¿Nación de naciones? No hagan trampas

Ha entrado en el debate político un artefacto mental (mitad trol, mitad troyano) destinado a causar estragos en el frente constitucional. Solemnizó su difusión Pedro Sánchez quien, para justificar su taimado plan de gobierno, dijo que España es una “nación de naciones”. Sorprende cómo sus detractores han acabado aceptando este “sí es sí” tan discutible.

Entre los intentos de hacer pasar por natural este sintagma figura el artículo de Álex Grijelmo en este mismo periódico. Su argumento es que “un mismo vocablo puede designar el todo y a la vez una de sus partes”. Un ejemplo confirmatorio es este: “el brazo está integrado por el antebrazo y el brazo”; o “el día está incluido en el día”. El símil, para ser válido, debería ser que un brazo es “un brazo de brazos” o un día es “un día de días”.

Que una expresión sea gramaticalmente posible, no significa que sea semánticamente aceptable. La preposición “de” se presta a confusión. En el caso de “nación de naciones”, el uso del genitivo (inclusivo y partitivo a la vez) no le otorga ningún contenido semánticamente definible y coherente al sintagma.

Otro ejemplo: que “la tierra está incluida en la Tierra” resulta igualmente falaz, pero nos da una pista de lo que quizás quiera decir su autor aludiendo a la polisemia. Según esto, tendríamos que hacer una distinción entre nación (una parte del territorio) y Nación (el territorio en su conjunto). ¿Es esto lo que se quiere defender? Parece que no. La discusión no es geográfica ni lingüística, sino política. La trampa está en eludir la discusión situándola en un terreno equivocado, que no es si la lengua española acepta o no que se llame “nación” a Euskadi o Cataluña.

Dejando de lado toda excursión etimológica sobre la nación-nacimiento, nación-lugar de origen, nación-etnia o nación-lengua, vayamos al meollo, el de la nación política. Todo lo demás son maniobras de distracción. La pregunta es: ¿puede existir una nación política que esté formada por otras naciones políticas?

Nación política significa Estado soberano, con fronteras definidas, un sistema legal propio que asegura su independencia, legalidad y legitimidad, y que tiene como principio básico la igualdad de todos sus ciudadanos en derechos y obligaciones. Si la nación política no es esto, que los “plurinacionalistas” lo aclaren. ¿Naciones o cuasi-naciones, que a su vez lo son de otra nación mayor? ¿Qué estatus internacional y jurídico, qué sistema institucional, defensivo y económico tendrían estas neonaciones? ¿Qué derechos y obligaciones los ciudadanos pertenecientes a la vez a esas naciones y a la “nación de naciones”?

La lógica nos dice que esa “nación de naciones” no es posible sin la desaparición de la única nación actualmente existente, España, un Estado plenamente democrático, legal y legítimamente constituido. Porque no existe ningún ejemplo en el mundo de una verdadera “nación de naciones”. Una nación no se puede dividir en “naciones” y seguir siéndolo. O la nación de origen desaparece, o las nuevas naciones no serían naciones políticas independientes.

Se juega en el terreno de la indefinición y la ambigüedad política. La expresión no produce significado, sino indeterminación semántica: que cada uno rellene el vacío con el contenido que quiera. Pero la comunicación requiere compartir el significado de lo que decimos, pues de lo contrario se convierte en manipulación y juego sucio.

El sintagma lo que transmite es la idea de que podemos solucionar los problemas de la organización del Estado, de la unidad y la convivencia entre todos los españoles, con una fórmula mágica y con buena voluntad, encajando todo lo que está desencajado mediante un originalísimo proceso de ingeniería política: reconocer la existencia de naciones independientes (pueden ser dos, cuatro o catorce, eso dependerá de “la voluntad de los pueblos”) y, a la vez, integrarlas a todas (y a “los restos”) en una especie de supranación que no se llame así para no ofender a nadie. ¿Cómo la llamaríamos? ¿Cómo actuaríamos ante un mundo globalizado? ¿Cómo nos pondríamos de acuerdo para cualquier cosa? ¿Alguien se ha parado a pensar un segundo en la dimensión del disparate y, sobre todo, en el coste social y humano que esto supondría, en el supuesto de que pudiera llevarse a cabo pacíficamente? ¿Cuánto tiempo, energía, dinero y recursos hemos perdido y estamos perdiendo en este disparatado desatino?

Los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué consiste ese invento jurídico-político. Que no nos manipulen, que el lenguaje no sea instrumento de engaño y mentira. ¡No hagan trampas, señores!

Santiago Trancón Pérez es profesor y escritor.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *