció, en principio, que la idea del control obrero era la decisión adecuada, pero añadió, según me relataron estos dirigentes, que era preciso que la solución básica fuese impedir tanto el mantenimiento de la insostenible situación existente como una municipalización que podría ser poco eficaz. Pero la alternativa cooperativa, en más de un caso, había resultado poco adecuada. Por eso les aconsejó que se pusiesen en contacto con buenos especialistas jurídicos. Los nombres que les dieron, mancomunadamente, Muñoz Grandes y Romeo Gorría fueron: para resolver los problemas del Derecho Mercantil, Aurelio Menéndez, a la sazón catedrático en la Universidad de Salamanca; para los del Derecho del Trabajo, Efrén Borrajo, entonces catedrático en la Universidad de Valencia; para los derivados de que era precisa la denuncia de una concesión por el Ayuntamiento, Eduardo García de Enterría, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Madrid. Pero ambos consideraban que el mensaje que Bolado les transmitiría fuese coordinado finalmente por un gran jurista capaz de crear novedades, y ese gran jurista pensaban que podría ser el entonces catedrático de la Universidad de Madrid Alfonso García Valdecasas.

Aurelio Menéndez no pudo aceptar por hallarse entonces en régimen de «plena dedicación», pero Valdecasas, Borrajo y García de Enterría pasaron a estar detrás de una figura jurídica hasta entonces inexistente, una «sociedad anónima laboral», con la que se huía del cooperativismo, de la socialización y de la estructura jurídica anterior. La idea partió precisamente de la extraordinaria capacidad intelectual y visión jurídica de Valdecasas, pero la articulación, en forma de dictamen, correspondió a un extraordinario letrado, José María Ruiz Gallardón, que estaba en su bufete, el padre de quien ha sido, continuando la tradición familiar, ministro de Justicia hasta hace poco. El control de esta sociedad anónima laboral recomendó Valdecasas que pasase a una fundación laboral. Al general Muñoz Grandes y a Romeo Gorría les pareció una solución perfecta. También al alcalde de Valencia, Rincón de Arellano, y al arzobispo, doctor Olaechea. Incluso el general Muñoz Grandes hizo que con la adquisición de cuarenta autobuses nuevos comprados por esa sociedad anónima laboral tuviesen aquellos un aparcamiento provisional en unas instalaciones de transporte del Ejército.

Solo existió un enemigo, y conviene señalarlo. Los antecedentes de los dirigentes que trataban con el Ministerio de Trabajo, el Ayuntamiento y Muñoz Grandes procedían de las HOAC, del anarcosindicalismo y del socialismo. Sólo tenían enfrente al grupo comunista que consideraba que, con esa solución, se perdía una ocasión de, a través de solicitudes de incrementos salariales no atendidos, crear un ambiente de tensión social en Valencia. A partir de ahí, se inició un sendero nuevo en nuestro Derecho del Trabajo que no hubiera podido llevarse adelante sin el respaldo, como se ve muy intenso, del entonces vicepresidente del Gobierno, Muñoz Grandes. Relatar esto es preciso para que resplandezca la verdad, porque, como escribió Cervantes en el Quijote: «Es preciso que ni el interés, ni el miedo, el rencor, ni la afición (…) hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia (…) testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir».

Juan Velarde Fuertes, economista.

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