Nacionales y nacionalistas

Las dificultades que está encontrando el Gobierno de Rodríguez Zapatero para completar su representación parlamentaria con el apoyo de otros grupos que doten de estabilidad a la legislatura ha vuelto a dejar patente hasta qué punto la política gubernamental depende de la actitud de los partidos nacionalistas. Durante las dos últimas décadas la mayoría absoluta ha sido la excepción, y no la regla, en la conformación de las Cortes.

CiU, PNV, Coalición Canaria, ERC y BNG han protagonizado en todo ese tiempo, aunque con intermitencias, una política consistente en sacar de apuros al Ejecutivo de turno a cambio de alguna concesión que beneficiara a sus respectivas comunidades. La renuencia de los dos partidos nacionales que se han sucedido en la Moncloa – PP y PSOE-a afianzar alianzas duraderas y el pragmatismo rayano a lo mercantil que han venido empleando las formaciones nacionalistas han impedido que se establezcan bloques más o menos compactos. Además, la extendida concepción de que las alianzas han de responder a las necesidades que tenga un partido para gobernar cuando no cuenta con mayoría absoluta ha marchado pareja a la vana ilusión alimentada entre sus filas por las formaciones nacionales sobre la certeza de que pronto contarán con esa mayoría. De hecho, los partidos tienden a percibir las coaliciones y las alianzas como extremadamente peligrosas. Las formaciones menores, porque mediante esos acuerdos se ponen a disposición de las formaciones mayores. Y las formaciones mayores porque entienden que al consagrar una coalición o alianza con otros durante un tiempo prolongado reducen sus posibilidades de obtener la mayoría absoluta en solitario. Todo lo cual podría aproximarnos a tres pronósticos de futuro. El primero, y visto el empate infinito al que parece condenado el equilibrio entre PSOE y PP, es que difícilmente obtendrá cualquiera de los dos mayoría absoluta en las próximas convocatorias generales. El segundo es que ni uno ni otro renunciarán al sueño de lograrlo, y por eso ambos evitarán formalizar acuerdos estables con los partidos nacionalistas. El tercero, que sólo se plantearán la cuestión de las alianzas una vez ganadas las elecciones, entre otras razones porque los partidos nacionalistas serán siempre remisos a establecer pactos de oposición.

Miremos la cuestión desde el lado de las comunidades con fuerte presencia de formaciones nacionalistas o regionalistas. En la actualidad todos los gobiernos autonómicos en los que esos partidos cuentan con consejeros están formados también por formaciones nacionales. En otras palabras, hoy el nacionalismo o el regionalismo es incapaz de gobernar sin el concurso del PSOE – en todos los casos menos uno-o del PP. Es lo que ocurre en Catalunya, Baleares, Canarias o Cantabria, después de que en Galicia un partido nacional obtuviera la mayoría absoluta y de que en Euskadi los dos partidos nacionales acordaran un cambio de gobierno. Podría ser una casualidad momentánea. Pero también podría obedecer al hecho de que los partidos nacionalistas y regionalistas no están capacitados, por su exigua representación o por la incompatibilidad que se manifiesta entre ellos, para conformar mayorías absolutas. Incluso de cara al futuro inmediato, no parece fácil que el fracaso estratégico cosechado por ERC en su propósito de suplantar a CiU como referencia hegemónica del nacionalismo catalán le lleve a aliarse precisamente con los convergentes, o a estos a buscar esa alianza y concedérsela a los republicanos. Como no parece lógico que, una vez descubierto que las alianzas soberanistas han acabado debilitando políticamente al PNV, este cifre parte de sus esperanzas en el regreso de la izquierda abertzale a la legalidad para recuperar junto a ella el gobierno de Euskadi.

El presidente Rodríguez Zapatero ha querido convertir en virtud su necesidad de dotarse de acuerdos específicos con uno u otro grupo parlamentario. Una inclinación que ha merecido la denominación de “geometría variable”, sin que haya alcanzado la categoría de estrategia. Esa actitud no es imputable únicamente a la proclividad del presidente por prometer a todos todo aquello a lo que aspiran, de manera que se multiplican las posibilidades de provocar decepciones y enfados entre sus interlocutores. Responde también al tipo de política que se ha instalado en España, que parece pendular constantemente entre los gestos de demostración ideológica – nacional o nacionalista-y el mercadeo ocasional de unos cuantos votos parlamentarios. Puede que dibujar el término medio entre ambos extremos sea una quimera. Pero, en cualquier caso, sería la condición para dotar de estabilidad y moderación a la práctica de la política en España y en cada una de sus comunidades autónomas.

Kepa Aulestia