Necesaria nueva etapa democrática

Hace algunos días se conmemoró con una ceremonia en el Congreso -no exenta de polémica por no ser invitado el Rey emérito- el aniversario de los 40 años de las primeras elecciones democráticas en nuestro país. Es indudable que España ha cambiado mucho desde el año 1977, e indudablemente el cambio ha sido para bien, como ponen de relieve todos los indicadores. Pero también parece indudable que esta etapa (que ha durado más que el franquismo incluso si contamos la Guerra Civil) está tocando a su fin. Entre otras razones por las estrictamente generacionales. En 1977 una buena parte de la población española había nacido antes de la contienda civil. Muchos podían recordarla. Lo mismo cabe decir de la posguerra. Lógicamente, y pese a la prolongación de la vida, son muy pocos los que a día de hoy pueden recordar una y otra. Y son muy mayores.

Por el contrario, la mayoría de la población adulta y joven de hoy eran niños o no habían nacido cuando empezó la Transición. Por edad, les corresponde ser los protagonistas de una nueva etapa. La aparición de los nuevos partidos en el escenario político español tiene mucho que ver con ellos. En todo caso, es poco probable que desaparezcan, como les gustaría a sus competidores, los partidos nacidos en la Transición.

A partir de esta realidad, la sociedad española tiene pendiente una tarea tan elemental como es situar a la Transición (y a la Guerra Civil) en el lugar que le corresponde, que no es otro que el de la Historia. Esta tarea es difícil -por no decir imposible- para los que la protagonizaron, especialmente si (como es el caso de muchos políticos, empresarios y líderes de opinión) siguen todavía en activo, empezando por el presidente del Gobierno. La proximidad emocional y biográfica inevitable con los acontecimientos de la Transición, vivida en su etapa de plenitud física e intelectual, les impide realizar un análisis de este tipo. También está en la raíz de una resistencia frente a cambios que, también inevitablemente, dejarán a muchos protagonistas de hoy fuera del escenario. Se trata sobre todo de hombres nacidos en las décadas de 1930 1940 y 1950 del siglo pasado que -lo que es muy humano- no quieren ceder el testigo a las siguientes generaciones, recelando de que pretendan acabar con lo que ellos consideran su gran legado.

Por eso es conveniente que tanto la labor de dejar atrás la Transición definitivamente como una etapa ya superada se realice por las generaciones que eran demasiado jóvenes para haber intervenido activamente en el proceso de desmantelamiento de la dictadura (básicamente los babyboomers españoles nacidos a partir de los años 60) y, por supuesto, para las que nacieron ya en democracia. Dado que formo parte de la primera y puedo recordar perfectamente lo que ocurrió -incluidos episodios tan traumáticos como el de la matanza de Atocha o el 23-F-, pero no tengo lazos afectivos o biográficos con los acontecimientos de entonces, me atreveré a realizar una valoración de la Transición que pienso que compartirán la mayoría de los españoles de mi edad, aunque probablemente bastante menos los más jóvenes que sólo los conocen por las historias de sus padres o sus abuelos.

A mi juicio, aquella etapa histórica tuvo éxito porque supuso una movilización colectiva de las entonces generaciones centrales de españoles, los adultos y los jóvenes nacidos después de la Guerra Civil. Lo que pretendían era una homologación no sólo política sino también económica y social con los países más avanzados de nuestro entorno, simbolizados por la Comunidad Económica Europea de aquellos años. Se llevó a cabo muy rápidamente lo que probablemente era inevitable dadas las circunstancias y, quizá por esa misma razón, algunos cimientos se pusieron demasiado deprisa y no resultaron muy sólidos. Es el caso de unas instituciones, diseñadas adecuadamente pero tempranamente colonizadas por unos partidos políticos demasiado fuertes y diseñados de arriba-abajo, de una economía que -carente de algunas fortalezas básicas- se apoyaba de manera muy relevante en sectores poco productivos o en un capitalismo que, desarrollado durante la dictadura franquista, tendía casi por defecto al clientelismo y a la connivencia entre lo público y lo privado. Lo mismo cabe decir de unas Administraciones y de un sector público (particularmente en el nivel autonómico y local) desarrollados con bastante improvisación y, en demasiadas ocasiones, sin excesiva consideración por los principios constitucionales de mérito y capacidad.

En fin, muchas debilidades que entonces no lo eran tanto -como ocurre con una casa nueva cuyos defectos de construcción no son visibles hasta que van pasando los años- pero que, en cualquier caso, no empañan el éxito notable de haber pasado de una dictadura a una democracia en un tiempo récord, sin violencia y con el consenso de una inmensa mayoría de los españoles que demostraron estar a la altura de un reto histórico que exigía dar un salto institucional y político casi en el vacío. Pero es una etapa concluida. Simbólicamente, podemos considerar que se cerró con la abdicación del Rey Juan Carlos I, uno de sus principales protagonistas y responsable -como maestro de obras- tanto del éxito de la construcción como de algunas de las goteras.

La nueva etapa política que se ha abierto en el año 2015 tiene que ser muy distinta, por la sencilla razón de que España y los españoles somos muy distintos. No sabemos qué valoración les merecerá a los españoles que hoy son muy jóvenes o todavía no han nacido. Probablemente, la harán con tanta distancia y tanta frialdad como la que hoy nos reprochan las generaciones que hicieron la Transición. En todo caso, lo que nos toca ahora es realizar los cambios institucionales, económicos y políticos que son necesarios para colocar a España entre las naciones más avanzadas del mundo. Si hace 40 años el objetivo era la Comunidad Económica Europea, ahora el objetivo es llegar a ser Dinamarca, por usar una expresión que se ha hecho famosa en la literatura institucionalista sobre el buen gobierno.

Y no parece que vaya a ser fácil. Por eso sorprende tanto la falta de debate público sobre las grandes cuestiones que están transformando radicalmente nuestra economía y nuestra sociedad y, por tanto, nuestra democracia. Cierto es que el que el partido en el Gobierno no haya acometido aún su siempre pospuesta regeneración interna y generacional -más allá de unos cuantos ajustes cosméticos- no ayuda mucho. Tampoco ayuda la debilidad general de nuestras instituciones, ni la gerontocracia todavía imperante en muchas empresas, ni la falta de meritocracia. Pero también deberíamos asumir alguna responsabilidad como ciudadanos por seguir fascinados por discusiones ideologizadas, fútiles y sobre todo cortoplacistas. Quizá porque el enfrentarse con problemas como la pérdida de la importancia del trabajo frente al capital, la precarización laboral, la concentración del poder económico en pocas y grandes multinacionales, las consecuencias de la robotización y la inteligencia artificial, los retos que plantea la prolongación de la vida, la concentración de la población en las ciudades o la creciente brecha generacional entre unos ancianos muy longevos que quieren conservar su forma de vida y unos jóvenes muy conscientes de que se les niega el acceso a las ventajas de que disfrutan sus mayores requiere un esfuerzo colectivo y generacional similar al que exigió la Transición hace 40 años. Pero no deja de ser una tarea apasionante.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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