La entrada en la política institucional conlleva la pérdida de la inocencia que se exhibe cuando, careciendo de antecedentes, se solicita el favor de la gente. Una vez que como electo se entra en el hemiciclo o en el salón de plenos, comienzan las votaciones. Los problemas y las soluciones no sólo han de ser enunciados con la máxima precisión, sino que además tienen que dar lugar a artículos normativos y a anotaciones presupuestarias. La legislatura no ha dado todavía comienzo y la nueva política empieza ya a avejentarse. El dominio de las formas sobre el fondo ha ofrecido réditos electorales, pero se vuelve fugaz desde el momento en que tiene que enfrentarse a las exigencias de la política convencional, en tanto que sólo lo convenido acaba haciéndose realidad en la democracia representativa. En el mutuo contagio, parecen más los gérmenes que la vieja política va transfiriendo a la nueva que las novaciones inducidas por esta entre los tradicionales. Exceptuando recursos instrumentales –como la presencia en redes sociales, el seguimiento activo de la programación televisiva o algunos gestos de cercanía al público– la vieja política no se siente especialmente interpelada por la nueva porque constata que esta ya ha dado todo de sí. Lo comprueba cuando los emergentes responden a las desavenencias internas con maneras incluso menos elegantes que las tradicionales.
Aunque hay síntomas de cuestionamiento de algunas convenciones que, aun debiéndose sobre todo a la fragmentación partidaria, dejan en entredicho la entereza de determinadas convicciones. Pablo Iglesias rompió con los usos habituales cuando salió de la Zarzuela dibujando un gobierno, y lo hizo la pasada semana al erigirse en interlocutor central sin haber sido propuesto para la investidura. De modo que ya sólo le quedaría convocar él nuevas elecciones para epatar. Pero Mariano Rajoy demostró también qué significaba realmente su insistente declaración de “respetar lo que resuelva el Rey”, cuando declinó presentarse a la investidura. Y hasta el propio Felipe VI se vio obligado a interpretar su papel constitucional más al modo del jefe del Estado legitimado para encargar a Pedro Sánchez la gestión de una mayoría de investidura y gobierno que a la actitud de un monarca al uso, exigiendo que se le asegure de antemano esa mayoría antes de proponer a alguien para la investidura. Las reglas de la costumbre y la preeminencia institucional no son válidas desde el momento en que el primer partido evita concursar a la presidencia del gobierno porque se le niega –se ha negado a sí mismo– la investidura.
Las apreturas parlamentarias a las que la irrupción de los emergentes ha obligado a las formaciones tradicionales fueron saludadas inicialmente con alborozo por la nueva política, hasta que sus promotores se percataron de que la fragmentación partidaria echaba por tierra también la superioridad con la que Podemos y Ciudadanos habían afrontado las elecciones del 20 de diciembre. Algo de lo que Albert Rivera se percató de inmediato; mientras Pablo Iglesias trataba de hacer valer su tercer puesto como si fuese una victoria moral que incrementaba la cotización de sus escaños y el de las “confluencias”. Las organizaciones del bipartidismo no estaban preparadas para asimilar un cambio de situación que venía anunciándose desde hacía año y medio. Pero quienes se han visto más sorprendidos han sido los emergentes. Cuentan poco más que con un poder de veto ante las aspiraciones de socialistas y de populares, y en ningún caso están en condiciones de determinar la agenda de un hipotético gobierno, más que negando la investidura y haciéndose cargo de la convocatoria de elecciones.
Las señales de envejecimiento de lo nuevo caminan muy por delante de la verificación de sus supuestas virtudes. De entrada, en una versión descarada en el caso de Podemos y en otra más amable en la de Ciudadanos, han tenido que mostrarse como avezados intérpretes de las martingalas tacticistas y especulativas en el ejercicio de la política. El exclusivismo y la exclusión laten en ellos como siempre lo hicieron en la política posterior a la transición. Sus respectivas aportaciones programáticas –las de Podemos y las de Ciudadanos– presentan ideas sugerentes, pero siempre en la dicotomía entre una alternativa estatista en el primer caso –dispuesta a someter la democracia toda al dictado del “Gobierno del Cambio”– y una apuesta más liberal y homologable en el segundo caso. La prueba definitiva del envejecimiento de la nueva política es que hasta sus expresiones más inocentes, más espontáneas, aspiran a convertirse en partido.
Todo en nombre de la eficaz cohesión y disciplina internas, sin las cuales no cabría competir con la vieja política.
Kepa Aulestia