Necesidad de garantizar la vivienda

La vivienda es una necesidad básica para las personas. Nuestro ordenamiento jurídico vigente la reconoce como un derecho fundamental al que todos deberíamos tener acceso. Para muchas familias, la pérdida de la vivienda o el no poder acceder a ella es el inicio de una situación de marginalidad social extrema que puede acabar con la desestructuración de la persona y la cronificación de su dependencia de los servicios sociales. Un viaje sin retorno. La crisis económica actual, con un fuerte componente inmobiliario en nuestro país, ha provocado en muchas familias la pérdida del piso adquirido por falta de recursos. A la pérdida de ese bien básico hay que sumar las deudas contraídas con las entidades financieras, fruto de la depreciación del valor del bien inmueble y de las condiciones hipotecarias. El derecho del banco a adjudicarse un piso por el 50% del valor de tasación, si la subasta del mismo es declarada desierta, supone una deuda inasumible de por vida para el titular de la hipoteca, que puede conducir a hacer crónica su situación de exclusión social.

Organizaciones que acogemos a personas en situación de fragilidad social y económica reivindicamos una legislación crediticia como la norteamericana en la que, con la entrega de la vivienda al banco, queda saldada la deuda. Los expertos responden que el cambio de modelo supondría el encarecimiento del tipo de interés por un mayor coste de la morosidad y la reducción del porcentaje del precio que aceptarían financiar bancos y cajas de ahorros, con lo que las posibilidades de adquirirla para muchas personas serian menores. Si bien es cierto que en el momento actual existen dificultades para muchas familias, también lo es que un porcentaje superior a la mayoría de países occidentales son propietarias de la vivienda gracias a las condiciones hipotecarias vigentes en España. Admitamos estas razones, aceptemos que no está en las manos de nuestros gobernantes cambiar el sistema económico, pero nuestra conciencia no nos permite obviar la denuncia sobre la situación de muchas personas -sencillas e inexpertas que fueron animadas por algunas de las entidades financieras a adquirir una vivienda-y nos obliga a formular ciertas propuestas, en absoluto demagógicas, convencidos de que son del todo asumibles por la Administración y el sistema económico.

Dada la excepcionalidad del momento, y que en otras ocasiones se han regulado amnistías fiscales, instamos a una amnistía por la deuda añadida a quien ya ha perdido la vivienda y proponemos que el sobrecoste bancario sea asumido por el Fondo de Reconversión Ordenada Bancaria (FROB). Esta cifra proporcionalmente irrelevante, de difícil cobro, se capitalizaría como la inmensa deuda de los promotores. Tengamos en cuenta que solo el 14% de la morosidad proviene de las familias, que estas ya han pagado parte de la deuda y que el banco se queda con el bien inmueble.

Mejoremos la gestión del parque público de viviendas. Cedamos su intermediación, cobro de alquileres, gestión de los trámites necesarios a una concesionaria de solvencia contrastada. Evitemos pisos sociales desocupados.

Liberemos suelo, incluso de forma extraordinaria, para la construcción de vivienda social. Legislemos de urgencia si el momento lo requiere. Obras sociales de cajas de ahorros y fundaciones constituidas para la construcción de vivienda social no han podido cumplir sus objetivos constructivos por falta de concesiones de suelo.

Invirtamos, si es posible, desde la Administración en la construcción de vivienda social por la urgencia de la necesidad, como lo hacemos en otras infraestructuras. Y, si no es posible, movilicemos fondos privados como se hacen concesiones para autopistas u otras infraestructuras, con pago aplazado. Estudiemos la posibilidad de que, después de unos años de cesión del inmueble, la propiedad del mismo pueda revertir en el promotor privado con una rentabilidad aceptable.

Facilitemos, desde la mediación, para evitar costes difíciles de asumir, el concurso de acreedores para situaciones familiares insostenibles, de la misma forma que el proceso es habitual para las empresas. Esta solución permitiría, a medio plazo, la reinserción social de muchas personas después de pasar por un proceso que el sistema admite como usual para las empresas.

No somos expertos en la vivienda. Las propuestas formuladas lo son desde el sentido común, respetando un sistema económico que se demuestra injusto con los más débiles e incluso el ordenamiento legal siempre relativo.

Estamos convencidos de que, con una voluntad política decidida, podemos mejorar el futuro de muchas personas ahora en situación o riesgo de exclusión social. No hacerlo porque las consecuencias no son palpables en una legislatura, porque la inseguridad ciudadana aún es asumible y no afecta a todos por igual o, sencillamente, por omisión, sería de una gravísima irresponsabilidad.

Por Jordi Roglà de Leuw, director de Cáritas.

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