Naciones, todas o ninguna

Por Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid (EL PERIÓDICO, 08/10/05):

La disputa, a ratos agria, sobre si Catalunya constituye o no una nación ha hecho correr mucha tinta al compás de las polémicas levantadas por el nuevo Estatut. Aunque quiere uno creer que no se trata de la dimensión más importante de éste –tanto más cuanto que el reconocimiento de las nacionalidades en la Constitución española no parece que remitiese a una realidad muy distinta de la que ahora nos ocupa–, merece la pena que le prestemos oídos a alguna de las dimensiones del debate correspondiente.
Sobre lo que tenemos entre manos se adivinan dos posiciones sensatas y una que no lo es. La primera de las querencias que hemos calificado de sensatas considera que conviene rechazar con radicalidad cualquier discurso que asuma la existencia real de naciones. Estas últimas –remitámonos a una conocida aseveración– no serían sino comunidades imaginadas que responderían al mezquino propósito de inventar y subrayar diferencias para asentar unos u otros intereses. El rechazo del que hablamos afectaría, bien es cierto, a todas las naciones. No cabe aquí la trampa: si se denosta el intento de la mayoría de las fuerzas políticas catalanas en el sentido de inventar una nación propia, por fuerza tiene que hacerse otro tanto con el empeño de muchas fuerzas políticas españolas que no dudan en postular la existencia de una nación española. Y esto es importante subrayarlo porque no faltan quienes asumen una curiosa práctica: una vez que se identifican las naciones con tribus descarriadas y se remite su escenario mental a la edad media –olvidemos ahora tópicos tan desafortunados–, uno descubre con sorpresa que semejante condición no se aplica a todas las naciones, sino, y en exclusiva, a las de los demás. El máximo responsable del PP, el señor Rajoy, gusta de abrazar esta visión: tras rechazar las naciones que reclaman buena parte de las fuerzas políticas catalanas, vascas y gallegas, y repudiar, en paralelo, el principio de autodeterminación, Rajoy nos explica que existe, en cambio, una intocable y venturosa nación española, producto, además, del ejercicio de una autodeterminación que se desplegó en 1978.

LA SEGUNDA argumentación respetable discurre por un camino diferente y asume de buen grado que no hay mayor pecado en imaginar naciones. Al fin y al cabo –se nos viene a decir–, eso es lo que han venido haciendo un sinfín de comunidades humanas, sin que ello acarree por necesidad, aunque tampoco las excluya, conductas reprobables y exclusiones impresentables. A la luz de esta forma de ver las cosas, todas las propuestas relativas a la presunta existencia de unas u otras comunidades imaginadas son merecedoras de atención, de tal suerte que, si el vigor de cada una dependerá de los apoyos ciudadanos y políticos que suscite, su buen sentido se vinculará con argumentos de cariz histórico y cultural, y su respetabilidad se relacionará con el designio de emplear medios democráticos y no excluyentes para defender las opiniones propias. En este caso –y regresemos a lo más próximo–, unos considerarán, legítimamente, que Catalunya es una nación y otros aplicarán esta categoría a España. Incluso cabrán fórmulas eventualmente contradictorias, como la que habla de nación de naciones, y ello por mucho que no guste a casi nadie. A los unos porque colocan por encima de su nación un emplaste de condición nebulosa, producto más bien –aseveran– de viejas imposiciones. A los otros, porque les parece que la enunciación de la existencia de naciones que sobreentienden están por debajo de la propia y en general opera en menoscabo de esta última.
¿Y cuál es esa tercera posición que nos hemos atrevido a etiquetar de poco sensata, de ajena a cualquier querencia moderadamente racional? En realidad ya nos hemos referido a ella de la mano de las opiniones tantas veces vertidas por el señor Rajoy. Agregaremos que esa opinión se revela también de la mano de los discursos de tantos nacionalistas esencialistas –hablamos ahora de nuestra periferia– empeñados en imponer una verdad revelada y reacios a asumir cualquier consideración dialogante de las opiniones de los demás. En más de una ocasión Batasuna rechazó el derecho de autodeterminación por entender que implicaba alguna posibilidad de poner a pública discusión lo que ontológicamente no podía ser debatido: el derecho del pueblo vasco a disponer de un Estado propio.

AGREGARÉ, en suma, que en su versión rajoyana esta tercera posición demuestra su insensatez cuando interpreta que, para fundamentarse, basta con la mención ritual de que lo que defiende es lo que dice la Constitución española en vigor. Una Constitución que, por cierto, hace suyos los perfiles, en todos los órdenes, de un Estado no gestado democráticamente y pretende que otorgándole una pátina democrática desaparece, como por ensalmo, tal origen.