Ese principio general en derecho podría ser el soporte de la actitud de Mariano Rajoy desde que en septiembre de 2012 el círculo soberanista más cercano al president le convenció de que muchos de los que aparentemente querían la secesión en Catalunya no admitirían fácilmente marcha atrás en el proceso iniciado.
Eso es, más o menos, lo que dijo el jefe del Gobierno en los Teatros del Canal, que regenta el autoconfinado Albert Boadella, con motivo del foro sobre La España necesaria, organizado por Unidad Editorial y en presencia de una parte de la élite económica de la capital y un puñado de barandas de la nomenclatura popular. El inescrutable Rajoy lanzaba el siguiente aviso a criticones: “Una cosa es opinar y otra muy distinta tomar decisiones, como cuando, en un cuarto de hora, acepté la propuesta de Zapatero para reformar la Constitución”.
Pero también Artur Mas –héroe o villano– vive atrapado en un dilema y, sin margen de maniobra para la transacción, se vio obligado a exigir al jefe del Gobierno un concierto económico y, después de este, un referéndum para que los catalanes pudiesen pronunciarse sobre la independencia. Y así, el presidente de la Generalitat se ha ido adentrando en un camino en el que ha calentado el ánimo de los catalanes que abogan por la independencia frente a los que no la quieren. Y lo ha hecho pasando por alto que en el seguimiento de la “hoja de ruta” él mismo y sus subordinados podrían estar incurriendo en numerosos ilícitos penales.
Esto ha terminado colocando a Rajoy entre la espada de quienes opinan que hay que seguir transfiriendo fondos del FLA a los ciudadanos de Catalunya, para que no se hunda el sistema (49.000 millones de euros en los últimos tres años) y la pared de los que rezongan porque los contribuyentes están sufragando, con sus impuestos, las estructuras del “nuevo Estado catalán”, embajadas incluidas.
La prueba del abandono en la gestión de gobierno: las farmacias y las clínicas privadas. El Govern asegura no disponer de fondos para cubrir los millones de euros que adeuda, 300 a los farmacéuticos y los 450 a las clínicas, pero esto no es ninguna novedad, ya que desde el principio de la legislatura era consciente de que no podría hacer frente a las deudas que vencían ni pagar las nóminas de los funcionarios.
La Generalitat ha concentrado sus energías en desplegar iniciativas contrarias a la Constitución, el Parlament ha aprobado el inicio de la separación, el Tribunal Constitucional –a instancias del Gobierno– ha suspendido ese acuerdo, y por segunda vez ha sido rechazada la candidatura de Mas a la presidencia del Ejecutivo.
Estamos ante lo que los filósofos llaman una aporía y los lógicos una paradoja –de las que sólo se sale por un acto de imposición violenta–, que es lo que Adorno y Horkheimer definen como “realidad última” en Dialéctica de la Ilustración.
¿De quién es la culpa? ¿Cómo se ha podido llegar hasta aquí? ¿Qué va a pasar? Unos sostienen que ni el Gobierno de España ni sus partidos políticos son responsables de lo que ocurre en Catalunya: escándalos, ruptura de la coalición de gobierno, desaparición del catalanismo moderado e integrador, entrega del gobierno en manos de un partido antisistema... Los que discrepan invocan la culpa in vigilando: porque no se han tomado las medidas políticas necesarias ante una crisis que se ha larvado a cámara lenta y a la vista de todos; y rematan: “Sin la aquiescencia que se deriva de la pasividad no se habría alcanzado el extremo de violencia antisistema actual”. Esto es discutible.
Al margen del careo, parece claro que hay un número elevado de catalanes que aspiran a la segregación o a algo parecido. Su postura es legítima porque cualquiera puede desear una evolución de las estructuras políticas del Estado sin ser por ello acreedor de crítica alguna y porque, al ser tantos, no tiene sentido acusarles de carencia de legitimidad; su número los legitima y, además, en las modernas democracias occidentales, las necesidades y aspiraciones de las minorías deben ser también atendidas, en la medida de lo posible.
El jefe del Ejecutivo, reconfortado tras las reuniones con partidos, empresarios y sindicatos, insiste en el mantra de la prudencia y proporcionalidad –lo cual es encomiable porque destila una flema necesaria– y busca compañía estable para un consenso básico en torno a cuatro ejes: la unidad de España, la soberanía del pueblo español, la igualdad de los españoles y el respeto a la ley.
Rajoy, al que no le queda otra que respetar la Constitución, no ve la reforma como perentoria, y esta se complica por la convivencia de posturas antagónicas: unos pretenden una reforma a fondo, otros patrocinan una reforma federal –que se muestran incapaces de explicar– y algunos más estarían dispuestos a discutir una reforma sobre la base del consenso.
Si bien es cierto que nadie puede hacer lo que no es posible, reformar la Constitución para resolver sus posibles desajustes sí que parece posible. Entre norma escrita y realidad social, resulta absurdo pretender que se actúe sobre la realidad social y no sobre la norma.
Pero ¿realmente es eso suficiente? ¿Hay alguien que pueda garantizar que una reforma de la Constitución bastaría para lograr esa convergencia? Me temo que no. Se precisa acción política y liderazgo para acercar la realidad social a un gran pacto de Estado que sea válido para todos, como resultado de un consenso alcanzado por la mayoría. La reforma de la norma, por sí sola, me parece insuficiente.
Mientras tanto, la bolsa no ha parpadeado con la declaración y Rajoy, que no evidencia cansancio, anda inmerso en la gestión de la realidad última.
Luis Sánchez-Merlo