Hace unos días, los presidentes de Ciudadanos, Albert Rivera, y de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, firmaban la coalición para las elecciones locales, autonómicas y generales en Navarra, denominada Navarra Suma. Con respecto a este acuerdo, simplemente volveré a citar lo que escribí en EL ESPAÑOL cuando el gobierno del PP trajo el “cuponazo vasco” al Congreso de los Diputados: “De hecho, la primera falsedad es que se debatía sobre foralidad. Lo que vino al Congreso fue el cálculo del cupo y la actualización de una ley fiscal, la del Concierto Económico, que determina qué Administración fiscal de las cuatro que hay en el País Vasco recauda los correspondientes impuestos. En esencia, el cuponazo suponía disminuir el cupo, que encima es negativo, como veremos, en unos 300 millones de euros al año".
Y añadía: "Aquí no se debatía, y mucho menos se votaba, sobre el sistema de concierto económico, que implica que una Administración provincial sea la encargada de inspeccionar a una multinacional, por ejemplo. A Ciudadanos el sistema de Concierto no le parece necesariamente el mejor de los posibles, aunque lo respetamos porque lo consagró la Constitución Española -que, por cierto, el PNV no apoyó. Lo que sí es falso es que eso se hubiese debatido y votado en el Congreso.”
¿Esta postura es compatible con el acuerdo de coalición en Navarra? La respuesta es claramente sí. Esto es lo que dice al respecto el acuerdo de coalición entre Cs y UPN: “4. Así mismo, se establece por parte de los Partidos coaligados el compromiso de respetar el Régimen Foral, tal y como viene definido en la Constitución, expresión de los derechos históricos y constitucionales del antiguo Reino de Navarra. Así como a defender el marco constitucional como máxima expresión del deseo de convivencia, unión e igualdad de todos los españoles.
También acuerdan respetar el Convenio Económico como instrumento adecuado para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo del pueblo navarro. En todo caso el Convenio Económico deberá acordarse siempre mediante una negociación basada en los principios de lealtad y trasparencia y en la que siempre deberán estar presentes los principios de solidaridad e igualdad entre españoles.”
Ciudadanos respeta la Constitución, lo que incluye la Disposición Adicional 1ª que establece: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.”
Obviamente, también esperamos que los partidos constitucionalistas con los que llegamos a acuerdos respeten, por ejemplo, el artículo 138.2 de la Constitución que establece que: “2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.”
Por otra parte, el Convenio Económico es una ley estatal vigente que Ciudadanos respeta. Otra cuestión, como en el caso del concierto económico, es que el cálculo de lo que las instituciones forales tienen que pagar por los servicios que el Estado presta en estos territorios, esté correctamente calculado o no. Este importe recibe la denominación de cupo en el País Vasco y aportación en Navarra. Nuestra oposición al cuponazo se derivaba de dos cuestiones: la opacidad y que el cálculo era insolidario y absurdo. Este cálculo inexacto y opaco llevaba a la insolidaridad fiscal en España.
En consecuencia, en el acuerdo de coalición Navarra Suma, Ciudadanos ha exigido que la negociación del convenio se realice con lealtad y transparencia, que son la única garantía de que este régimen singular sea compatible con la solidaridad y la igualdad entre los españoles. Desde Ciudadanos estamos convencidos de que, si estos principios se aplican efectivamente, y también que se si aplicasen en el cálculo del cupo vasco, estaríamos más cerca de la igualdad fiscal entre los españoles que en la situación actual.
Porque, en estos momentos, los “cálculos” (si es que existen) de la aportación navarra y del cupo vasco son absolutamente opacos. Además, en el caso del cupo vasco es que resulta, en la práctica, negativo. El cupo base establecido por Rajoy en 2017 eran 1.300 millones de euros, es decir 300 millones menos que el cupo base anterior. Como los lectores saben, Ciudadanos se quedó solo presentando enmienda a la totalidad (que nunca se había presentado antes) y votando en contra. Volveríamos a hacerlo porque el cuponazo de Rajoy, que defendió en la tribuna el actual número 3 de Casado, Javier Maroto, era opaco, no se podían presentar enmiendas y era absolutamente insolidario: exactamente lo contrario de lo que hemos firmado con UPN.
Y ¿cómo estamos tan seguros de que era insolidario?: porque el País Vasco es la segunda Comunidad Autónoma en renta per cápita (después de Madrid) y por tanto el precio de los servicios que presta el Estado en Euskadi no debería ser negativo. Y según la ley de cupo que trajo el gobierno del PP al Congreso, a ese cupo de 1.300 millones de euros había que restar múltiples ajustes. El más importante es el ajuste del IVA. Este ajuste siempre sale favorable a las Haciendas Forales simplemente porque la ley del cupo establece que a lo recauden las instituciones forales se añade un porcentaje de lo recaudado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Como estamos hablando de un territorio rico e industrializado, el País Vasco, y también Navarra, sus empresas venden fuera más de lo que las empresas del resto de España venden en los territorios forales. Es decir, que, si se hiciese el mismo reparto que se realiza respecto de las demás Comunidades Autónomas para el 50% del IVA, el ajuste iría al revés.
Sin embargo, según los últimos datos disponibles, el ajuste del País Vasco de 2017 fue superior al importe del cupo. Para un cupo bruto antes de ajustes (que restan) de 1.300 millones, se devolvieron 1.674 millones por IVA. Si el cupo es negativo, el importe de los servicios que presta la Administración del Estado en el País Vasco no se paga a cargo de la Comunidad Autónoma: sueldos de jueces, aduanas, administración de la Seguridad Social… y tampoco hay contribuciones a servicios comunes como Fuerzas Armadas o Casa Real… que se pagan en parte a cargo del resto de los españoles. Si estamos hablando de la segunda comunidad más rica, y con una gran diferencia la mejor financiada, entonces estamos hablando de un cupo no solo opaco sino insolidario.
Con estos números es simplemente imposible generalizar el concierto/convenio económico a toda España, incluso obviando la cuestión del IVA. Si el País Vasco aporta 1.300 millones con el 6% del PIB de España, todas las CCAA aportarían 21.666 millones de euros, por una simple regla de tres. Pensemos que sólo en intereses de la deuda pública España paga casi 30.000 millones de euros. Por eso, el planteamiento que defienden Pablo Casado y Daniel Lacalle no ya es que sea insolidario, que lo es, es que, como tantas otras propuestas del nuevo PP, simplemente no cuadran.
Desde Ciudadanos, ante el avance de los nacionalistas del PNV y los separatistas de Bildu, que antes jaleaban los atentados de ETA, hemos decidido unir fuerzas en Navarra. Es una situación excepcional, y lo que une es la Constitución. Este acuerdo nunca lo hubiese firmado un partido que no votó la Constitución, como el PNV. Como en todo acuerdo, como en la Constitución del 78, todos hemos tenido que ceder, pero desde Ciudadanos estamos seguros de que, si esta coalición tiene éxito, la situación de los navarros mejorará y estaremos más cerca y no más lejos de la igualdad fiscal y la solidaridad entre todos los españoles.
Francisco De la Torre Díaz es responsable de fiscalidad de Ciudadanos, diputado y candidato al Congreso por Madrid.