Por José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo (EL PAIS, 12/11/04):
El verano del 36 fue especialmente caluroso. Soplaban vientos del Sur que trajeron nubes de tormenta. Nací el 13 de junio de 1936. Mi padre era capitán de Carabineros en La Coruña y a pesar de la tradición republicana de este cuerpo, decidió sumarse al grupo de militares que protagonizaron un golpe de Estado contra la Constitución de la República. Guardo emocionados recuerdos de su ejemplar sentido ético, su cariño a todos los que le rodeaban y la dignidad y austeridad con la que supo vivir, junto con otros muchos militares que veían indignados cómo unos pocos se enriquecían pasando factura de su adhesión ideológica a los vencedores.
Como un niño de los vencedores, disfruté de una vida agradable y sin complicaciones. Difícilmente puede anidar en mis recuerdos el más mínimo rencor o resentimiento. Fui conociendo la guerra a través de la versión monolítica y totalmente acrítica de los vencedores. Cuando tenía 14 años cayó en mis manos la colección oficial de la Historia de la Cruzada, con magníficas y triunfalistas ilustraciones de Sáez de Tejada. Recuerdo que para hilvanar la justificación del golpe de Estado, las primeras páginas se remontaban a la Semana Trágica de Barcelona de 1909. Los sucesos de aquella época dieron mucho juego durante el largo periodo en que el régimen totalitario se dirigía a sus súbditos recordándoles "las salvajadas de la República" para que no cayesen en el olvido, y para que nadie osase remover el pasado y rescatar las nefastas libertades que habían arruinado el pensamiento y la grandeza del espíritu imperecedero de la raza.
Los vencedores adaptaron el escenario a sus propósitos de perpetuarse en el poder y no se cansaron de reiterar, en tono amenazante, que si alguien quería desenterrar los llamados y queridos demonios familiares que tan a menudo invocaba el caudillo, la barbarie volvería a ensangrentar nuestra tierra.
El caudillismo no fue, como demostró el paso del tiempo, una solución transitoria para hacer frente, bajo un solo mando, a los avatares de la guerra. Duró hasta el 20 de noviembre de 1975. Franco ostentó hasta su muerte la facultad de hacer leyes por su propio imperio y decisión, sin necesidad del refrendo de las Cortes franquistas. La Ley Orgánica del Estado, que fue un intento de maquillar un régimen personal con una envoltura "pseudo constitucional", no pudo soslayar la referencia a la unidad de poder y división de funciones. Sus redactores no dudaron en proclamar que Franco era "el representante supremo de la nación, personificaba la soberanía nacional y ejercía el poder supremo, político y administrativo". La disposición transitoria de forma críptica para los profanos, viene a decir que hasta que Franco muera mantendrá las atribuciones que le habían concedido las leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, así como las prerrogativas que le otorgaba la Ley de Sucesión. En otras palabras, le correspondió hasta su muerte "la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general" y de elegir como sucesor a quien su capricho le dictase. Cualquier pretensión jurídica de conjugar este engendro normativo con los principios del derecho y la justicia es tarea imposible o empeño de embaucadores.
Los vencidos fueron arrojados a las tinieblas interiores de su patria, a la que amaban con la misma o mayor intensidad que los vencedores. No les permitieron permanecer fieles a su pasado, si querían vivir sin reacciones perjudiciales. Tuvieron que guardar en los recónditos pliegues del alma sus convicciones y sus sentimientos más nobles. Cualquier veleidad con las fragancias de la democracia que débilmente nos soplaban desde una Europa que nos había olvidado era implacablemente perseguida. Los que lo intentaron, desde las filas de los monárquicos, liberales o democristianos, fueron objeto de una feroz descalificación por los cronistas del régimen con los epítetos más insultantes. Algunos de estos escribas siguen hoy en ese oficio.
Los muertos y asesinados eran sombras que vivían en sus conciencias y que no podían recordar ni en sus conversaciones familiares. Sus profesiones se vieron frustradas y no se les dejaba espacio para integrarse en el esfuerzo de todos los españoles que generacionalmente se iban distanciando cada vez más los protagonistas directos de la guerra.
La derecha tradicional de este país, segura de que en tiempos difíciles siempre habría un grupo de militares dispuestos a sacarles de su inoperancia y su reaccionarismo, no ha comprendido el alcance de los sentimientos de los que se han movilizado para poner en marcha la recuperación de la memoria histórica. Los hijos de los vencidos, sobresaltados todavía por las angustias y persecuciones de toda una vida, no quieren remover las tierras que cubren a sus padres. Han sido los nietos, los que han nacido y se han criado con la libertad intelectual que nace de la democracia, los que no quieren que se perpetúe una historia, en la que sus abuelos figuran como protagonistas de una orgía sangrienta en la que enloquecidos por la furia antirreligiosa se dedicaron a asesinar sin más motivo que el deseo de satisfacer sus instintos. Creo que la derecha más razonable de este país tiene una deuda con los que compartieron y comparten el amor por las libertades. Tenemos ejemplos en nuestro entorno europeo para que las páginas de la memoria, del honor y del sacrificio de los que murieron por defender la República se llenen con sus nombres, libres de cualquier mácula de un pasado que tuvieron que soportar en silencio. Nadie quiere volver la vista atrás, ninguno actúa movido por el odio, sólo quieren un simple reconocimiento de la lealtad y valores que atesoraron sus antepasados.
La nulidad de todas las sentencias dictadas por tribunales militares es la única salida coherente.
No se puede enlazar el golpismo con la legitimidad democrática. La lectura de Curzio Malaparte (Técnica del golpe de Estado, 1932) les puede orientar sobre "las apariencias de legalidad" que inútilmente pretende construir en todos los países, el bando de los golpistas.
No se trata de analizar, una por una, las conductas que fueron sancionadas con la ejecución fulminante, simplemente declarar que el sistema seguido para imponer las condenas repugna y es incompatible con la cultura democrática y los valores de la civilización. Lo ha dicho reciente y reiteradamente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en relación con el sistema judicial de Turquía. Las decisiones no pueden ser más tajantes al afirmar que el Tribunal de Seguridad del Estado, uno de cuyos miembros pertenece a la Magistratura Militar, no puede, bajo ningún supuesto, garantizar un proceso justo a las personas sometidas a su jurisdicción.
No creo que ampararse en un superficial formalismo jurídico, inaceptable en un sistema democrático, sea la única solución. Los familiares no quieren reproducir el pasado, sólo desean que les dejen remover el peso de la tierra y el olvido, para encontrar sus raíces.