Nacionalismo de élite

La quema de una foto del Rey -así como de una bandera y de una Constitución españolas- durante la marcha independentista celebrada el sábado con ocasión de la Diada alimenta el falso estereotipo que mucha gente tiene respecto a los catalanes. Los últimos resultados de la encuesta del CIS en Cataluña, en los que se ponía de manifiesto que alrededor del 80% de los catalanes compatibilizan la identidad catalana y española, fueron destacados con gran profusión por todos los medios de comunicación. No deja de resultar curioso que un dato tan conocido desde hace décadas tuviera tanta repercusión. Y es que a muchos españoles que nunca han viajado a Cataluña y que se guían por lo que dicen sus políticos sobre el Estatut para medir el clima de opinión en esta región, esa noticia les dejó perplejos. A muchas personas todavía les cuesta creer que en la ciudad de Barcelona se escuche hablar más en español que en catalán o que no pocos taxistas pongan la COPE en sus vehículos.

Entonces, ¿por qué los políticos catalanes son cada vez más nacionalistas y les funciona? ¿No debería regir en política, al igual que en otros órdenes de la vida, la ley de la demanda?

La peculiaridad de la situación catalana es que es posible la coexistencia de una clase política muy radical y una mayoría más o menos moderada de la ciudadanía que, aunque no comparte o es indiferente a esos planteamientos, hace posible que salgan elegidos esos representantes. Todo ello es posible porque el nacionalismo catalán, al contrario de lo que se dijo durante la Transición, nunca fue un movimiento de masas, sino un fenómeno promovido por una élite de la sociedad catalana.

La teoría de la desconexión entre las élites políticas y una mayoría del electorado no es, por otra parte, un asunto nuevo. En su libro La desmovilización de los votantes americanos publicado en 1989, Michael Avey demostró empíricamente que la razón por la cual los votantes norteamericanos iban a las urnas en tan baja proporción no era tanto debido al menor nivel educativo de estas capas de la población sino a la desatención por parte de la clase política de sus problemas reales. Avey defendía en este libro que si la élite política norteamericana hubiera sido más receptiva a las demandas de la clase trabajadora, la participación electoral en este país podría haber sido de media del 80% en lugar del habitual 50%.

Una situación que se agudiza particularmente en Cataluña, donde la desmovilización no sólo es electoral sino también civil. Y esta desmovilización, sin ánimo de simplificar en exceso, afectaría fundamentalmente a un amplio sector de la población perteneciente a la clase trabajadora castellanohablante, de menor renta y formación, es decir, el grupo social menos nacionalista.

Éste es un dato por el que suelen pasar de puntillas, o al menos superficialmente, los análisis realizados por políticos y periodistas. Si nos fijamos en los datos del perfil del abstencionista en el referéndum sobre el Estatut encontramos una fuerte correlación entre su pertenencia a la clase media-baja, su grado de desinterés hacia las cuestiones identitarias y la identificación con España como primera comunidad de referencia. Según la encuesta realizada por el Centre d’Estudis d’Opinió con posterioridad a la votación del Estatut, el 60% de los abstencionistas -recordemos, un 50% del censo electoral- decía sentirse tan español como catalán o incluso más español que catalán. Además, una mayoría de ellos, el 72%, tenía al menos uno de sus padres nacidos fuera de Cataluña. Sólo el 5% de los miembros de este grupo tenía estudios universitarios y la mitad únicamente había cursado estudios primarios.

Aunque en los sondeos que los periódicos catalanes suelen realizar periódicamente acerca del sentimiento identitario suele observarse de pasada que el mayor porcentaje de nacionalistas se encuentra entre la población catalanohablante y que en general tiene más antepasados catalanes, lo interesante es que más que criticar el carácter excluyente o elitista de esta circunstancia, se observa una suerte de lamento por no haber sumado al movimiento a capas más amplias de la población. Lo interesante del caso es que este carácter elitista del nacionalismo catalán no sólo tiene un carácter, digamos, etnolingüístico, sino pura y directamente de clase.

En un estudio relativamente reciente (y raro dentro de la corrección política imperante en el mundo académico) publicado en 2007 en la revista Nationalism and Ethnic Politics, Thomas J. Miley, del Centro de Estudios Constitucionales, se permitía cruzar las variables de nacionalismo y estatus socioeconómico. El resultado no dejaba lugar a dudas: el sentimiento nacionalista en Cataluña era mucho más alto entre la élite política y funcionarial que en el resto de la población.

Un dato interesante es que, de acuerdo a este estudio, los castellanohablantes o nacidos fuera de Cataluña que pertenecen a esta élite burocrática, especialmente los profesores, son más proclives al nacionalismo que el resto de sus conciudadanos.

Es decir, estaríamos hablando en toda regla de un nacionalismo impulsado por una élite fundada en el estatus y/o la pertenencia etnolingüística cuya desmovilización de la parte opositora se habría logrado, eso sí, por métodos absolutamente cívicos y pacíficos: la creación de un clima de opinión en el que la primacía del discurso identitario habría alienado a la parte de la población con preocupaciones más urgentes en temas como sanidad o educación.

Sirvan como ejemplo dos datos, la esperanza de vida es hasta 10 años mayor en distintos barrios de la ciudad de Barcelona y Cataluña es una de las comunidades donde el nivel económico determina en mayor medida el acceso a la educación universitaria.

Los procedimientos de creación de este clima de opinión desmovilizador son conocidos: la creación de un grupo potentísimo de comunicación, líder en términos cuantitativos, de carácter público (la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales emplea aproximadamente al 25% de los profesionales del audiovisual en Cataluña); las subvenciones directas o vía publicidad institucional a diarios locales; la creación de símbolos e instituciones locales cuyo objetivo no es tanto complementar como sustituir a las españolas; los subsidios públicos a organizaciones de la llamada sociedad civil que financian estudios (Òmnium Cultural pagó a un académico canadiense de renombre para escribir un libro demostrando que Cataluña es una nación) y organizan eventos que impulsan el nacionalismo… Éstos son quizás los ejemplos más evidentes, pero a ello hay que sumar un muy activo 15 o 20% de la población con una alta capacidad de movilización.

Sólo desde los presupuestos de una sociedad oprimida por sus élites políticas puede explicarse la creación de Ciutadans de Catalunya que, lejos de nacer como un movimiento o lobby de base como sucede por ejemplo en EEUU cuando los políticos no responden, ha sido también un movimiento creado desde arriba por un grupo de importantes intelectuales catalanes.

Por ello no se entiende que, dentro y fuera de Cataluña, el partido que dice defender los intereses de los más débiles apoye, con el presidente del Gobierno a la cabeza, en sus reivindicaciones al grupo privilegiado de la sociedad catalana en perjuicio de sus conciudadanos. Quizás sea porque, también en la cuestión de las élites, Cataluña sigue estando a la vanguardia de España.

César García Muñoz, profesor de Comunicación en la Central Washington University.