El proceso de negociación política entre ETA y el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha devuelto -tal como se preveía- a la organización terrorista a las Instituciones Vascas y Navarras. Eso es exactamente lo que ha sucedido y ésa es la inapelable realidad de los acontecimientos.
Y tanto los que se han empeñado en negar sistemáticamente que este proceso consistiera en pagar un precio político a la banda criminal como los que decían que era una exageración augurar que ETA volvería a los ayuntamientos, han quedado en total evidencia. Lo que no llego a comprender es cómo hay quien, todavía, pese a la tozuda realidad, niega la evidencia de lo sucedido. No lo comprendo, salvo que, tras su postura, lata un respaldo comprensivo hacia la autodeterminación.
Repasemos brevemente el estado de la cuestión tras los últimos acontecimientos:
Por un lado, las listas legalizadas de ETA han servido para blanquear la organización terrorista a través de unas siglas históricas del nacionalismo vasco: Acción Nacionalista Vasca (ANV). Por otro, las listas ilegalizadas de ETA le sirven simultáneamente a la organización terrorista para mantenerse y justificarse en la calle, en la lucha, en la movilización y, lo que es peor, en la amenaza de la vuelta al crimen y al asesinato. Es decir, por una parte ha vuelto al poder y, por otra, refuerza su labor de gendarme del proceso.
Esto supone pagar un precio político a ETA (se la legitima políticamente con su regreso a las instituciones) y, a la vez, reforzarla (se la legitima socialmente ante sus bases radicales). Por eso quiero afirmar que, si hubiera que realizar un balance global de todo cuanto ha sucedido a lo largo de este año, cuesta imaginar un mejor resultado para esta organización, aunque, obviamente, lejos de reconocerlo, protesten y jaleen para continuar con su estrategia hacia delante.
No es la primera vez que lo digo: la legalización de ETA y su parcial legitimación en las instituciones vascas era y es el primer hito de la negociación, una vez que los preámbulos, los prólogos y los preludios del mal llamado proceso de paz han concluido.
Por ello, es momento de diagnosticar -que no de predecir- el siguiente paso, el próximo jalón de esta larga y opaca negociación, que se dilucidará también en las inminentes elecciones municipales.
Navarra es el próximo objetivo de esta ofensiva nacionalista sin precedentes que padecemos y que Rodríguez Zapatero, en vez de hacerle frente, trata de administrar mediante su negociación. En la Comunidad Foral vuelven a converger y a coincidir la hoja de ruta de ETA y el proyecto del presidente del Gobierno. Para él, su visión de una España irreconocible en los ámbitos territorial y moral (que son los que dan cohesión a una sociedad) y su perversa e injusta segunda Transición pasan necesariamente también por una Navarra irreconocible, diametralmente opuesta de siempre y despojada de esa navarridad que la ha hecho encajar en la España constitucional.
Por su parte, para ETA el proceso de la «autodeterminación a plazos» en el que se encuentra, una vez que no pudo alcanzar la autodeterminación en el arranque y como garantía del proceso -de ahí el criminal atentado en la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas el pasado diciembre- pasa también por una Navarra en la que los nacionalistas vascos detenten el poder de las instituciones. Para el llamado movimiento de liberación nacional vasco, en sentido amplio, el objetivo de estas elecciones municipales es doble: situar a ETA en los ayuntamientos vascos y al nacionalismo vasco en las instituciones navarras. No hay que engañarse, no hay ambigüedad ni en el proyecto de Zapatero ni en el de la banda terrorista, en cuanto a la Comunidad Foral se refiere. El acuerdo entre los socialistas y los nacionalistas vascos de Nafarroa Bai y de Aralar para situarse en el futuro Gobierno de Navarra constituye un dato cierto y seguro. Dicho de otro modo, la expulsión de Unión del Pueblo Navarro del mismo es el denominador común e inequívoco de los dos protagonistas del proceso político de paz.
La diferencia entre este segundo hito -una Navarra irreconocible- respecto del primero -unos ayuntamientos en los que ETA esté presente- radica en que si el primer objetivo dependía exclusivamente del Gobierno, tal y como se acaba de demostrar, el segundo depende también de la voluntad de los navarros. La única posibilidad de evitar el fatal desenlace, que está perfectamente pactado y acordado por los negociadores, reside en que la suma de los votos obtenidos el próximo 27 de mayo por UPN y CDN dé mayoría absoluta. Que nadie se engañe: no hay otro camino.
La manifestación que convocó Miguel Sanz como presidente del Gobierno de Navarra el pasado 17 de marzo estaba, como se ha demostrado, totalmente justificada. Los navarros tienen la oportunidad histórica de hacer descarrilar el tren de este perverso proceso en un ejercicio de legítima defensa democrática. De la misma manera que la negociación política entre ETA y el PNV, que se concretó en la tregua trampa anunciada el 16 de septiembre de 1998, se quebró en las elecciones municipales del año siguiente a través del resultado alavés del constitucionalismo español y del Partido Popular, esta nueva trampa para la autodeterminación se puede y se debe quebrar con el resultado electoral de UPN.
No hace falta dramatizar artificialmente la situación política en Navarra. No es necesario exagerar nada. La enorme trascendencia del resultado electoral salta a la vista de cualquier espectador mínimamente informado y avezado. Sin esta comunidad no hay esperanza para la autodeterminación que precisa ETA, pero con ella la banda saldría definitivamente reforzada y se le devolvería la esperanza para alcanzar la autodeterminación.
He señalado en muchas ocasiones que, si en la legalización social y municipal de ETA y en la aproximación a Navarra la convergencia entre los proyectos de Zapatero y ETA ha sido y es una realidad, en la formulación del reconocimiento del derecho de autodeterminación, el acuerdo y la convergencia es y será imposible.
ETA no puede cambiar y, como organización marcadamente totalitaria que es, necesita el poder y sabe que sólo lo alcanzará sustituyendo la autonomía por la autodeterminación, esto es, sustituyendo nuestro actual marco constitucional por el derecho unilateral a la secesión. Ésa y no otra es para ETA la verdadera esencia y el objetivo último del proceso.
Por ello, me atrevo a diagnosticar que este proceso terminará explotando de un modo u otro, antes o después de las próximas elecciones generales.
Pero no es lo mismo que la causa y la iniciativa de esta ruptura radiquen en la defensa de la libertad realizada a través de la voz y el voto de los navarros y de los españoles a que sea ETA quien decida reventar el proceso, de la manera y en el momento que más le convenga, que normalmente será una vez haya alcanzado una parte más de sus objetivos y cuando más daño haga a España. O rompen los navarros o romperá ETA, porque, lamentablemente, de lo que estoy seguro es de que el único que ya no puede ni quiere romper esta negociación suicida es el Gobierno socialista.
Dando por sentado que no hay -no puede haber- formulación política de la autodeterminación en la España de hoy que proporcione satisfacción a ETA, no resulta en absoluto indiferente que la banda avance o no en este objetivo intermedio que es Navarra. Y, aunque en los próximos meses no alcanzase un acuerdo sobre el reconocimiento del derecho de autodeterminación, no se iría con las manos vacías del proceso.
La vuelta de ETA a las instituciones locales y la entrada del nacionalismo en el Gobierno de la Comunidad Foral significan tanto para ETA como para el nacionalismo vasco -en definitiva, para todos los que han protagonizado de un modo u otro esta ofensiva nacionalista que padecemos- un salto de gigante en sus aspiraciones de seguir debilitando y rompiendo la nación española.
Lamentablemente, el daño producido por este proceso negociador que devuelve a ETA a los ayuntamientos ya es, cuando menos a corto plazo, irreversible, pero el daño que significaría una Navarra gobernada por el nacionalismo vasco con la tutela de ETA multiplicaría la irreversibilidad de los daños del proceso.
ETA no necesita estar hoy en las instituciones navarras; le basta con su tutela.
En este escenario, no es una exageración afirmar que Navarra tiene ante sí la decisión política más importante para su futuro y para el futuro del conjunto de España. Representa y tiene la voz y la palabra de una gran mayoría de españoles. El devenir de la nación depende en gran medida de lo que ocurra en la Comunidad Foral. Por eso, desde el mayor de los respetos que creo haber demostrado siempre por Navarra y por sus ciudadanos, me atrevo a recordarles la enorme responsabilidad que tienen el próximo 27 de mayo. No me dirijo ni a los simpatizantes de derechas ni a los de izquierdas ni a los centristas, sino a todos cuantos, por el mismo hecho de sentirse navarros, se sienten simultánea y profundamente españoles. Me dirijo, más allá de la posición que ocupo dentro de mi partido, a todos aquéllos que quieren seguir siendo navarros.
Una vez más, unas elecciones municipales adquieren una trascendencia extraordinaria para el futuro de nuestro país. España es una gran nación y no se merece, como tampoco cualquiera de sus comunidades, que una negociación política entre el Gobierno y una organización terrorista como ETA marque su futuro.
Jaime Mayor Oreja, diputado por el PP en el Parlamento Europeo.