Muros y colonias

Han transcurrido ya cinco años desde que la Corte Internacional de Justicia emitiera su tajante dictamen sobre la ilegalidad del muro de separación que Israel erige en Cisjordania. El 9 de julio de 2004 concluyó que «Israel está obligado a poner fin a sus incumplimientos del Derecho Internacional, a interrumpir inmediatamente los trabajos de construcción del muro en los Territorios Ocupados, incluido Jerusalén Este, y a desmantelar de manera inmediata las estructuras allí establecidas». Tras el fallo, Israel hizo exactamente lo contrario: acelerar las obras. Hasta el día de hoy ha completado el 60% de los 725 kilómetros proyectados.

Aunque Israel argumenta que el muro simplemente cumple misiones defensivas, lo cierto es que dicha barrera no se ha levantado sobre la Línea Verde, fijada tras los armisticios de 1949, y pretende convertirla en su nueva frontera ‘de facto’. Si bien la máxima instancia judicial del sistema de las Naciones Unidas reclamó la inmediata intervención de la comunidad internacional para evitar que se pudiese completar el muro, ni Estados Unidos ni tampoco la Unión Europea movieron un solo dedo, como tampoco lo hicieron para frenar la frenética colonización registrada durante las dos últimas décadas. Debe recordarse que, entre 1990 y 2008, al mismo tiempo que se negociaba, el número de colonos en Cisjordania pasó de 78.600 a 282.000, y en Jerusalén Este, de 135.000 a 200.000. Las 161 colonias -eufemísticamente denominadas ‘comunidades’ por las autoridades israelíes- sumadas a las zonas militares cerradas representan ya más de un tercio del territorio palestino.

Al mismo tiempo, Israel ha erigido una formidable maraña de barreras y controles que impiden la libertad de movimiento de la población, encerrando a los ocupados en sus ciudades, pueblos y aldeas y aislándolos de su entorno. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Jerusalén, Israel ha erigido más de 600 obstáculos en Cisjordania: 238 trincheras, 84 puertas de metal, 75 barreras, 72 bloques de cemento, 71 controles militares permanentes, 33 puertas a lo largo del muro, 17 controles parciales de carretera y 17 zanjas. Dichos obstáculos representan una clara violación de la Cuarta Convención de Ginebra, que establece que la potencia ocupante debe garantizar la libertad de movimiento tanto de personas como de mercancías y no puede aplicar castigos colectivos contra la población ocupada.

El Informe Bertini de 2002, elaborado a instancias del secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, constató que la política de cierres israelí provocó la mayor limitación de movimiento desde la ocupación en 1967: «Los palestinos están sujetos a una gran variedad de cierres y toques de queda, bloqueo de vías y restricciones que han causado casi el total colapso de la economía palestina, el aumento del desempleo, el incremento de la pobreza, la reducción de actividades comerciales, la limitación al acceso de servicios esenciales (tales como el agua, servicios de salud, educación y servicios de urgencias) que incrementan la dependencia de la ayuda humanitaria. Como consecuencia de estas restricciones, la mayoría de los palestinos permanecen confinados en sus propias aldeas y ciudades incapaces de acceder a otras áreas para acceder al trabajo, la educación, la alimentación o la sanidad».

Paradójicamente ha sido Estados Unidos, el principal aliado de Israel, quien ha reaccionado ante esta política que, al mismo tiempo que empobrece a la población, hace imposible la aparición de un Estado palestino viable. En su discurso de El Cairo del pasado 4 de junio, el presidente Barack Obama señaló: «Los israelíes deben reconocer que del mismo modo que no puede negarse el derecho de Israel a existir, tampoco puede negarse el de Palestina. Estados Unidos no aceptará la legitimidad del mantenimiento de los asentamientos israelíes. Esta construcción viola los acuerdos anteriores y mina los esfuerzos para alcanzar la paz. Es tiempo de que se detengan esos asentamientos». Además remachó: «Israel también tiene que estar a la altura de sus obligaciones de garantizar que los palestinos puedan vivir, trabajar y desarrollar su sociedad. Al igual que resulta devastadora para las familias palestinas, la prolongada crisis humanitaria no sirve a la seguridad de Israel, como tampoco lo hace la prolongada falta de oportunidad en Cisjordania. El progreso en la vida cotidiana del pueblo palestino debe formar parte del camino hacia la paz, e Israel debe dar pasos concretos para permitir ese progreso».

De esta manera dejaba claro que la Casa Blanca no admitirá que Israel siga empleando pretextos para seguir modificando la situación sobre el terreno, tal y como pretende el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Si en 1991, el mismo año que se celebró la Conferencia de Paz de Madrid, había 227.000 colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, hoy en día su número se acerca al medio millón. Durante este mismo periodo se construyeron medio centenar de asentamientos y se ampliaron los límites de los ya existentes, todo ello bajo la excusa de satisfacer su ‘crecimiento natural’. Este argumento se cae por su propio peso. En el periodo 1996-2005, el crecimiento de la población de los asentamientos triplicó al de Israel (un 7,7 y un 2,2 respectivamente, según las estadísticas del Foundation for Middle East Peace).

Parece evidente que tanto el muro como los asentamientos se inscriben dentro de la ya conocida política israelí de hechos consumados, basada en la expropiación de tierras árabes y la cantonización de Cisjordania y Jerusalén Este. El propósito es imponer un compromiso territorial basado en la repartición de fuerzas sobre el terreno, quedando los enclaves judíos en manos de Israel, que anexionaría el Gran Jerusalén, los bloques de asentamientos y la porción de territorio entre el muro y la Línea Verde, y condenando al futuro Estado palestino a la inviabilidad y la dependencia respecto de Israel.

Ignacio Álvarez-Ossorio