La frase de Abraham Lincoln que encabeza esta columna refleja a la perfección lo que ocurre con la Ley de Memoria Democrática que acaba de aprobar la coalición gobernante de socialistas, comunistas y terroristas.
Las mentiras que esta ley ampara no podrán tener éxito, pues además de ser una ley inconstitucional, lucha contra la memoria de muchos que saben que lo que pretende es todo mentira.
Efectivamente, esta ley no es sino un ejercicio de censura de la realidad histórica del período 1931-1983, con la vana pretensión de ganar una guerra que la izquierda perdió en los campos de batalla, y tratar de ocultar, al mismo tiempo, todos los crímenes de socialistas, anarquistas, separatistas y comunistas durante la II República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición.
Además, es un ejercicio de deslegitimación de la Transición y de lo que los comunistas y sus abducidos socialistas denominan «El Régimen del 78», en cuyos inicios, hasta 1983, y según ellos, persistió el «fascismo», cuando la realidad es que fue un ejercicio de reconciliación nacional sin precedentes, sin vencedores ni vencidos, aunque hoy esas izquierdas, al no lograr su «conquista del cielo» y la implantación de una república bolchevique, la denigren y maldigan.
El disparate de la ley comienza en su exposición de motivos, en el que se dice que:
La Constitución de 1931 ha sido un hito de nuestra historia democrática y abrió momentos esperanzadores para el conjunto de nuestra sociedad.
Cuando lo cierto es que la II República nació de un pucherazo –las elecciones municipales de 1931 en las que los partidos monárquicos perdieron en las grandes capitales, pero ganaron en el cómputo general de votos a nivel nacional– y murió por causa de otro pucherazo –el de las elecciones de 1934, ganadas por las derechas y robadas arteramente por las izquierdas–.
Irregularidades todas ellas que junto con la violencia institucionalizada entre las filas del Frente Popular, llevó a Azaña –que en puridad, y por ello, debería también ser censurado– a decir: «Franco no se levantó contra la República, sino contra la chusma que se había apoderado de ella».
En cualquier caso la ley establece claras limitaciones –inconstitucionales y contrarias a la Declaración Universal de Derechos Humanos– a los derechos de libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad ideológica y libertad de cátedra.
Así su art. 39. define como actos públicos contrarios a la memoria democrática: «Los actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial.»
Lo que quiere decir, entre otras cosas, que cualquier publicación –que en sí misma es un acto efectuado en público– no podrá explicar, con un punto de vista no marxista o republicano, los orígenes, causas y efectos de la Guerra Civil, ni los logros sociales o económicos alcanzados durante la dictadura del general Franco.
Ni se podrá contar como, entre los que la ley define como «víctimas» del franquismo hubo, en no pocos casos, asesinos despiadados –como el chequista Agapito García Atadell– que torturaron y mataron a multitud de inocentes pues ello, en puridad, les denigraría.
Por otra parte, y violando lo establecido en el artículo art. 62 letra f) de la Constitución, conforme al cual corresponde al Rey, «…conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes», el art.42.1 de esta malhadada ley, establece la supresión de títulos nobiliarios, diciendo que: «La persona titular del Ministerio competente en la gestión de los asuntos relativos a los títulos nobiliarios y grandezas de España elaborará un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra y Dictadura, y se procederá a su supresión».
Posibilidad que ha sido considerada inconstitucional por numerosos expertos consultados al efecto por diversos medios de comunicación.
Por otra parte, el presidente Sánchez se ha deleitado con la posibilidad de ordenar nuevos desenterramientos al amparo de la nueva ley, actividad con la que inició su mandato en 2020 profanando la tumba de Francisco Franco como conquista política, lo que no es más que otra demostración de la necrofilia que afecta a la izquierda.
Y en ese ejercicio de «desenterradores», el Gobierno acaba de remitir una instrucción a la Cofradía de la Macarena de Sevilla para que proceda a retirar los restos del general Queipo de Llano de su templo «a la mayor brevedad posible» y trasladarlos a otro lugar de enterramiento.
El propio Azaña, en su artículo «Quintana en la infausta remoción de sus huesos», publicado en la revista La Pluma en el año 1922, hace exactamente 100 años, con ocasión del traslado de los restos del poeta y escritor Manuel José Quintana, cambiándolos de tumba, decía:
«No hay duda, desenterrar a los muertos es pasión nacional. ¿Qué incentivos tienen para los españoles los horrores de ultratumba que no se satisface con ponderarlos a solas y ha de ir a escarbar en los cementerios a cada momento? ¿Vocación de sepultureros, realismo abyecto, necrofagia? De todo hay en esta manía. Aquí la hemos denunciado más de una vez»
En conclusión, la Ley de Memoria Democrática vulnera, claramente, nuestra Constitución de 1978 y los derechos fundamentales que en ella se reconocen.
Jesús Fernández-Miranda es abogado.