¡Necesitamos una fiscalía europea ya!

El presupuesto de la Unión Europea (UE) sirve para abordar el desempleo juvenil, mejorar la infraestructura digital o apoyar la investigación científica. En la inmensa mayoría de los casos se gasta correctamente. Pero cuando los fondos de la UE acaban en los bolsillos de delincuentes, son los ciudadanos y las empresas quienes salen perdiendo, pues no pueden beneficiarse de las iniciativas de la UE. Por esta razón, las autoridades en todos los Estados miembros deben actuar juntos a la hora de combatir el fraude al dinero de los ciudadanos y recuperar este dinero cuanto antes.

En la actualidad, la UE no puede perseguir directamente la actividad delictiva contra su presupuesto. Las investigaciones y los procedimientos penales siguen estando totalmente en manos nacionales, y los esfuerzos de las autoridades nacionales destinados a combatir la delincuencia financiera contra el presupuesto de la UE varían considerablemente de un Estado miembro a otro.

¡Necesitamos una fiscalía europea ya!Por ello, cada año se corre el riesgo de perder varios cientos de millones euros del presupuesto de la UE debido al fraude, la corrupción y otros delitos. Estos delitos socavan el Estado de Derecho, erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y sustraen fondos destinados al desarrollo económico y social.

Entre los factores que contribuyen a la complejidad de las investigaciones en la UE cabe destacar las diferencias entre las normas nacionales, los fraudes "transfronterizos" que implican varias jurisdicciones y la dificultad de recoger de pruebas en el extranjero. También existen numerosos obstáculos de orden práctico como, por ejemplo, la falta de recursos o de experiencia de las autoridades para llevar a cabo investigaciones transfronterizas, algo nada inhabitual.

Se trata de un problema de dimensión europea. Necesitamos, por tanto, una respuesta europea: una Fiscalía Europea con una misión y competencias claras para investigar en todo el territorio de la UE y perseguir los delitos contra el presupuesto de la UE, que es el dinero de todos los ciudadanos. Respetando plenamente en sus investigaciones la Carta de los Derechos Fundamentales, la Fiscalía trabajará codo con codo con los servicios nacionales e incoará procedimientos ante los tribunales competentes, siempre en el pleno respeto también de los ordenamientos jurídicos nacionales. Los servicios nacionales con funciones coercitivas no serán sustituidos, sino que se verán apoyados en sus investigaciones contra el fraude.

Las ventajas son evidentes: unas investigaciones y unos procedimientos penales coherentes a escala de la UE y la puesta en común de pericia y recursos. La Fiscalía podrá intercambiar fácilmente datos y pruebas sin tener que recurrir a procedimientos de asistencia mutua largos y, a veces, engorrosos.

El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente, por abrumadora mayoría, la iniciativa de la Comisión Europea de crear una Fiscalía Europea, y están en curso en este momento las negociaciones con los Estados miembros.

Lo que necesitamos y queremos es una Fiscalía Europea que aporte un verdadero valor añadido. Para combatir eficazmente la delincuencia contra el presupuesto de la UE, la Fiscalía necesitará unas competencias de supervisión claramente definidas y deberá ser completamente independiente. Habrá de ser capaz de llevar a cabo investigaciones sin interferencias políticas. Tendrá que ser eficiente y dotarse de una estructura sencilla e inteligente. Por último, deberá cumplir las estrictas normas de la UE sobre derechos procesales de los sospechosos en los procedimientos penales.

Confiamos en que los Estados miembros estarán de acuerdo con esos objetivos, que protegen el dinero de los ciudadanos e incrementan la confianza de la gente en la UE. Hacemos pues un llamamiento a los Gobiernos nacionales para que aceleren las negociaciones y no permitan que la Fiscalía Europea quede reducida al mínimo común denominador. Queremos que los fondos de la UE sirvan para los fines para los que han sido previstos. Queremos una Fiscalía Europea que proteja efectivamente del fraude el dinero de los contribuyentes.

Kristalina Georgieva es vicepresidenta de la Comisión Europea. Vera Jourová es comisaria europea de Justicia y Monica Macovei es eurodiputada.

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