Por Guillermo Núñez Pérez. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de La Laguna (EL PAÍS, 07/04/06):
LA realidad jurídica dice que Canarias es una región ultraperiférica de la UE. La ultraperificidad se conforma como signo objetivo que justifica un tratamiento diferenciado de Canarias en el seno del ordenamiento jurídico comunitario y, todo ello, sobre la base de entender que la unidad del ordenamiento no debe identificarse con la uniformidad. A realidades objetivas dispares, tratamientos jurídicos singulares, única forma de garantizar la propia unidad y coherencia del sistema. Hasta tal punto es válido este último aserto que ya desde la misma incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, los Reyes Católicos reconocieron y regularon esta singularidad. Es más, ni siquiera bajo un régimen político de vocación tan uniformemente asfixiante como el franquista se dejó de reconocer a Canarias como realidad singular que requería un tratamiento especial en determinados ámbitos.
¿Cabe acaso otra credencial mejor para fundamentar desde Canarias la existencia de unos derechos históricos que fragüen en fundamento de una reivindicación de carácter «nacionalista»? Para algunos defensores del «nacionalismo canario», el reconocimiento histórico de la singularidad se conforma como instrumento fundamental en que basar la defensa de sus postulados políticos. Parece una contradicción, pero en realidad no lo es. No se trata de que «Madrid» o «Bruselas» reconozcan la singularidad, puesto que históricamente lo han venido haciendo, sino de que tal singularidad no desaparezca y quede reconocida en el ámbito constitucional español, estatutario y en la futura Constitución europea.
Lo esencial, sin embargo, es que nos encontramos con un basamento no muy sólido desde un punto de vista político para fundamentar la reivindicación nacionalista, y no sólo porque idéntico planteamiento es secundado por los partidos no nacionalistas (PP y PSOE) presentes en Canarias, sino, sobre todo, porque el mismo, tal vez por su propia naturaleza marcadamente economicista, no es propicio por sí mismo para transformarse en seña de identidad sentimental del «pueblo canario». No obstante, esta manifestación del nacionalismo, representada por Coalición Canaria, bien puede ser calificada como moderada. Además, resulta un hecho innegable que la actuación política de Coalición Canaria en Madrid, Bruselas o Canarias se ha traducido en los últimos años en la consecución de ventajas (o en la reparación de viejas desventajas) para el archipiélago que de seguro no se habrían alcanzado de no existir esta opción política.
Pero los tiempos cambian y con el tiempo también los planteamientos políticos. Hoy en España vivimos un proceso de revisión del modelo de organización política recogido en la Constitución. Se trata de un proceso anómalo, puesto que el modelo no es objeto de revisión a partir de los procedimientos previstos por la propia norma fundamental, sino a partir de la utilización torticera de ésta a fin de provocar que el diablo que expulsamos entre todos los españoles por la ventana en 1978 entre ahora por la puerta chica gracias al pacto político auspiciado por el PSOE con algunas fuerzas políticas nacionalistas no precisamente moderadas, al menos, en el sentido de que su fin declarado es el cuestionamiento permanente del propio modelo de organización política recogido en la Constitución. Y no se trata de que rechacemos el derecho a propugnar el cambio, sino a que éste se promueva por vía de hecho sin el debido consenso entre todos o, al menos, sin el refrendo de todos, nacionalistas y no nacionalistas, que es en definitiva lo que exige la Constitución.
Es tiempo, por consiguiente, de posicionarse. Y desde la ultraperiferia, en la que tantos ciudadanos sentimos y vivimos el devenir de España, resulta motivo de preocupación que una fuerza nacionalista moderada como Coalición Canaria se pueda replantear los postulados de su actuación política mediante la incorporación de elementos que pongan en cuestión su probada lealtad al pacto constituyente. No se trata de negar la conveniencia de que exista una fuerza política única para toda Canarias, sino de reivindicar la necesidad de que la misma se conforme a partir de las realidades insulares, o si se prefiere, del denominado insularismo como seña de identidad ideológica de dicha fuerza política. Sustituir esta identidad originaria de Coalición Canaria por la adopción de postulados nacionalistas trasnochados y radicales no sólo supondría introducir una nueva dinámica en las relaciones de Canarias con el resto de España, sino de renunciar a una de las mayores virtudes que hasta el presente ha mostrado sin ningún género de dudas Coalición Canaria: su sincretismo ideológico.
La ideología «nacionalista-insularista» de la actual Coalición Canaria se caracteriza por su pluralidad y ausencia de esencias ideológicas inamovibles, prevaleciendo las posiciones que se identifican con el denominado centro político. Poner en cuestión este logro innegable y afanarse por introducir elementos de radicalidad no parece lo más sensato para los intereses de Canarias. Sería quedarse en la mera superficialidad pensar que el actual pacto PSOE-Nacionalistas es un mero instrumento para aislar al PP. Estamos en realidad ante un cambio sustancial en la estrategia del PSOE o, al menos, de la victoria de aquel sector que en el seno de dicho partido propugna la vuelta al pasado: república, autodeterminación, confederación...
Si Coalición Canaria quiere continuar siendo una alternativa política seria, moderada e integradora, debería empezar por rechazar las antiguallas ideológicas de los siglos XIX-XX y dotarse de nuevas ideas para afrontar el XXI. Ése es el auténtico reto que de manera inaplazable demandan la mayoría de los ciudadanos de este archipiélago, y no el regreso al pasado marcado por viejas teorías políticas arrinconadas por la historia, pero siempre prestas a ser recuperadas por los nostálgicos y los auténticos reaccionarios que dicen ser progresistas.